El Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó ayer nuevas querellas criminales por presuntos delitos tributarios. Entre los querellados se encuentra el senador de la UDI Jaime Orpis, quien es investigado por el llamado caso Corpesca, y el ex parlamentario Carlos Ominami, indagado por supuesto envío de boletas falsas en el marco del caso SQM.

La acción en contra del parlamentario gremialista fue presentada la mañana de ayer por el ente fiscalizador ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y se suma al libelo interpuesto el martes de esta semana por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), por los delitos de cohecho y malversación de caudales públicos.

Con esto la Fiscalía Nacional podrá profundizar en la indagación contra Orpis por presuntos delitos tributarios relacionados con la emisión de boletas emitidas por servicios que no habrían sido prestados, con el objetivo de obtener recursos para financiar su campaña senatorial. Esto ocurre una semana después de que el Ministerio Público pidiera el desafuero del senador de la UDI, con el objeto de poder solicitar medidas cautelares en caso de una eventual formalización.

El parlamentario actualmente está siendo investigado por cohecho, fraude al fisco, lavado de activos y ahora además por delitos tributarios, por los pagos recibidos de la empresa Corpesca a través de asesores y cercanos al senador por Tarapacá y Arica y Parinacota.

"Hice todo esto porque no tenía ni tengo patrimonio capaz de enfrentar una campaña", fue la declaración publicada ayer por La Tercera que entregó Orpis ante los fiscales Ximena Chong y Sabas Chahuán.

El SII también se querelló contra Francisco Mujica, ex gerente de Corpesca y Carolina Gazitúa, ex asesora de Orpis.

El SII ayer presentó ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago una querella en contra del ex senador Carlos Ominami, por su presunta participación en delitos tributarios.

Al ex parlamentario se le acusa de haber presentado declaraciones de Renta maliciosamente falsas entre los años tributarios 2010 y 2011; y de haber ocasionado un perjuicio fiscal que en total sobrepasa los $75 millones.

La misma acción también incluye al ex gerente de SQM, Patricio Contesse, quien ya fue formalizado en la causa, así como contra el administrador electoral en 2009 de Ominami, Milton Lee, y de Ricardo Ramos, representante legal de la minera no metálica.

La Presidenta Michelle Bachelet reiteró ayer su condena a la colusión denunciada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) entre las papeleras CMPC y SCA (ex Pisa) y realizó un llamado al Congreso a aprobar lo antes posible el proyecto que sanciona con pena de cárcel ese tipo de prácticas.

"Debemos cuidar la transparencia en la política y en el funcionamiento de los mercados. La colusión no es algo aceptable en nuestro país y esperamos que pronto el proyecto de ley que está siendo discutido en el parlamento, que sanciona mucho más firmemente esto, sea una realidad", sostuvo la Mandataria durante la celebración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas.

El Gobierno evaluaría este lunes la opción de aumentar la urgencia a ese proyecto, que lleva más de siete meses de trámite desde su ingreso en marzo de este año. La iniciativa se encuentra actualmente en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados con urgencia simple.

Valdés sobre el mercado

Por su parte, el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, quien se encuentra en Estados Unidos sosteniendo reuniones con inversionistas, condenó la participación de ambas firmas en este cartel para asignarse cuotas de mercado y fijar precios de productos de papel tissue.

"Condenamos enérgicamente el cartel que fue descubierto, la verdad es que es malo para Chile en el sentido que muestra que el mercado no estaba funcionando bien", sostuvo.

Pese a esto último, el secretario de Estado valoró el actual de la FNE, asegurando que el requerimiento ingresado ante Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), "también muestra que las instituciones son fuertes (…) que tenemos problemas y que sabemos enfrentarlos".

Valdés manifestó en TVN que esperaba que lo sucedido fuera ejemplificador. "Ojalá que esto además saque lecciones para aquellos que están pensando en saltarse reglas", sostuvo.

Ruiz-Tagle se defiende

El ex ministro de Deportes, quien fue dueño de Pisa (SCA) hasta 2003, Gabriel Ruiz-Tagle, reiteró su defensa respecto a su implicancia en los hechos denunciados por la FNE, que indicó en el requerimiento que el ex secretario de Estado se habría reunido a mediados de 2000 con el entonces gerente general CMPC, Jorge Morel Bulicic, para acordar los precios.

"Efectivamente yo en esos años tuve dos o tres reuniones con Jorge Morel, que en esa época era el gerente de CMPC, con el objeto de reclamar contra las múltiples irregularidades, proyectos de pactos de exclusividad con los retailer y bloqueos para participar en las promociones y todas estas situaciones que realmente a nosotros nos tenían muy complicado", dijo en T13 Radio.

Al ser consultado sobre por qué no denunció irregularidades, afirmó que "en los supermercados y estos tipos de pactos de exclusividad si usted iba a denunciar a alguien tenía que denunciar al proveedor, en este caso la CMPC y al cliente (cadenas donde se venden) entonces lo cual, para ser bien franco, era pelearse con el cliente por el resto de la vida porque tenía que denunciarlo a él también".