En su segunda declaración ante la comisión investigadora por el caso de fraude en el Ejército, el general (R) Héctor Ureta acusó el supuesto borrado de los discos duros en computadores pertenecientes al Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF).

Según el comandante, "el hecho se produjo mientras el coronel (Clovis) Montero y el cabo (Juan Carlos) Cruz se encontraban en prisión", justo en medio de la investigación del desfalco, que hasta ahora se cuantifica en más de $ 6 mil millones por concepto de facturas ideológica y materialmente falsas.

"hay una maquinación"

El presidente de la instancia parlamentaria, el diputado Jaime Pilowsky (DC), advirtió de la gravedad del hecho y criticó que el Ejército durante tanto tiempo no haya establecido sistemas de control para prevenir este tipo de hechos.

"Es difícil pensar que solo sean cinco los funcionarios involucrados, aquí hay una maquinación de varios funcionarios al interior del Ejército para hacer este millonario fraude, y esperamos que el ministro en visita pueda avanzar en determinar otros responsables desde el punto de vista penal", sostuvo.

El parlamentario democratacristiano agregó que "nosotros, por nuestra parte, avanzaremos en saber por qué no se tomaron las medidas adecuadas para haber evitado este tipo de hechos y quiénes fueron los responsables de aquello".

El legislador anunció, además, la citación de todos los generales que estuvieron a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza desde el 2011 al 2015, organismo donde se han centrado las críticas por la falta de controles.

A partir de lo expuesto por el general (R) Ureta, Pilowsky manifestó que "algo pasó en el Comando de Apoyo a la Fuerza, que desde el año 2012 los controles que ya eran precarios, pasaron a ser simplemente inexistentes. Queremos saber quién y por qué se diluyeron los controles en el CAF".

El fraude, conocido públicamente en agosto pasado, se relaciona con fondos de la Ley Reservada del Cobre que habrían desaparecido a través de operaciones fraudulentas que comenzaron en 2010 y que continuaron hasta marzo de 2014.

Mabel González

La Cámara de Diputados aprobó ayer, por unanimidad, las conclusiones del informe elaborado por la comisión investigadora del caso Caval y que reunió el trabajo de las dos instancias que indagaron la causa.

De esta forma, por 102 votos a favor, la Sala de la corporación ratificó el texto que incluye críticas a Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos, nuera e hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, respectivamente. Los reproches responden a la inasistencia de ambos a la comisión investigadora, a pesar de las invitaciones que se les extendieron.

Asimismo, el documento pide la salida del director administrativo de La Moneda, Cristián Riquelme, luego de la polémica que se generó por su vínculo con el gestor inmobiliario Juan Díaz.

Las conclusiones del informe fueron visadas antes por la comisión Caval II, la que de forma transversal finalizó sus labores con un reporte único del oficialismo y la oposición.

El documento también aborda la idea de revisar la pertinencia de las labores a cargo de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, puesto que ocupó Dávalos hasta abril del año pasado.

Respecto de la empresa Caval, dirigida por Compagnon y su socio, Mauricio Valero, el texto señala que "más que una empresa con un giro o experiencia en particular, dotada de un currículum y experiencia acreditable, dado lo variopinto de los negocios y actividades a los que se abocaba, así como a las condiciones de trayectoria y de la idoneidad de los agentes que formaban parte de tal entidad, era más bien una suerte de empresa de lobby".

Añade que la entidad se veía beneficiada por sus contactos político-públicos, los que "le generaron en muy pocos años ganancias y contratos muy por sobre la media de empresas similares que realizan labores parecidas".

El reporte denuncia, además, un "tráfico de influencias o abuso de poder por parte de Compagnon, lo que se desprendería de las discrepancias entre lo declarado por el matrimonio Compagnon-Dávalos y Andrónico Luksic", controlador del Banco de Chile.

También se incluyó una alusión al Gobierno por su falta de pronunciamiento sobre la permanencia del director administrativo de La Moneda, descartándose en la instancia incluir a Bachelet en tal situación.

"Cabe hacer presente que hasta el día de hoy el Gobierno no se ha pronunciado acerca de la permanencia del director de Administración de La Moneda, quien todavía ejerce su cargo pese a lo dicho precedentemente ni ha instruido procedimiento disciplinario alguno a su respecto", dice.

"Estuvimos a la altura de las circunstancias. La Cámara no podía hacer menos que condenar" el caso Caval.

Gabriel Silber (DC), Presidente de la Comisión Caval

"A la Presidenta la entendemos. Familiarmente lo debe estar pasando muy mal. Pero políticamente usted haga su punto".

Marcela Sabat, Diputada de RN

El Tribunal Constitucional (TC) decidió ayer acoger a trámite el requerimiento de inaplicabilidad presentado el 15 de enero pasado por el síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín para eliminar su nombre de la lista de personas que serán formalizadas por el caso Caval.

La ministra del TC Marisol Peña explicó que el organismo decretó también citar a las partes correspondientes a alegar sobre la admisibilidad del requerimiento. La audiencia se realizará el 27 de enero, dos días antes de la audiencia de formalización fijada en Rancagua.

La autoridad indicó que este proceso es "totalmente distinto" a la formalización fijada para el 29 de enero.

"No incidimos para nada en el curso de la investigación criminal que se está llevando en este minuto", señaló Peña.

Con esta acción, el síndico pretende paralizar la investigación argumentando que el delito que se le imputa es "inconstitucional", ya que se trata de una ley penal que no describe la conducta que se sanciona, en este caso, "ventajas indebidas del síndico".

Mientras, la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Herrera, declaró que su tribunal es incompetente en la arista tributaria del caso.

La solicitud había sido hecha por el socio de Caval, Mauricio Valero, quien pretendía que la querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) fuese vista en Santiago y no en Rancagua.

La magistrada se basó en el artículo 159 del Código Orgánico de Tribunales, que señala que si más de un juez tuviera conocimiento de una causa, será el juez que viera los primeros delitos el que conocerá finalmente los hechos investigados.

29 de enero

se realizará la audiencia de formalización de 13 personas por el caso Caval.