Juan vargas Oñate

Tres años desaparecido cumplirá mañana el obrero de una pesquera en Niebla, Alvaro Arriaza Andrade, de 49 años, cuyo paradero sigue constituyendo un enigma de dolor y desesperación para su familia en Corral, en especial para su madre Berta y su hermana Adelaida.

Ambas mujeres dijeron que siguen esperanzadas en que "algún día sabremos qué pasó con él, porque no tenía razón para querer desaparecer así, dejándonos con tristeza, porque no sabemos en todo este tiempo (tres años) si está vivo o muerto", dijeron.

Arriaza era soltero, aunque convivió por casi una década con una mujer, sin tener hijos. Según su propia hermana, posterior a su desaparición, comprobaron que él -sin decir nada a nadie- consumía antidepresivos.

Como su cuerpo no ha sido encontrado, se ahonda mucho más el dolor en la familia y no descartan hipótesis de suicidio o asesinato.

En la Fiscalía Regional se informó ayer que el 20 de septiembre de 2012 la causa quedó para "no perseverar", pero siempre en situación de ser reabierta, en caso de que alguien aporte algún antecedente.

La denuncia por "presunta desgracia" ingresó a la Fiscalía el 14 de febrero de 2011, luego que el trabajador desapareciera el 23 de enero de ese mismo año, un día que Berta, su madre, recuerda como si fuera hoy, emocionándose porque su hijo entonces, le dijo que salía, acariciando su espalda y despidiéndose de ella.

El hombre estaba de vacaciones el día en que desapareció. En la Fiscalía señalaron que las diligencias de búsqueda fueron encargadas a la Brigada de Homicidios de la PDI, pero que no prosperaron, porque a tres años de su desaparición, siguen sin saber qué pasó.

El dolor de la familia Arriaza, es el mismo que hoy embarga a las familias del escolar Yordan Fernández, desaparecido en La Unión en 1997; a la de Oscar Seguel Vera (78), sin aparecer desde 2003; el estudiante de la UACH, Carlos Millán, el 2005; Vicente Barrientos Salinas (82), el 2005; Remigio Cañio Carimán (87), en 2011; Reinaldo Gajardo Raín, pescador que desapareció con su bote en 2008; entre otros casos en la región.

La Brigada Antinarcóticos de la PDI, estuvo a 4 personas, una de las cuales tenía órdenes pendientes por hurto y drogas, en un operativo realizado en la villa "Jardines de Don Cristóbal" .

En el lugar, se efectuaba una transacción de droga, incautándose un 1 kilo de marihuana. Posteriormente, en una revisión al domicilio de uno de los detenidos, se encontró en su interior un sistema de cultivo "indoor", hallándose 4 plantas de marihuana de 70 centímetros de altura y 80 gramos de cocaína, una balanza, una licuadora y 30 mil pesos dinero en efectivo.

Los detenidos -todos de Valdivia- resultaron ser C.A.R.A (31) reponedor de supermercado; J.A.F.M., (24) sin oficio; F.M.L.B., (25), panadero y L.A.F.R., (24) sin oficio, quien registraba dos órdenes pendientes por hurto y consumo de drogas, además de antecedentes por hurto.

La fiscal Patricia Ibarra dispuso que sólo 3 de los detenidos pasaran a control de detención en el Juzgado de Garantía de Valdivia, en tanto un cuarto quedó en libertad, citado a la Fiscalía.

También en operativos simultáneos la Brigada Antinarcóticos detuvo a dos personas por el cultivo de otras 4 plantas de marihuana con una altura entre los 15 y los 70 centímetros , deteniendo a A.E.C.B. (20).

Y en Lanco, detuvo a R.L.F.L., (22) por el mismo delito, con 2 plantas de marihuana en un invernadero con altura de 2,50 y 0,60 mts., además de 13,69 gramos de cannabis ya cosechada.

Una denuncia ante la Fiscalía presentó ayer el Jefe del Departamento Jurídico de la Seremi de Salud de Los Ríos, abogado Marcelo Oettinger, en relación a una supuesta obtención fraudulenta de prestaciones estatales.

El abogado precisó que "se trata de una mujer que presentó un contrato supuestamente falso, el que le permitió cobrar subvenciones referente a licencias médicas comunes y licencias de pre y postnatal, por un monto aproximado de más de 5 millones y medio de pesos".

Agregó que "nosotros lo que hicimos hoy (ayer) es poner estos antecedentes en conocimiento de la fiscalía, referentes a un eventual contrato con falsedad ideológica a lo menos, y los otros antecedentes que tenemos referentes a las subvenciones, y al pago y cobro efectivo de estas por parte de la implicada".

Con esta denuncia -dijo- "se busca cumplir con lo que señala el estatuto administrativo, en cuanto a que se ha tomado conocimiento de hechos que podrían ser un delito penal, en este caso obtención fraudulenta de prestaciones estatales o algún otro delito de estafa o lo que estime la fiscalía o el tribunal, por lo que, como funcionarios públicos, debemos denunciarlo de la forma indicada por la ley".