Sindicatos trasandinos del transporte paralizaron ayer Argentina con una huelga para exigir menos retenciones fiscales a los trabajadores, a menos de siete meses de los comicios presidenciales para elegir al sucesor de Cristina Fernández.
El paro fue convocado por una alianza de gremios del transporte a los que se sumó la facción opositora de la Central General de Trabajadores (CGT), liderada por Hugo Moyano, ex aliado del kirchnerismo y convertido en uno de sus más acérrimos adversarios, y afectó también a otros sectores, como la banca.
Los gremios exigen modificar el impuesto a las Ganancias, aplicado a los salarios superiores a los 15 mil pesos mensuales (US$ 1.700), a lo que se opone el Gobierno con el argumento de que sólo afecta 'al 10% de los trabajadores' mejor pagados. El aeropuerto porteño no operó y todos sus vuelos domésticos y regionales fueron reprogramados. En el aeropuerto internacional de Ezeiza, una veintena corrió la misma suerte. Debido al paro no circularon trenes, autobuses, metros, ni hubo transporte de carga ni recolección de residuos en Buenos Aires y en otras ciudades como Rosario, Córdoba y Mendoza, entre otras.
Los puertos, los bancos, las bencineras y los tribunales permanecieron sin actividad, mientras que varios hospitales atendieron sólo emergencias y muchas escuelas vieron alterada su rutina por la ausencia de numerosos profesores que no lograron llegar a su puesto de trabajo.
Las calles de Buenos Aires amanecieron semidesiertas porque muchos trabajadores optaron por quedarse en casa ante la falta de transporte público, la escasa disponibilidad de taxis y los cortes de calles realizados por agrupaciones de izquierda en los principales accesos a la ciudad.
La bicicleta se convirtió en un medio de transporte alternativo para algunos empleados, como el funcionario Darío Leonti: 'Son gente como yo, que quisimos cubrir una guardia mínima y vinimos con lo que pudimos'. Los principales líderes sindicales coincidieron en calificar como 'total' la huelga y amenazaron con un nuevo paro de 36 horas en dos semanas si el Ejecutivo no atiende a sus demandas. Esta es la cuarta huelga convocada por los sindicatos durante el Gobierno de Cristina Fernández, que afrontó el último paro general en agosto pasado.
