El vicepresidente brasileño, Michel Temer, que asumirá el Gobierno si el Senado inicia un juicio político en contra de la Presidenta Dilma Rousseff, afirmó ayer que esperará en silencio la decisión de la Cámara Alta de ese país.

"Voy a esperar la decisión del Senado de forma muy silenciosa y respetuosa", aseguró Temer a la prensa desde su casa en Sao Paulo, donde ha permanecido desde el lunes, lejos de la crisis en Brasilia.

Tras la histórica votación del domingo, cuando la Cámara de Diputados dio luz verde a la apertura de un juicio político contra la Mandataria, la situación quedó en manos del Senado, que prevé votar la petición en las primeras semanas de mayo.

Si el Senado considera que hay argumentos para iniciar el juicio político, Rousseff tendrá que dejar el cargo por 180 días, plazo constitucional para la conclusión del proceso en el Congreso. Y si la Presidenta es destituida por la Cámara Alta, será su vicepresidente quien asumirá definitivamente.

"Es el Senado el que da la última palabra sobre la materia y, por tanto, sería inadecuado que yo dijese cualquier cosa antes", aseguró Temer.

El vicepresidente fue acusado de "conspirador" por la jefa de Estado en una conferencia de prensa el lunes y reiteró el calificativo en una rueda con corresponsales internacionales ayer.

Es "extremadamente inusitado, extraño, pero sobre todo espantoso, que un vicepresidente en ejercicio de su mandato conspire abiertamente contra la presidenta", aseguró Rousseff.

La semana pasada se filtró un audio en el que el vicepresidente dio por hecho la destitución de la Mandataria. Trascendió que Temer se ha reunido con dirigentes de diferentes partidos y algunas personalidades para definir el Gabinete que anunciaría en caso de que tenga que asumir el poder. El vicepresidente es el principal líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la mayor fuerza electoral del país y que era el principal aliado del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) en el Gobierno hasta el mes pasado, cuando decidió salirse de la alianza oficialista.

Por su parte, Rousseff aseguró que un juicio político en su contra generará aún mayor inestabilidad política en Brasil e impedirá la recuperación económica por tratarse de una ruptura constitucional. "Necesitamos entender que ese proceso no va a traer estabilidad política al país porque rompe la base de la democracia. Se trata de un golpe", afirmó la jefa de Estado. "Sin democracia Brasil no se transforma y no recuperamos la capacidad de impulsar el crecimiento económico. Para crecer y combatir la pobreza se necesita de estabilidad política", agregó.