La aprobación de la idea de legislar sobre la despenalización del aborto por tres causales, permite que comience el trámite legislativo y la discusión parlamentaria sobre este tema, que es polémico, pero que resulta necesario abordar; sobre todo porque Chile es uno de los pocos países en el mundo donde la dramática situación de interrumpir un embarazo es, además, criminalizada.

Tal como se ha planteado a nivel nacional; en Los Ríos existe inquietud al respecto, de parte de los parlamentarios, los grupos religiosos, las organizaciones sociales, los profesionales del área y la comunidad en general. Por lo mismo, sería interesante que la labor en el Congreso sea seguida con detalle y acompañada con aportes que desde aquí se puedan sumar, respecto de la realidad de las mujeres enfrentadas a estas situaciones, sobre todo de aquellas más vulnerables y de sectores rurales, que no tienen acceso a atenciones de salud en condiciones óptimas.

Además, resultaría positivo que se pudiera aportar al debate con análisis de lo que sucede en las etapas posteriores a sufrir un aborto. La experiencia -según los relatos de quienes la han vivido- es dolorosa y traumática; por lo mismo se necesita apoyo sicológico y rehabilitador posterior; algo que no se ha tocado, aunque la nueva norma se dirige a personas enfrentadas a una violación, al riesgo vital o a la realidad de perder a un hijo por malformaciones. Todas experiencias límite, tanto para las protagonistas, como para sus familias.

Por otra parte, sería interesante analizar los protocolos a seguir en cada caso. En nuestro país existen altas cifras de violencia obstétrica (hay un proyecto en trámite al respecto también) y en estas situaciones extremas, puede abrirse escenarios para que ella ocurra de manera aún más seria, especialmente con jóvenes, y mujeres que no conozcan sus derechos.

Estas aristas han sido analizadas localmente por especialistas en distintas ocasiones y quizás los legisladores regionales podrían recogerlas, para sumarlas a sus intervenciones en el proceso legal que viene. De ese modo, habría más elementos para que el debate se produzca con antecedentes reales y con la menor cantidad de prejuicios ideológicos, que sea posible.

El debate sobre la gratuidad universitaria ha estado centrado en una cuestión de forma -si será para el 60% más pobre del CRUCH o para el 40% de un grupo mayor de universidades- cuando lo más importante es el debate de fondo, pues se trata de una oportunidad inmejorable para regular estructuralmente un sistema que, tras tres décadas de funcionamiento y ajustes, se volvió insostenible.

En efecto, la gratuidad universal en un sistema tan desregulado como el nuestro constituiría incluso un retroceso, dado que financiar la demanda vía voucher para que cada estudiante lo utilice en la institución de su preferencia, sólo potenciaría la lógica de retorno individual y el crecimiento de universidades de fachada, sin investigación ni aporte público real. Por el contrario, debiera financiarse la oferta bajo ciertas condiciones que respeten la autonomía universitaria, toda vez que ésta responda a necesidades locales, regionales y nacionales.

Por ello, lo lógico es que la gratuidad se centre en las universidades públicas que, aun cuando bajo el actual sistema han quedado abandonadas al mercado, siguen cumpliendo un rol público en términos de vinculación con el medio, investigación y desarrollo económico, social y territorial, que trasciende la entrega de certificaciones profesionales, y son las únicas que pueden dar garantías de no perseguir la obtención de ganancias para sus sostenedores.

Entre las condiciones, quizás la más importante sea alcanzar una mayor democratización en todos los niveles, incluyendo directorios universitarios plurales y abiertos a la comunidad local.

Finalmente, la gratuidad debiera favorecer la descentralización, entregando mayores recursos a las instituciones regionales que han estado históricamente postergadas, pese a que suelen cumplir un rol social, económico y territorial bastante más significativo que las de Santiago.

Con todo, la discusión requiere trascender la cuantofrenia de los porcentajes y asentarse en un nivel político más profundo, cuyo principal objetivo sea avanzar hacia la gratuidad universal pero en un sistema regulado y descentralizado, que aporte a la construcción de un país menos segregado, y que permita diferenciar claramente el derecho a la educación del interés de algunos por asegurar, vía subvención estatal, un negocio altamente lucrativo.

Juan Pablo Venables B.