Lo que se plantea en esta columna, se relaciona con el camino que pueden tomar las empresas para ampliar sus objetivos, apuntando primero a ser socialmente responsables en su accionar con su entorno y además contribuir con mejorar las condiciones económicas y sociales del territorio en que se encuentran insertas.

Lo importante es asegurar la existencia de un convencimiento real y espontáneo, de la entidad que decide implementar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), porque si solamente establece por cumplir y realizar un mero marketing social estaría apuntando a mostrar solamente acciones filantrópicas esporádicas, que desvirtuarían el camino hacia el verdadero espíritu de la RSE, esto se quiere decir que una empresa que desee ser socialmente responsable, debe abarcar mucho más que esas acciones, pues considera una estrategia caracterizada por ser medible, perfectible y permanente en el tiempo.

Para que exista una verdadera intención de contribuir al desarrollo económico y social del país, y más específico de un gobierno local, es necesario establecer puntos encuentro entre gobiernos locales y empresas inmersas en un territorio en particular.

Por tal motivo, se consideran válidas las acciones destinadas a un proceso de comunicación recíproca, donde interese por ejemplo a la empresa conocer los instrumentos de planificación territorial establecidos, que tengan como fundamento conectar a las empresas, para ver la manera en que pueden ser un aporte real al desarrollo de su localidad.

Por su parte, al gobierno local le interesa que una empresa por ejemplo pueda desarrollar tecnologías destinadas a realizar infraestructura para mejorar el desplazamiento de personas con capacidades diferentes y con eso estaría aportando a implementar específicamente una política pública.

Para que aquello suceda, se necesitan muchas más alianzas virtuosas, que faciliten el camino hacia la búsqueda del éxito empresarial por un lado, dándole un valor agregado dimensionado con el posicionamiento de la empresa en un ambiente responsable, que al final del día, sirve para aportar a su localidad, a su región y finalmente a su país.

Guido Asencio Gallardo Núcleo de Investigación Desafíos Regionales U.Los Lagos

Una muy mala señal sobre la rigurosidad del trabajo parlamentario en algunos temas y sobre la constante vigilancia que se debe tener sobre el derecho de la comunidad a la información, es la aprobación sin discusiones de una nueva norma que restringe la entrega de resultados obtenidos por los colegios en el Simce, limitándolo solo a conglomerados de datos nacionales, regionales y comunales, pero no individuales.

Quien lo propuso fue el senador PS Carlos Montes y pasó sin revisión entre los múltiples ítems de la Ley de Presupuesto 2015. Cuando apareció la noticia en la prensa muchos senadores y diputados dijeron que no lo habían visto y otros, que apelarán al Tribunal Constitucional una vez que esté aprobado todo el trámite, porque ya no se puede frenar.

La disposición apunta a evitar que se estructuren ránkings de colegios y el espíritu atrás sería impedir que el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación sea un fin en sí mismo y no una herramienta de superación. Es decir, evitar que las escuelas -por temor a evidenciar ineficiencia- se concentren en preparar a los niños para rendir el Simce y no en entregarles una enseñanza integral de calidad. Esto lo harían porque un mal Simce repercutiría en baja matrícula y subvención.

Una primera mirada permite decir que ese afán es positivo. Sin embargo, todos los estudios indican que el resultado del Simce no es un factor a considerar primero por la mayoría de los apoderados al elegir un colegio para sus hijos, aunque ese dato sea incluido en la publicidad de los establecimientos. O sea, que se sepa o no el resultado no afecta la competitividad del colegio. Entonces ¿por qué ocultarlo?

El acceso a la información de un proceso público de evaluación escolar es un derecho de la ciudadanía, más aún en regiones como la nuestra, donde hay colegios muy lejos de la media nacional aceptable. Saber esos datos y ayudar a mejorarlos, es necesario.

Lamentablemente, este nuevo impasse legislativo hace ruido y es inevitable preguntarse ¿por qué limitar ahora el acceso a las informaciones relacionadas con la Educación. Peor aún: cuántas otras indicaciones pasan así, sin control, en otras áreas?