Como una historia en la cual el final había sido anunciado varias veces, terminó el trabajo de la Mesa por la Doble Vía, en la cual se discutió sobre la construcción de las vías de acceso a Valdivia, en reuniones con asistencia de representantes del gobierno regional, ministerio de Obras Públicas y miembros de diversas organizaciones sociales.

Tras cuatro sesiones, el resultado es el mismo planteado en su primera visita a la región por el subsecretario Galilea, reiterado en entrevistas por el ministro Undurraga y mencionado por la Presidenta en su intervención en el Encuentro Empresarial : las obras se harán a través del sistema de concesiones y se solicitará, 'en la medida de lo posible', que no se aplique peaje y que el costo se cargue en los otros pórticos ubicados en la Ruta 5, los cuales podrían ser reubicados. Desde la región, además, se solicitará que tenga estándar de autopista y que su ejecución sea rápida.

Sin dudas que lograr una definición sobre este tema es una noticia positiva e importante. También es lógica, considerando que Chile lleva más de 20 años solucionando sus principales problemas viales a través de las concesiones, fórmula que ha probado ser bastante efectiva. Pero, a pesar de lo anterior, surgen de inmediato las preguntas sobre por qué se demoró tanto el proceso, si finalmente se llega al mismo punto inicial y porqué se pidió participación ciudadana, si no hay un compromiso real y vinculante con evitar la instalación de peajes, que es lo que la comunidad pidió con la reunión de 32 mil firmas y luego con las intervenciones y propuestas de instituciones como Coderíos.

Lamentablemente queda la sensación de que simplemente se manejó la polémica hasta lograr un aparente aval a una decisión que ya estaba tomada desde antes y que puede ser muy buena, pero que debió plantearse más transparentemente en esos términos.

Por otra parte, cabe también responsabilidad a las autoridades del gobierno anterior, quienes abrieron la puerta para albergar una esperanza distinta, pero que aparentemente no tenía sustento. Hay ahí una brecha que puede comprenderse en las esferas políticas, pero desde la ciudadanía resulta confusa.

En el contexto universitario actual, ¿qué podemos entender realmente por lo público? Y, sobre lo mismo, ¿cómo podemos entender el perfil de una universidad pública?

Según Javier Roiz -galardonado de la cátedra Guillermo Araya (2014), otorgada por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile- para que se haya consolidado la figura del Estado hubo que contrarrestar la contingencia de la vida pública y, por tanto, perder cierto carácter público en beneficio de un estado/Estado mayor benefactor y protector. Un Estado que se apodera de la noción de lo público y la hace propia por el hecho de llegar, supuestamente, a todos los sectores de su sociedad. En este sentido, la figura de la universidad pública se asienta bajo la lógica de la definición de Estado occidental, es decir, no todo lo que es del Estado tiene y debe ser público y, desde la perspectiva opuesta, no todo lo público tiene que ser irrestrictamente del Estado.

Podemos indicar, por ejemplo, que hay universidades públicas que no pertenecen pero que sí responden a la figura patriarcal del Estado. No siempre el carácter de Estado le da la garantía de lo público a una universidad y, por ende, podemos encontrar universidades que no son directamente del Estado y que sí son públicas. La Universidad Austral de Chile surge en Valdivia cuando la educación superior del Estado no llegaba hasta esta ciudad, y como respuesta a una necesidad pública de desarrollo de la zona sur. Su historia no ha hecho más que reforzar este carácter público.

Se reconoce a la UACh, en sus 60 años de vida, como una universidad pública, con carácter público y con presencia pública en todo el país y, principalmente, en la zona sur. Así lo delineó claramente el rector Dr. Óscar Galindo, al sostener en el discurso de la solemne ceremonia de aniversario que esta corporación sin fines de lucro tiene una impronta hacia la innovación tecnológica y la formación integral con vocación autónoma y descentralizada: 'Una universidad para servir a la sociedad y no a sus propios fines'. Palabras que, sin duda alguna, dejan en claro el carácter público y no en esencia estatal de la UACh y de sus más de cuarenta mil egresados que hacen que esta impronta se disemine 'públicamente' en algunos rincones del mundo y en todas las regiones del país.

En conclusión, lo público no tiene por qué ser patrimonio del Estado ni de nadie en particular. Lo púbico se va generando conforme vamos modelando nuestras sociedades. La UACh es un ejemplo más de ello.