El director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile, Egon Montecinos, participó en una reunión convocada por los jefes de las bancadas regionalistas del Senado y de la Cámara de Diputados, Alejandro Guillier y Rodrigo González, en la ex sede del Congreso Nacional, en Santiago. Ahí, junto a representantes de centros de estudios y de otras organizaciones similares, se refirió al proceso de descentralización que actualmente se está preparando en el país.

Montecinos presentó propuestas para modificar las leyes de elección popular de gobernadores regionales y de fortalecimiento de la regionalización. Argumentó que algunos de sus aspectos podrían generar que quienes ejerzan los nuevos cargos -de gobernador regional elegido en forma democrática- y de delegado presidencial -designado por el Ejecutivo- en vez de colaborar y cooperar, compitan.

Según Montecinos, esto sería perjudicial para el desarrollo de los territorios. "En concreto, ambas autoridades convivirán en la misma unidad administrativa, que es la región, y gozarán de atribuciones y competencias similares en la coordinación y gestión. Esta situación en sí misma no sería negativa de contar con mecanismos que garanticen una adecuada convivencia y claridad con respecto a quién hace qué, cómo, cuándo y con qué herramientas. Ahora no existe tal claridad", expresó.

las modificaciones

Montecinos dijo que actualmente una de las funciones del gobernador regional es "coordinar, supervigilar o fiscalizar a los servicios públicos que dependan o se relacionen con el Gobierno Regional respectivo".

Mientras que para el delegado presidencial es "ejercer la coordinación, fiscalización o supervigilancia de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa, que operen en la región y que dependan o se relaciones con el Presidente de la República a través de un ministerio".

Ante esto, expresó: "Este artículo es peligroso. ¿En qué terreno quedan los seremis? ¿Un gobernador regional podrá llamarlos a gabinete? El artículo, cómo está redactado, es confuso. Esa función la tiene en forma explícita el delegado presidencial, pero también se podría interpretar que -al estar los seremis relacionados con el Gobierno Regional- su coordinación también pudiera ser ejercida por el gobernador regional. El artículo, tal como está, produciría pugnas y llama al conflicto en términos de relaciones intergubernamentales".

Por esto, el Cer-Uach propone dos alternativas. Una es modificar el artículo para que el gobernador regional solo tenga facultades sobre los servicios públicos que dependan del Gobierno Regional, es decir, los jefes de División, dejando fuera a los seremis.

La segunda propuesta indica un cambio que explicite que el gobernador regional, en coordinación con el delegado presidencial, pueda convocar a los servicios públicos desconcentrados a un mínimo de cuatro gabinetes regionales anuales -seremis y directores de servicios- para tratar problemas de gestión regional y contribución sectorial al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Regional de Desarrollo.

"Eso es mucho más específico y evitará que los gobernadores regionales acudan a Contraloría para pedir aclaraciones", dijo.

La segunda modificación está relacionada con la función del delegado presidencial, que dice que éste debe hacer presente a la autoridad administrativa competente del nivel central, con la debida oportunidad, las necesidades de la región. "Esta función hoy la cumple el intendente, pero se la dejan al delegado. El gobernador también la podrá hacer, pero sin autoridad administrativa con los seremis. Ante esto, si un delegado le quiere hacer la vida a cuadritos a un gobernador, lo podría hacer", dijo.

Por lo tanto, porponen que el delegado presidencial pueda hacer presente a la autoridad administrativa competente del nivel central las necesidades de la región, con la debida oportunidad, pero en coordinación y en conjunto con el gobernador regional.

Coordinación política

En tanto que la tercera modificación está relacionada con agregar un artículo que garantice un espacio de coordinación política que asegure coherencia y cooperación en materia de gestión regional. El artículo obligaría a que todo Gobierno Regional, a través de su Consejo cree una "Comisión de Coordinación Política Regional" que esté integrada por el gobernador regional, el delegado presidencial y los conserejos regionales de gobierno y oposición, con el objetivo de evitar el conflicto político y de que se monitoree el avance.

Para Montecinos es importante que las elecciones de gobernador regional sean realizadas el próximo año.

"Esto es mucho más específico y evitará que los gobernadores regionales acudan a Contraloría para pedir aclaraciones".

Egon Montecinos Director Cer-Uach