Editorial
Si no se clarifican algunas situaciones, es probable que 4 mil jóvenes de planteles privados queden fuera de la gratuidad. Si consideramos que en Los Ríos hay 21 mil universitarios, las decisiones que se tomen en torno al problema, tendrán amplias repercusiones...
Beneficios para
estudiantes
La ministra Adriana Del Piano ha sido clara en que la reforma a la Educación Superior será presentada a fin de año y que el ítem referido a la gratuidad ingresará en septiembre al Congreso, como parte de la glosa presupuestaria. Este escenario permite clarificar los plazos del plan gubernamental, pero no despeja las múltiples dudas que existen al respecto en las universidades que no pertenecen al Consejo de Rectores (Cruch).
En nuestra región las universidades Santo Tomás, San Sebastián e Inacap se encuentran en esa situación y sus rectores han calculado que son más de cuatro mil los jóvenes que estudian en sus planteles que no podrán recibir el apoyo estatal planteado, si persiste la actual incertidumbre que ellos dicen percibir en torno al tema.
La razón por la cual los alumnos de esos planteles privados no podrían postular al beneficio en la zona, es que las universidades no cumplen con las condiciones propuestas por el gobierno en cuanto a acreditación, participación en el gobierno universitario y no estar ligadas a organizaciones comerciales con fines de lucro. Según los rectores (Diario Austral, 25 de agosto) el objetivo es cumplir con esos criterios, sin embrago algunos de ellos serían arbitrarios, como hacer exigible la acreditación solo a entidades privadas y poco precisos, como la triestamentalidad.
Lo anterior se traduce en problemas que incluso tienen connotaciones políticas y, desde la mirada del observador externo, sin poner en el centro las necesidades de los jóvenes y sin hacerse cargo de que los estudiantes más pobres están en los planteles privados de educación, debido a la selección de los del Cruch.
Sin duda se trata de una discusión de largo aliento y serán los parlamentarios de la zona quienes deberán asumirla desde el próximo mes, junto a sus pares en el Congreso. Es de esperar que ellos recojan algunas de estas inquietudes, pues si consideramos que el total de universitarios en Los Ríos es de 21 mil estudiantes, claramente se aprecian las repercusiones locales que tendrán las decisiones que se tomen en torno al problema, en Santiago y Valparaíso.