Varios miembros de la comisión asesora sobre abusos sexuales creada por el Papa Francisco expresaron su preocupación e incredulidad sobre la decisión del Pontífice de nombrar a monseñor Juan Barros como obispo de Osorno. Esto, debido a su vínculo con el ex párroco Fernando Karadima, condenado canónicamente en 2011 por abusos sexuales.

En entrevistas y correos enviados a la agencia AP, los expertos cuestionaron el compromiso de Francisco de hacer responsables a los obispos relacionados con abusos y de proteger a los niños, dada la vinculación de Barros con Karadima.

Los cinco miembros de la comisión hablaron con AP a título personal y profesional y subrayaron que no estaban emitiendo declaraciones en nombre del comité, creado por el Papa a fines de 2013 con el cardenal de Boston Sean O'Malley a la cabeza.

"Estoy muy preocupada", dijo Catherine Bonnet, siquiatra francesa e integrante de la comisión, a la citada agencia.

"A pesar de que los integrantes de la comisión no pueden intervenir en casos individuales, me gustaría reunirme con el cardenal O'Malley y otros miembros de la comisión para discutir una manera de traspasar nuestras preocupaciones al Papa Francisco", dijo la profesional.

Voces "ignoradas"

Marie Collins, otra integrante de la comisión y víctima de abusos en Irlanda, dijo no entender cómo Barros pudo ser designado dadas las preocupaciones sobre su comportamiento.

"Va completamente en contra de lo que (el Papa) ha dicho en el pasado sobre aquellos que protegen a abusadores", aseveró Collins.

"La voz de los sobrevivientes está siendo ignorada, las preocupaciones de la gente y de muchos clérigos en Chile están siendo ignoradas, y la seguridad de los niños en esta diócesis está siendo dejada en manos de un obispo sobre el cual hay preocupaciones graves sobre su compromiso en la protección de los niños", agregó.

Las declaraciones de los miembros de la comisión llegan días después de que Barros asumiera como obispo de Osorno en una tensa ceremonia marcada por manifestaciones en su contra. A la catedral San Mateo de esa ciudad llegaron cientos de feligreses para expresar su rechazo a la designación del religioso.

En los días previos a la asunción de Barros, varias voces al interior de la Iglesia cuestionaron públicamente el nombramiento del nuevo obispo y algunos lo instaron a renunciar.

A esas opiniones disidentes se sumaron las de algunos de los denunciantes de Fernando Karadima, como Juan Carlos Cruz, quien acusó de "cobardía" a las principales autoridades eclesiásticas por "no estar ahí apoyando al pueblo de Osorno". Esto, luego de que las primeras jerarquías de la Iglesia local, entre ellos el cardenal Ricardo Ezzati, no asistieran a la ceremonia donde Barros asumió su cargo.

Barros se defendió de las críticas diciendo que nunca conoció los abusos que se cometieron en la Parroquia de El Bosque y que actualmente no tiene ninguna relación de amistad con Karadima.

Después de su toma de posesión, el líder de la Diócesis de Osorno dijo sentir "pena" por lo sucedido el sábado 21 pasado en la ceremonia de asunción y pidió a la comunidad católica local "creer" en su versión sobre los hechos.

Cuestionamientos Entre quienes han cuestionado la designación de Barros se encuentran el sacerdote Felipe Berríos, el ex capellán Percival Cowley y los Sagrados Corazones.

Ceremonia Juan Barros asumió el sábado pasado como obispo de Osorno en medio de protestas.

Defensa Barros aseguró que nunca conoció los abusos cometidos por Fernando Karadima.

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago autorizó a la Fiscalía Nacional para realizar las diligencias correspondientes al interior de las oficinas de SQM para establecer la existencia de hechos relacionados con presuntos delitos tributarios.

La resolución se hizo a raíz de la notificación del Tribunal Constitucional (TC), que el miércoles levantó la suspensión de las medidas tras rechazar el recurso interpuesto por el ex gerente de la empresa, Patricio Contesse.

La Segunda Sala del TC rechazó el miércoles la admisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Contesse, con el fin de frenar la entrega de información contable de la empresa minera.

La instancia determinó que los argumentos presentados por el ex ejecutivo, representado por el abogado Samuel Donoso, carecen de fundamento, ya que al momento de ser ingresado el recurso si bien no existía querella o denuncia del SII que fundamentara la petición de dichos datos, esta semana el escenario cambió luego de la querella y posterior denuncia del órgano fiscalizador respecto de presuntos delitos tributarios vinculados a la firma y donde Contesse aparece querellado.

A las 17.00 de ayer, el equipo liderado por el fiscal nacional Sabas Chahúan ingresó a las dependencias de la firma para concretar la medida intrusiva e incautar libros de contabilidad y sus respaldos, en particular los libros de compra y venta de SQM, además del libro diario y el libro mayor de la empresa.

En el procedimiento, el Ministerio Público incautó el libro de retenciones de honorarios y los balances -en formato físico o electrónico- además del plan de cuentas de la sociedad entre los años 2009 y 2014.

Con esta información, se buscará establecer si existen egresos de dinero en favor de terceros sin que exista una contraprestación por parte del receptor de los dineros en favor de Soquimich.

Dichos actos se indagan como presuntos delitos tributarios relacionados con supuesto financiamiento irregular de campañas políticas que se persiguen en el denominado caso Penta.

Esta nueva línea de investigación o arista SQM se inició luego que aparecieran boletas ideológicamente falsas emitidas por la cuñada del ex subsecretario Pablo Wagner, María Carolina de la Cerda, a la minera por servicios no prestados.

Asimismo, la Fiscalía pesquisa boletas ideológicamente falsas emitidas a nombre de la empresa por la firma Reactor SPA, cuyos dineros habrían servido para entregar recursos el ex alcalde y candidato a senador por Santiago, Pablo Zalaquett.

La ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual, manifestó su "solidaridad" a la mujer que fue detenida en el Hospital Carlos Cisternas de Calama, luego de que un ginecólogo la denunciara por haberse realizado un aborto.

La paciente, de 25 años, llegó hasta el centro asistencial con sangramiento y dolores abdominales. Ante la presencia de Misotrol, un médico llamó a Carabineros y la mujer, identificada como Karen S., fue detenida en el mismo lugar.

"Solidarizamos con la mujer que fue detenida por interrumpir su embarazo. Su caso demuestra que necesitamos debatir y legislar como país", manifestó Pascual en un comunicado difundido por el Sernam.

"Lo primero que queremos manifestar es nuestra solidaridad con Karen, la preocupación que tenemos por su estado de salud y la difícil situación que vivió estando hospitalizada y luego detenida en el Hospital de Calama por haber recurrido a una práctica de aborto", agregó la ministra.

A su juicio, "estas situaciones son las que hacen necesario que tengamos un debate serio, con altura de miras y tomando en cuenta las recomendaciones que diversos órganos internacionales han formulado al Estado de Chile en relación con la vulneración de derechos que afecta en específico a las mujeres, al estar penalizada la interrupción del embarazo en nuestro país".

Pascual agregó que "la agenda de género del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se hace cargo de la realidad que viven las mujeres de nuestro país, cuando se ven enfrentadas a situaciones como las que vivió Karen. Por esta razón se envió un proyecto de ley al Congreso, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en caso de tres causales específicas".

El miércoles, la ministra de Salud, Carmen Castillo, sostuvo que "estamos, como Ministerio, reforzando la confidencialidad por sobre la denuncia", y añadió que "la situación de esta joven es una causal de por qué se está legislando en la despenalización del aborto para tres causales específicas".