La ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Claudia Pascual, respondió al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, diciendo que 'nadie puede restarse de las leyes', a raíz de la oposición del directivo de esa casa de estudios a aplicar hipotéticas terapias abortivas en la red de salud de ese plantel, en caso que se apruebe una legislación en ese sentido.

La polémica surgió una vez que el Gobierno hizo público que enviará un proyecto para despenalizar ese procedimiento en casos de riesgo vital para la madre, inviabilidad del feto y violación.

'Nadie en Chile puede restarse de las leyes', dijo la secretaria de Estado en una actividad en la comuna de La Granja. La ministra Pascual agregó que espera que el debate de este proyecto 'sea un debate maduro, tal cual nos ha pedido la Presidenta'.

La secretaria de Estado precisó que el intercambio de opiniones debe ser 'con información, y que por supuesto , mientras estemos en periodo de debates y de diálogo cada uno pueda dar su opinión de manera como la estime'.

Sánchez dijo el viernes al canal 24 Horas que 'antes de las leyes están las convicciones más profundas de respeto a la vida'. 'En nuestra universidad, mientras yo sea rector esto no se va a aplicar, aunque la ley lo mande', afirmó.

'Soy representante legal (de la PUC) e iré al tribunal a explicar por qué no lo voy a hacer o no voy a avalar que esto se haga', agregó.

El Colegio de Matronas y Matrones de Chile pidió ayer que se debata 'en serio' el aborto y que no se cierre la discusión sobre su aplicación a sólo tres causales, como lo planteó la Presidenta Michelle Bachelet en su mensaje del 21 de Mayo. El gremio valoró que exista voluntad política del Gobierno en legislar sobre esta materia.

'Valoramos que este tema esté hoy en el debate público, apoyamos las tres causales, pero debemos asumir que se producen 17 mil abortos al año en el sector público y esa es una realidad que debe hacer un profundo análisis de las determinantes sociales que llevaron a las mujeres a tomar una decisión de interrupción', explicó la presidenta del colegio, Anita Román.

'Sin duda que es prioritario que se legisle frente a inviabilidad fetal, violación y riesgo de la madre, pero esto es sólo la punta del iceberg, pues se deja fuera a miles de mujeres que hoy están totalmente decididas, por las causales que sean, a interrumpir su embarazo y el Estado debe hacerse cargo de esa situación', dijo Román.

La dirigente pidió 'que debatamos en serio el tema del aborto, que veamos las condicionantes sociales que motivan el aborto, que veamos cómo hacernos cargo de la vulnerabilidad en que queda una paciente tras abortar y también que enfrentemos ese mercado negro que lucra con el drama de esas mujeres'.

Marisela Santibáñez, representante del Partido Progresista y ex candidata a diputado de esa colectividad, destacó el anuncio presidencial del 21 de mayo y señaló que es necesario que haya un debate amplio sobre el aborto, 'sobre todo considerando que quienes pueden acceder a practicarse uno son sólo aquellas que tienen los recursos económicos para salir de Chile, mientras que se condena al resto a acudir a prácticas inseguras que ponen en riesgo su vida'.

'Mientras yo sea rector esto no se va a aplicar, aunque la ley lo mande'.