Hace exactamente diez años, el entonces intendente de la región de Los Lagos Patricio Vallespin (hoy diputado), anunció el término de los campamentos de la ciudad de Valdivia. Lo hizo en medio de una visita a la zona, afectada por temporales, que habían dejado al descubierto una cruda realidad de pobreza local. Dijo que habría una inversión de 4 mil 400 millones de pesos, para solucionar en un plazo de 2 años el problema de 600 familias y que se haría a través del Programa Chile Barrio del ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Hace cuatro años, en 2012, el entonces delegado presidencial, Felipe Kast, realizó en Valdivia un anuncio similar: en dos años se cerrarían completamente los campamentos locales a través de un Plan Integral, que no solo solucionaría el problema en Los Ríos, sino para 27 mil familias en todo Chile.

Ninguno de esos anuncios se cumplió. Ni las palabras de Vallespín, ni las de Kast resultaron ciertas y hoy la región enfrenta una realidad más o menos similar a la de una década atrás, con 18 asentamientos precarios identificados y otros cinco emergentes en distintos sectores. En total, casi mil 200 familias, que viven en casas sin servicios básicos y en pobreza extrema.

¿Qué ha pasado en este tiempo, dónde han estado las trabas y los problemas que no permiten salir de esta situación tan compleja?

Trámites oficiales no realizados o efectuados con errores; cálculos de costos equivocados; falta de terrenos y compra de ellos en lugares inadecuados (Collico); intervención de Egis que no completaron su labor. Todas esas han sido las razones esbozadas por las autoridades cuando se pregunta públicamente por el tema o cuando éste vuelve a la agenda por la protesta de los vecinos, cansados de organizarse y esperar una solución.

Sin duda se trata de causas atendibles desde la lógica burocrática, pero que se tornan incomprensibles para las personas normales, ajenas a las conveniencias o fuerzas políticas que mueven las decisiones.

Lamentablemente, aquí hay una prueba más de los años y los gobiernos pasan, pero los problemas quedan.

El derecho de todo imputado a que se le presuma inocente mientras no se demuestre lo contrario por una sentencia inamovible, suficientemente fundada y resultado de un juicio justo, tiene sendas implicancias durante el desarrollo del proceso penal.

Por cierto, al inocente se le debe tratar como tal y a los inocentes no se les mete a la cárcel o, al menos, eso pretendemos. De ahí que privar de libertad a una persona o restringírsela mientras no se dicta sentencia afirme de condena, debiera ser la excepción.

Si bien aquella regla tiene excepciones fundadas en la necesidad de asegurar la presencia del imputado en los actos del procedimiento (peligro de fuga), a la que se agregan motivos que no son pacíficamente aceptados, como la seguridad del ofendido y de la sociedad (peligro de reiteración), lo esperable de ordinario es que el imputado goce de plena libertad mientras se desarrolla el proceso seguido en su contra.

Lo preocupante es que las estadísticas demuestran que en nuestro país lo que debe ser excepcional, supera con creces lo que debiera ser regular y, entonces, la regla general pasa a ser una rareza.

Las privaciones y restricciones a la libertad tuvieron en el año 2013, una tasa de ocurrencia de casi un 60% por ciento, mientras que el porcentaje de condena fue del 25.8%, de modo que el 43% de los imputados sufrieron privación o restricción a su libertad durante el proceso. Sin embargo, su causa terminó sin condena.

Aquello debe llevarnos a una profunda reflexión acerca de cómo estamos manejando la libertad de las personas sometidas a proceso penal y explicar por qué no estamos respetando la tan necesaria presunción de inocencia.

El gran penalista Claus Roxin, muy acertadamente, señala que el derecho penal es el sismógrafo de la democracia de un país, de manera tal que el nivel de reconocimiento por parte del Estado de derechos y garantías es un criterio para medir el carácter autoritario o liberal de una sociedad.