El Primer Informe Nacional sobre Expulsión Escolar de la Superintendencia de Educación arrojó que un 17% de los estudiantes expulsados en 2015 no volvió a matricularse en el mismo año y un 10% lo hizo, pero repitió de curso. Es decir, un 27% perdió el año escolar.

El reporte, presentado en un seminario de la Universidad Católica, analiza lo ocurrido en 2015, un año antes de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión, el 1 de marzo pasado, y se basa en 490 denuncias recibidas por la institución a nivel nacional. Señala que en 2015 hubo 1,3 alumnos expulsados al día, en promedio.

Un desglose de las cifras revela que el 62% de las sanciones aplicadas por los establecimientos obedece a la acumulación de faltas disciplinarias por problemas de adaptación a las normas de la escuela, como hablar por celular, molestar a compañeros o gritar en la sala.

Un 31% se produjo por situaciones relacionadas con violencia y riesgo, entre las que predominan la agresión entre pares y, en menor medida, las de hurto, porte de armas y consumo de marihuana, cigarros y/o fármacos; y un 7% por casos de variado origen, como problemas con apoderados.

De acuerdo con el informe, 1° Medio es el curso más afectado, con un 16,7% de las expulsiones; seguido por 4° Medio (11,6%) y 8° Básico (11,1%). El género más afectado con esta medida es el masculino, con un 76%, tres veces más que en el femenino (24%).

El documento también señala que las sanciones por expulsión se registran incluso en el nivel parvulario, las que en general se deben a conductas de disciplina asociadas a hiperactividad, con casos en pre kínder (2%) y kínder (2,4%).

La Ley de Inclusión impide la cancelación de matrícula por rendimiento. De esta forma, los estudiantes tienen la oportunidad de repetir un curso en la enseñanza básica y otro en la enseñanza media. Además, no se puede expulsar en medio de un año escolar, salvo que se haya cometido alguna falta grave que ponga en riesgo la seguridad de los otros alumnos o de la comunidad.

Mabel González

La Fundación Avanza Chile, ligada al ex Presidente Sebastián Piñera, propuso una serie de medidas para modernizar la gestión de los municipios, enfatizando que los gobiernos locales "adquieren un rol central para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas".

Basándose en la experiencia de administraciones locales consideradas exitosas, tanto en Chile como en otro países, la organización publicó el informe "Municipios 3.0", en el que reúne 100 ideas con el fin de "aportar con contenido para quienes participan del mundo municipal", según dijo el director del Area Económico Social de Avanza Chile, Carlos Ríos.

La idea, afirmó el investigador, es que "los municipios se fortalezcan y muchas de estas propuestas contribuirían a que las municipalidades provean de mejores servicios a las persona".

Las acciones se concentran en tres grandes ejes: fortalecer a la comunidad, hacer crecer la economía local y liderar en calidad de servicios.

La fundación considera en su documento que las gestiones que han resultado exitosas "colocan al ciudadano en el centro de la toma de decisiones". Por ello se propone que los alcaldes orienten sus trabajos a mejorar la calidad de vida y la prestación de servicios para las personas.

Entre las iniciativas que destaca Avanza Chile se encuentra Vincles Barcelona, que nació con el objetivo de facilitar que las personas mayores de 75 años que viven solas o acompañadas de otros ancianos puedan continuar en su casa con la complicidad de su entorno, garantizando su bienestar social. En este caso, los "radares" no son sofisticados aparatos, sino una red de vecinos, comerciantes, voluntarios y profesionales de las entidades y servicios vinculados a los barrios, a quienes se les pide estar atentos a la dinámica diaria de las personas mayores y a eventuales cambios en su rutina o comportamiento.

Otro ejemplo es Ticket social, un programa de Buenos Aires que busca garantizar el acceso a productos de primera necesidad a las familias residentes en situación de pobreza y/o inseguridad alimentaria. El servicio consiste en una transferencia de dinero por medio de una tarjeta magnética para que las familias puedan adquirir alimentos y otros insumos.

Entre los casos locales, la entidad destaca "Papás a la pinta", puesto en marcha en La Pintana. Su objetivo es entregar asesoría jurídica, social y sicológica a los hombres para que puedan prepararse para enfrentar mejor el proceso legal de la separación asociado a la tenencia de sus hijos.

"Es fundamental modernizar los municipios y por eso se debe innovar: este consolidado de ideas aterriza ideas que se han aplicado con éxito en distintos países", sostuvo Ríos al comentar el análisis.

"Es fundamental modernizar los municipios y por eso se debe innovar. Este consolidado aterriza ideas que se han aplicado con éxito en distintos países".

