El ministro del Interior, Jorge Burgos, dijo estar confiado en que podrá convencer a los parlamentarios del PS que se han mostrado en contra de aprobar el control preventivo de identidad, medida que se inserta en la agenda corta antidelincuencia que impulsa el Gobierno.

"Yo espero tener la capacidad de convencer al mayor número de parlamentarios de todas las coaliciones y particularmente a la que yo pertenezco, para los efectos de que puedan aprobar el proyecto", comentó Burgos.

Según él, "ellos (en el PS) aprobaron mayoritariamente el control preventivo de identidad y yo creo que si es mejor, con mayor razón podrían aprobarlo ahora. Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo en la instancia parlamentaria que falta".

El jefe de gabinete destacó que "yo soy optimista de que vamos a poder responderle a las personas de tener mejores instrumentos para que haya mejor seguridad. Yo quiero ayudar al Gobierno, soy ministro, a mi coalición, pido como Ministro del Interior que me dejen hacerlo".

Críticas políticas

El titular de Interior rechazó las críticas de diversos sectores al proyecto aprobado el martes pasado en el Senado, que apuntan a que, entre otras cosas, la iniciativa vulneraría derechos y garantías establecidas en la Constitución.

"A mi juicio, la norma, como ha salido del Senado de la República, está muy completa en materia de garantías, se establece límites de edad y la obligación permanente de identificación de quien practica el control preventivo de identidad", argumentó.

El secretario de Estado recordó que "esto fue aprobado por la Cámara de Diputados, yo he leído algunas declaraciones que pudiera presumirse que no lo conocieron y creo que, si bien es cierto que la idea matriz venía en un proyecto presentado por el Ejecutivo antes que yo llegara incluso, nosotros lo hemos respaldado".

A través de una carta enviada a El Mercurio, el director del Centro de Estudios Públicos (CEP), Harald Beyer, criticó el control de identidad preventivo y sostuvo que "es sencillamente una mala política pública que no aporta a una mejor vida en común". El ex ministro enfatizó que la medida será "discriminatoria".

Con emoción y la voz quebrada, los seis imputados en el caso Tsunami leyeron una declaración en el Séptimo Juzgado de Garantía en la que ofrecieron disculpas por los errores durante la madrugada del 27 de febrero de 2010. Las fallas en dar la alarma de tsunami terminaron con la vida de 156 personas.

El tribunal resolvió acoger el acuerdo suspensión condicional del proceso propuesto por el Ministerio Público y no proseguirá con un juicio oral contra los imputados del caso. Sin embargo, los abogados de las víctimas anunciaron que apelarán.

El acuerdo

Las disculpas fueron parte del acuerdo al que llegó el Ministerio Público y las defensas del ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende; la ex jefa de la Onemi, Carmen Fernández, el ex jefe de alerta temprana, Johaziel Jamett, y los tres ex miembros de la Armada de turno en el Shoa, Mario Andina, Mariano Rojas y Andrés Enríquez, para evitar un juicio oral. El acuerdo contempló indemnizar con $ 235 millones a los familiares de las víctimas.

"Fui vocero de la precariedad del Estado y he sufrido las consecuencias", dijo el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, quien fue una de las primeras autoridades de Gobierno en llegar a la sede de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) la madrugada del 27 de febrero de 2010.

El ex subsecretario de Interior comentó que "las consecuencias de esta catástrofe son imborrables y el dolor me acompañará por siempre".

La Fiscalía investigó la cancelación de la alerta del tsunami que arrasó las costas del centro sur de Chile el 27 de febrero de 2010. En medio del caos tras el terremoto de 8,8 de magnitud, las autoridades cancelaron una alerta de maremoto emitida internacionalmente y conminaron a los habitantes a retornar a sus casas.

"impotencia y dolor"

La ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, argumentó que "aquella noche no obstante el total colapso, especialmente el comunicacional, que vivimos y también incluyó Onemi, creo haber desarrollado todos los esfuerzos para ir en ayuda y protección como siempre antes actué".

"Por muchas razones vivo esta pesadilla con dolor e impotencia como ustedes no se imaginan. Pero estoy cierta que ello jamás podrá compararse con el dolor de las víctimas", concluyó.

El fiscal regional Occidente, José Luis Pérez, reconoció que el acuerdo no significa "reparación completa" a las víctimas. Sobre una presunta responsabilidad del Estado en la tragedia, Pérez dijo que "la investigación que hizo Solange Huerta, muy acuciosa y objetiva, demostró que efectivamente el Estado no estaba a la altura. Un fiscal no está cumpliendo funciones de acusar a otros órganos del Estado, lo que acusa es a personas que cumplían funciones dentro del Estado".

"Desde el rol que me tocó desempeñar, no puedo menos que sentirme abatido en todo cuanto ocurrió".

Johaziel Jamett, Ex jefe de Alerta Temprana

"Esto, con seguridad, no mitigará el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos. Nada puede hacerlo".

Mariano Rojas, Ex director del Shoa