Aunque el tema se toca con mucha delicadeza para evitar situaciones que más tarde podrían ser utilizadas en contra de quien se atreva a dar una fecha probable, la inauguración del puente Cau Cau se acerca inexorablemente y más temprano que tarde habrá corte de cinta y puesta en marcha de una de las obras más aguardadas por la comunidad regional.

Los percances que han acompañado la construcción de la estructura aconsejan tener cautela antes de atreverse a formular algún anuncio al respecto, pero lo cierto es que va a llegar, para felicidad de los usuarios y para orgullo de la comunidad que va a contar con un punto de características únicas en el país.

De hecho, ya están en servicio varios componentes del entorno que se integrarán como parte del complejo, es decir, calles de acceso y salida del puente, señales de tránsito y lo necesario para que la llegada del cruce entre Las Ánimas e Isla Teja se produzca en condiciones acorde con el monto de la inversión realizada.

Sin embargo, hay razones para pensar que junto con los beneficios que va a aportar la vía levadiza van a caer algunos problemas, si es que no se completa la construcción y habilitación de todo el sistema callejero para dar a Valdivia lo que necesita en un sector cada vez más importante y utilizado.

Por ejemplo, ya es posible observar que la avenida Los Robles se ve saturada con creciente frecuencia y que en su encuentro con las vías que apuntan hacia el Cau Cau y hacia la costa hace falta algo más adecuado que una rotonda diseñada cuando el tráfico era mucho menor.

Y sobre todo hace falta que se tome una decisión acerca de la alternativa o complemento para el puente Pedro de Valdivia, cuya situación ya está convertida en un dolor de cabeza cada vez mayor para quienes lo utilizan y que seguramente se va a ver severamente agravada cuando el levadizo ofrezca aún más interés por transitar por el área y el número de vehículos crezca de manera sin considerable, pero con poca respuesta en infraestructura.

En su cuenta pública ante la nación, la Presidenta de la República ha delineado las prioridades de su Gobierno. La agenda incluye varias reformas que nuestra sociedad requiere con urgencia, fundamentalmente aquellas que promueven una mayor equidad y justicia social. Otras iniciativas, en cambio, nos parecen preocupantes.

Desde la Iglesia Católica ofrecemos nuestro pleno apoyo a las iniciativas que ayuden a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y fraterna, y a las propuestas que expresen una clara preocupación por los pobres y excluidos. La reforma tributaria y la reforma educativa se han presentado como inspiradas en estos objetivos.

Mejorar sustantivamente la calidad en la educación, superando las injustas brechas y discriminaciones, es una meta a la que adherimos. Solo pedimos que se cautele el derecho de los padres a poder elegir la educación que quieren para sus hijos, a través de proyectos educativos variados, y que los cambios no signifiquen nuevas discriminaciones.

Respecto de la propuesta de despenalizar el aborto en ciertos casos límite, la Iglesia seguirá promoviendo el valor de la vida humana, con la misma fuerza con que lo ha hecho en el pasado. Tenemos derecho a una vida digna: a nacer, a crecer y vivir en condiciones humanizantes, y a morir en forma natural. No nos oponemos al debate en el contexto democrático. Pero contribuimos a él advirtiendo que introducir el aborto, sea cual sea la causa que la sustente, nos parece un golpe al 'alma de Chile'.

Estos y otros temas de gran relevancia no son asuntos de fácil despacho. Como hemos dicho recientemente los obispos, nuestro firme interés es que estos temas 'sean convenientemente debatidos, con una gran capacidad de escucha, y con el tiempo necesario para un auténtico diálogo con todas las instancias necesarias'.

El diálogo, cuando se emplea con el propósito de enriquecer la mirada con el aporte de otros, es capaz de construir acuerdos representativos. No le hace bien al país tratar asuntos tan gravitantes con una urgencia tan desesperada que impida un diálogo de calidad, como el que ha solicitado la Presidenta de la República.