Pasadas ya las elecciones, el Congreso debe avanzar en varios proyectos de ley considerados como emblemáticos para el gobierno actual y que se encuentran en trámite. Uno de ellos es la reforma a la Educación Superior, que es particularmente importante para la región de Los Ríos, pues podría definir el futuro de la Universidad Austral de Chile.
Esa norma se encuentra en la Comisión de Educación del Senado y debiera ser despachada antes del 31 de enero de 2018; sin embargo todavía no está clara en ella la figura con la cual quedarán las universidades no estatales del Consejo de Rectores, ni en particular qué sucederá con la Uach, la Universidad de Concepción y la Universidad Técnica Federico Santa María, que son planteles tradicionales y públicos, pero creados como corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro.
Para esas casas de estudio no regirían los mismos derechos ni vínculos con el Estado en materia de financiamiento y aplicación de beneficios estudiantiles, que existirán para las universidades estatales. Es más, para optar a un trato similar se verían obligadas a cambiar sus actuales estructuras, su institucionalidad y la forma de gobierno interna. Es decir, perderían de algún modo su actual autonomía.
La situación es compleja para la Universidad Austral, cuya historia de 63 años de labor en la zona sur, avala su vocación pública y carácter autónomo para fijar sus proyectos de desarrollo y su sello de formación académica. Un cambio en eso afectaría su esencia ciudadana (de hecho debiera considerar representación estatal en su directorio), pero su resistencia a ello, en el caso de que la ley se mantenga igual, dañaría seriamente su capacidad de trabajo y de atención de alumnos de diferentes condiciones socioeconómicas.
El tema es delicado y desde la Universidad, el directorio no descarta recurrir al Tribunal Constitucional si se hace necesario, pero resultaría muy triste ver a una institución de tanto prestigio enfrentada a un trance así. Por lo mismo, sin dudas, resulta necesario que los parlamentarios locales puedan colaborar para que este problema se enfrente pronto y de la mejor forma en el Congreso.