Carlos Ríos, Avanza Chile

Una nueva reunión sostuvieron ayer los senadores de la DC con la ex ministra y miembro de ese partido, Soledad Alvear, para analizar el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales. En la cita, la ex senadora señaló que espera "que ellos resuelvan como corresponde a su decisión, en el momento en que se deba votar", según informó radio ADN. Asimismo la ex canciller, quien se ha mostrado abiertamente en contra de la iniciativa del Gobierno, indicó que en la DC "nos hemos diferenciado de algunos de nuestros socios de la Nueva Mayoría y también de la derecha con una defensa permanente, siempre en todo lugar, de los DD.HH.". La Comisión de Salud del Senado retoma hoy la discusión del texto.

El Cuarto Juzgado Civil de Santiago ordenó a Mikel Uriarte, ex director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), a devolver $ 54.160.000 al Fisco, correspondientes a sus ingresos por ejercer este cargo. El fallo de primera instancia responde a una demanda interpuesta hace un año por la actual administración de Fonasa en contra del ex funcionario del Gobierno de Sebastián Piñera. La sentencia se basó en un dictamen previo de Contraloría que estableció que Uriarte ejerció su cargo sin considerar la incompatibilidad legal con su labor de concejal por Las Condes, y lo obligó a devolver los ingresos percibidos por concepto de alta dirección en el servicio. Uriarte fue director de Fonasa entre julio de 2010 y marzo de 2013. Posteriormente asumió la presidencia del directorio de Televisión Nacional (TVN). El fallo civil lo obliga también a pagar reajustes, intereses y costas.

El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, se refirió ayer al nuevo requerimiento presentado por Chile Vamos en el Tribunal Constitucional (TC) por la reforma laboral, asegurando que el Ejecutivo ha actuado "conforme a derecho".

"Hemos cumplido el fallo", aseveró el secretario de Estado luego que el domingo, un grupo de parlamentarios de la UDI y RN acudiera al TC para entregarle al secretario del tribunal, Rodrigo Pica, un documento de 30 páginas que contiene los fundamentos de la solicitud de inconstitucionalidad.El texto plantea la necesidad de eliminar una serie de artículos de la iniciativa que emanó del Congreso que, a juicio de la oposición, insisten en establecer la titularidad sindical, que fue impugnada por el TC en su fallo del 27 de abril pasado.

Al respecto, el vocero de La Moneda dijo que se trata de "una maniobra puramente política, que tiene el propósito de seguir intentando que aquello que no lograron con los votos en el Congreso, porque los chilenos le dieron el lugar de minoría, conseguirlo por otras vías".

Una nueva reunión sostuvieron ayer los senadores de la DC con la ex ministra y miembro de ese partido, Soledad Alvear, para analizar el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales. En la cita, la ex senadora señaló que espera "que ellos resuelvan como corresponde a su decisión, en el momento en que se deba votar", según informó radio ADN. Asimismo la ex canciller, quien se ha mostrado abiertamente en contra de la iniciativa del Gobierno, indicó que en la DC "nos hemos diferenciado de algunos de nuestros socios de la Nueva Mayoría y también de la derecha con una defensa permanente, siempre en todo lugar, de los DD.HH.". La Comisión de Salud del Senado retoma hoy la discusión del texto.

El Cuarto Juzgado Civil de Santiago ordenó a Mikel Uriarte, ex director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), a devolver $ 54.160.000 al Fisco, correspondientes a sus ingresos por ejercer este cargo. El fallo de primera instancia responde a una demanda interpuesta hace un año por la actual administración de Fonasa en contra del ex funcionario del Gobierno de Sebastián Piñera. La sentencia se basó en un dictamen previo de Contraloría que estableció que Uriarte ejerció su cargo sin considerar la incompatibilidad legal con su labor de concejal por Las Condes, y lo obligó a devolver los ingresos percibidos por concepto de alta dirección en el servicio. Uriarte fue director de Fonasa entre julio de 2010 y marzo de 2013. Posteriormente asumió la presidencia del directorio de Televisión Nacional (TVN). El fallo civil lo obliga también a pagar reajustes, intereses y costas.

El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, se refirió ayer al nuevo requerimiento presentado por Chile Vamos en el Tribunal Constitucional (TC) por la reforma laboral, asegurando que el Ejecutivo ha actuado "conforme a derecho".

"Hemos cumplido el fallo", aseveró el secretario de Estado luego que el domingo, un grupo de parlamentarios de la UDI y RN acudiera al TC para entregarle al secretario del tribunal, Rodrigo Pica, un documento de 30 páginas que contiene los fundamentos de la solicitud de inconstitucionalidad.El texto plantea la necesidad de eliminar una serie de artículos de la iniciativa que emanó del Congreso que, a juicio de la oposición, insisten en establecer la titularidad sindical, que fue impugnada por el TC en su fallo del 27 de abril pasado.

