El Ministerio Público ingresó el martes ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago una solicitud para fijar audiencia de formalización contra el operador político Giorgio Martelli, ex recaudador de fondos de las campañas de la Concertación, la que también incluye al ex gerente general de SQM, Patricio Contesse.

Según La Segunda, la figura de "apropiación indebida" surgió como una nueva hebra en el caso, que se suma a presunto delito tributario de la ley de donaciones, contrato simulado y fraude de subvenciones.

La "apropiación indebida" implicaría una pena que va de 3 años y un día a 5 años y una multa tope de $ 1.314.000 si el monto excede las 400 unidades tributarias mensuales (cerca de $ 18 millones).

Según informó El Mercurio, la presentación fue realizada pasadas las 18 horas del martes "en extrema reserva" por el fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien dirige la investigación de las causas Penta-SQM. Martelli es investigado por la presunta facilitación de 23 facturas falsas a SQM Salar, empresa filial de Soquimich, de la que recibió al menos $ 246 millones entre 2012 y 2013.

En el mismo periodo su empresa, Asesorías y Negocios, habría emitido facturas a Celulosa Arauco por $ 151 millones, a Copec por $ 57 millones (ambas ligadas al grupo Angelini), a Sociedad de Gestión Ambiental (vinculada a Jaime Solari, hermano del ex ministro Ricardo Solari) por $ 43 millones, y a una compañía de seguros por otros $ 10 millones.

Martelli enfrenta una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) por la facilitación de facturas falsas y a fines de mayo declaró por cerca de 20 horas, durante varias jornadas, ante el fiscal Chahuán. La indagación contra Martelli, quienes el dueño de la empresa Asesorías y Negocios SpA, apunta a una supuesta triangulación a través de esta firma de presuntos aportes políticos irregulares provenientes de la minera SQM.

Estos aportes habrían servido además para supuestamente financiar el periodo de precampaña a La Moneda de la entonces candidata Michelle Bachelet en 2013,a través de una serie de pagos realizados a un grupo de cerca de 20 colaboradores.

El fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, rechazó su salida del Ministerio Público y afirmó que mantiene la "esperanza" de seguir en el caso Corpesca. De manera tajante, el persecutor salió al paso de las versiones que daban por sellada su renuncia, luego de sostener ayer una reunión con el fiscal nacional Sabas Chahuán.

no hay "molestia"

El propio fiscal nacional descartó ayer que el persecutor Carlos Gajardo le manifestara su "molestia" por haber sido marginado del caso Corpesca. "Él no vino a renunciar. Me solicitó la reunión ayer (martes)", dijo el fiscal nacional luego de reunirse con el fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Oriente.

Según Chahuán, Gajardo "me manifestó su preocupación de que aparecía que se le estaba quitando la causa por algo que es falso". "Gajardo sigue en el equipo. Las filtraciones pueden ser de varias partes, hay 20 colegas abogados que tienen acceso a la carpeta, pero de la fiscalía no viene", manifestó. "No hay ningún corrupto trabajando en la Fiscalía; Gajardo no es corrupto, Ayala no es corrupto", añadió.

La máxima autoridad del Ministerio Público agregó que la reunión de ayer se gestó para presentar un nuevo antecedente que vincularía la causa de Corpesca a SQM, razón por la que no descartó que el caso vuelva a manos del fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Oriente.

"Me parece que mi rol en esta causa es relevante y lo último que quiero hacer es renunciar. Yo no he salido de la causa Penta, ni SQM y tengo la esperanza que no voy a salir de la causa Corpesca", afirmó Gajardo. La Fiscalía Regional Oriente reasignó el caso Corpesca y dejó fuera a los fiscales Carlos Gajardo y José Antonio Villalobos. La decisión, asignada al fiscal regional Alberto Ayala, derivó en que el caso pasar al fiscal Marcelo Acuña, experto en delitos económicos.

La decisión de Ayala acogió parcialmente la solicitud de la defensa del senador (UDI) Jaime Orpis, indagado por presuntamente recibir millonarios pagos de Corpesca durante cinco años.

La defensa de Orpis pidió que el fiscal nacional, Sabas Chahuán, tomara la indagatoria para evitar posibles filtraciones. En el caso se investiga el presunto delito de cohecho por pagos de la empresa pesquera a parlamentarios como Orpis y Marta Isasi mientras se tramitaba la Ley de Pesca, aprobada por el Congreso en diciembre de 2012.

nuevos antecedentes

Gajardo aseguró que la reunión con Chahuán, que según el pidió el martes, responde a los nuevos antecedentes que vincularían esta causa con el caso SQM y no a una supuesta molestia por su alejamiento de la indagatoria.

De hecho, Gajardo no descartó que tras la cita con Chahuán pueda mantenerse en el caso y que quede sin efecto la resolución de Ayala. El fiscal Gajardo rechazó que la medida de Ayala se relacione con cuestionamientos por su supuesta responsabilidad en las filtraciones del caso.

"Sería una infamia sugerir que vienen de mi persona", afirmó.

El fiscal Ayala explicó la medida adoptada respecto de Gajardo porque "todas las investigaciones deben tener un debido proceso y cuando veo permanentemente que elementos de una investigación están en los diarios y medios, como fiscal regional tengo que tomar las medidas del caso".

Ayala aseguró que "no tengo cómo imputar nada a nadie, sería una infamia de mi parte hacerlo", a propósito de las filtraciones a la prensa.

Gajardo explicó que, en su opinión, el caso Corpesca debería ser investigado por el fiscal Chahuán, quien desde febrero conduce las causas Penta y SQM con un equipo del cual él forma parte junto a los fiscales Pablo Norambuena, Emiliano Arias y Carmen Gloria Segura.