Por los próximos tres años, el Centro de Humedales Río Cruces (Cehum) de la Universidad Austral de Chile será parte del equipo que trabajará con autoridades, profesionales y comunidad aledaña al humedal en la investigación y control de dos especies invasoras que están provocando daño no solo ambiental sino que también a las actividades productivas del sector.

Se trata de la chaqueta amarilla y el visón, que junto al pino -que será abordado desde la Universidad de Concepción- son las tres especies incluidas en el Proyecto "Manejo adaptativo para optimizar el control a largo plazo de las especies invasoras que afectan la biodiversidad y la economía rural", recientemente adjudicado para Chile por el prestigioso Fondo Newton del Reino Unido. A nuestro país se suman también Argentina y Brasil, quienes trabajarán con otras especies.

Pérsida Angulo Yáñez

El Concejo Municipal de Valdivia resolvió ayer postergar la votación de la nueva ordenanza local de humedales, elaborada tras el rechazo de Contraloría al primer documento presentado por el municipio y algunas organizaciones ciudadanas.

La decisión surgió debido a que las organizaciones sociales que trabajaron en la elaboración de la primera ordenanza, ejercieran presión para que se votara en contra del proyecto, porque manifestaron su público rechazo a algunos de los puntos contenidos en ella.

Según indicó el concejal Pedro Muñoz "las mismas organizaciones ejercieron presión dado que el proyecto que se traía en reemplazo de la anterior ordenanza dejaba en muy mal pie las capacidades y facultades de actuar a la municipalidad de Valdivia".

Según explicó Alberto Tacón, miembro de la Red Ciudadana de Humedales, "la nueva ordenanza municipal, elaborada por el Departamento de Medio Ambiente del municipio de Valdivia, dejaba fuera cinco ejes fundamentales para las organizaciones sociales. No incluía participación ciudadana en la mesa técnica, no considera tampoco a todos los humedales como colectores primarios, no especifica cuáles son los humedales protegidos y por último, no hay límites ni catastro general de los humedales".

A su juicio "los cambios que incorporó la municipalidad, fueron en ámbitos que ni siquiera fueron nombrados por Contraloría, siendo cambios totalmente arbitrarios respecto de la participación ciudadana en la mesa técnica y hay varios que modifican el espíritu principal de la ordenanza".

Enrique Cruces, también integrante la Red Ciudadana por los Humedales, indicó por su parte que "se está limitando la participación ciudadana, en la mesa técnica y no es algo que solicitara la Contraloría, es innecesario, esta nueva ordenanza protege menos, hay menos participación y menos compromiso".

Contraloría

Cabe recordar que la Contraloría General de la República, tras revisar el primer documento, estimó que la ordenanza sobre la Protección de Humedales debía ser modificada en varios puntos. Lo principal en torno a que los cuerpos normativos del documento, debían versar sobre las materias que se refieran a funciones propiamente municipales, es decir, dentro de las atribuciones de los municipios se encuentran sólo la administración de bienes municipales y nacionales de uso público, no privados. Además, la inexistencia de una norma legal respecto a las prohibiciones y limitaciones de los humedales, podría vulnerar el ordenamiento vigente.

Tomando en cuenta este dictamen, la concejala Cecilia Agüero (DC), indicó que "como municipalidad no podemos intervenir en los terrenos privados. Hay que hacer una modificación a partir de lo que Contraloría observó, pero quedaría un instrumento que no va a favorecer la protección de los humedales".

"En lo administrativo, lo que haremos desde el municipio es pedir una prorroga a Contraloría, para poder realizar la corrección del documento, nuevamente junto con las organizaciones sociales, por lo que la votación de la ordenanza se pospone por dos semanas más", puntualizó.

Con 7 millones 700 mil pesos (60 UTM) multó la seremía del Trabajo de Los Ríos a la empresa encargada de la recolección de residuos domiciliarios en Panguipulli.

Lo anterior derivó de una investigación encargada por el seremi de la cartera, Feda Simic, quien recibió una denuncia en torno a que la tarea de recolección de basuras se cumplía con un camión tolva, en cuya carrocería sin barandas de protección, los trabajadores operaban en altura en contacto directo con los residuos.

Durante la fiscalización se constó que efectivamente los trabajadores no contaban con elementos de protección personal, no se había cumplido con capacitarlos sobre los riesgos de la actividad laboral (derecho a saber) ni existía un reglamento interno, obligatorio para estas empresas.

"El hecho fue grave e ilegal, y no lo vamos a tolerar, ya que se colocó en riesgo la vida y salud de los trabajadores, utilizando un vehículo no apropiado ni menos autorizado para esa función, responsabilidad que le cabe al municipio, propietario de los camiones basureros que se colocan a disposición de la empresa contratista" explicó el seremi Simic.

La entidad fiscalizadora reunió con los trabajadores para informar la medida.