Al respecto, el vocero de La Moneda dijo que se trata de "una maniobra puramente política, que tiene el propósito de seguir intentando que aquello que no lograron con los votos en el Congreso, porque los chilenos le dieron el lugar de minoría, conseguirlo por otras vías".

El Primer Informe Nacional sobre Expulsión Escolar de la Superintendencia de Educación arrojó que un 17% de los estudiantes expulsados en 2015 no volvió a matricularse en el mismo año y un 10% lo hizo, pero repitió de curso. Es decir, un 27% perdió el año escolar.

El reporte, presentado en un seminario de la Universidad Católica, analiza lo ocurrido en 2015, un año antes de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión, el 1 de marzo pasado, y se basa en 490 denuncias recibidas por la institución a nivel nacional. Señala que en 2015 hubo 1,3 alumnos expulsados al día, en promedio.

Un desglose de las cifras revela que el 62% de las sanciones aplicadas por los establecimientos obedece a la acumulación de faltas disciplinarias por problemas de adaptación a las normas de la escuela, como hablar por celular, molestar a compañeros o gritar en la sala.

Un 31% se produjo por situaciones relacionadas con violencia y riesgo, entre las que predominan la agresión entre pares y, en menor medida, las de hurto, porte de armas y consumo de marihuana, cigarros y/o fármacos; y un 7% por casos de variado origen, como problemas con apoderados.

De acuerdo con el informe, 1° Medio es el curso más afectado, con un 16,7% de las expulsiones; seguido por 4° Medio (11,6%) y 8° Básico (11,1%). El género más afectado con esta medida es el masculino, con un 76%, tres veces más que en el femenino (24%).

El documento también señala que las sanciones por expulsión se registran incluso en el nivel parvulario, las que en general se deben a conductas de disciplina asociadas a hiperactividad, con casos en pre kínder (2%) y kínder (2,4%).

La Ley de Inclusión impide la cancelación de matrícula por rendimiento. De esta forma, los estudiantes tienen la oportunidad de repetir un curso en la enseñanza básica y otro en la enseñanza media. Además, no se puede expulsar en medio de un año escolar, salvo que se haya cometido alguna falta grave que ponga en riesgo la seguridad de los otros alumnos o de la comunidad.

Mabel González

La Fundación Avanza Chile, ligada al ex Presidente Sebastián Piñera, propuso una serie de medidas para modernizar la gestión de los municipios, enfatizando que los gobiernos locales "adquieren un rol central para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas".

Basándose en la experiencia de administraciones locales consideradas exitosas, tanto en Chile como en otro países, la organización publicó el informe "Municipios 3.0", en el que reúne 100 ideas con el fin de "aportar con contenido para quienes participan del mundo municipal", según dijo el director del Area Económico Social de Avanza Chile, Carlos Ríos.

La idea, afirmó el investigador, es que "los municipios se fortalezcan y muchas de estas propuestas contribuirían a que las municipalidades provean de mejores servicios a las persona".

Las acciones se concentran en tres grandes ejes: fortalecer a la comunidad, hacer crecer la economía local y liderar en calidad de servicios.

La fundación considera en su documento que las gestiones que han resultado exitosas "colocan al ciudadano en el centro de la toma de decisiones". Por ello se propone que los alcaldes orienten sus trabajos a mejorar la calidad de vida y la prestación de servicios para las personas.

Entre las iniciativas que destaca Avanza Chile se encuentra Vincles Barcelona, que nació con el objetivo de facilitar que las personas mayores de 75 años que viven solas o acompañadas de otros ancianos puedan continuar en su casa con la complicidad de su entorno, garantizando su bienestar social. En este caso, los "radares" no son sofisticados aparatos, sino una red de vecinos, comerciantes, voluntarios y profesionales de las entidades y servicios vinculados a los barrios, a quienes se les pide estar atentos a la dinámica diaria de las personas mayores y a eventuales cambios en su rutina o comportamiento.

Otro ejemplo es Ticket social, un programa de Buenos Aires que busca garantizar el acceso a productos de primera necesidad a las familias residentes en situación de pobreza y/o inseguridad alimentaria. El servicio consiste en una transferencia de dinero por medio de una tarjeta magnética para que las familias puedan adquirir alimentos y otros insumos.

Entre los casos locales, la entidad destaca "Papás a la pinta", puesto en marcha en La Pintana. Su objetivo es entregar asesoría jurídica, social y sicológica a los hombres para que puedan prepararse para enfrentar mejor el proceso legal de la separación asociado a la tenencia de sus hijos.

"Es fundamental modernizar los municipios y por eso se debe innovar: este consolidado de ideas aterriza ideas que se han aplicado con éxito en distintos países", sostuvo Ríos al comentar el análisis.

"Es fundamental modernizar los municipios y por eso se debe innovar. Este consolidado aterriza ideas que se han aplicado con éxito en distintos países".

Carlos Ríos, Avanza Chile