Agencias

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, señaló en el Departamento de Justicia que limitará la forma en que los funcionarios de inteligencia, específicamente de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), tienen acceso a los registros telefónicos de cientos de millones de personas en su país y que más adelante sacará la recolección de esta información de manos del gobierno.

En ese sentido, su promesa de poner fin a que el gobierno almacene la información sobre las llamadas telefónicas de los ciudadanos del país, y la exigencia de una revisión judicial para estudiar esa información, fue recibida con escepticismo por defensores de la privacidad y algunos legisladores.

Precisamente a los integrantes del Congreso estadounidense, fue el llamado que hicieron los demócratas el día de ayer, para discutir y aprobar la iniciativa impulsada por Obama.

"Alentamos a la Casa Blanca a que envíe al Congreso proyectos de ley con los cambios propuestos por el presidente para debatirlos debidamente", dijo la senadora Dianne Feinstein, demócrata por California.

"Es hora de que el Congreso dé el siguiente paso aprobando una ley que limite debidamente estos programas", señaló también el representante Bobby Scott, demócrata por Virginia y miembro de la Comisión Judicial de la Cámara.

Por otro lado, el presidente Obama reconoció que estaba indeciso entre cómo proteger el derecho a la privacidad y cómo proteger a Estados Unidos de ataques terroristas, que según los funcionarios es el principal propósito de los programas de espionaje. "El reto es afinar bien los detalles, y eso no es sencillo", admitió el viernes, Obama.

El presidente norteamericano además señaló que sus propuestas "deben dar al pueblo estadounidense una mayor confianza en que sus derechos están protegidos mientras las organizaciones de inteligencia y policiales cuentan con las herramientas que necesitan para protegernos".

Finalmente, Obama reconoció que queda más por hacer, pero dejó los detalles de los cambio en manos del Congreso estadounidense.

Cabe señalar que el programa actual, autorizado a tenor con la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, permite al gobierno federal leer o escuchar los mensajes y conversaciones telefónicas en el extranjero mientras que no sean de ciudadanos estadounidenses.