La Comisión Mixta despachó ayer el proyecto que establece penas de cárcel y aumenta las multas para los casos de colusión. De esta forma, la iniciativa quedó en condiciones de pasar a la Sala de la Cámara y posteriormente ser votada en el Senado.

Los representantes de la Cámara y el Senado llegaron a una fórmula para que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) tenga exclusividad para ejercer las acciones penales. El panel aprobó esa moción por ocho votos a favor y dos en contra para modificar el artículo 64.

Eso sí, se establece que el FNE deberá interponer obligatoriamente una querella en casos que se vulnere "gravemente" la libre competencia. En caso contrario, el titular de la FNE deberá emitir una "decisión fundada" respecto de su decisión.

Aunque la decisión significa un revés para el Ministerio Público, que buscaba tener la posibilidad de intervenir, la propuesta le entrega facultades como solicitar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el alzamiento de la confidencialidad o reserva de determinadas piezas de su expediente para la utilización en el proceso penal.

La iniciativa castiga con multas de hasta el 30% de las ventas de la línea de producto o servicio involucrado en la colusión o de hasta el doble del beneficio económico obtenido por los infractores. Los sancionados tendrán como pena la inhabilitación absoluta para desempeñar cargos de director o gerente en empresas del Estado, cargos de director o gerente en sociedades anónimas abiertas o sujetas a normas especiales o cualquier cargo directivo en asociaciones gremiales o colegios profesionales por entre siete y 10 años.

Delación compensada

Respecto de la delación compensada, el proyecto indica que el delator que primero haya aportado antecedentes a la FNE estará exento de responsabilidad penal, mientras que al segundo delator (que aporte datos adicionales) se le rebajará en un grado la pena.

Una baja de 40,58% experimentó la inversión en exploración minera en Chile hasta anotar US$ 615 millones en 2015, frente a los US$ 1.035 millones que exhibía en 2012, el monto más alto desde 1999. Según el estudio "Franjas metanógenas de los Andes Centrales: blancos clave para la exploración minera" de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), entre 2014 y 2015 la variación de gasto en exploración en Chile retrocedió 13,1%.

La caída a nivel mundial llegó a 18,3%. Entre 2000 y 2012 la inversión total en exploración aumentó más de siete veces, pasando de US$ 145 millones en 2000 hasta US$ 1.035 millones en 2012. El año pasado alcanzó US$ 615 millones.

A pesar del aumento en el presupuesto de exploraciones, el éxito de ellas, muy significativo entre 2000 y 2010 con el hallazgo de grandes yacimientos como Toki (2000), Esperanza Sur (2001), Quetena (2002), Los Sulfatos (2007), Pampa Escondida (2008), Escondida Este y Los Helados (2009), no ha ido en aumento, sino que ha tendido a disminuir desde el 2010 en adelante.

El director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, Jorge Cantallopts, dio que el déficit en este tipo de operaciones puede explicarse por "el azar o que se hace cada vez más difícil encontrar pese a que se invierte más".

"No necesariamente si se gasta más quiere decir que se haya explorado más, o probablemente sí, pero no en las mismas condiciones", agregó el ejecutico.

Entre 2000 y 2015 se hallaron 35 yacimientos de cobre, en el centro norte del país, gracias a los cuales se ha aumentado en 208,6 Mt la producción. De estos, el mayor número lo registra Codelco con 17, seguida por Antofagasta Minerals y Anglo American, con cuatro y tres hallazgos, respectivamente.

Los datos de Cochilco arrojan que, en el mismo periodo, se encontraron tres yacimientos de oro en esa zona del país, con un incremento de 34,3 Moz de oro los recursos y reservas anteriormente conocidos. Se trata Cerro Maricunga (Atacama Pacific Gold), Caspiche (Exeter Resources) y Alturas (Barrick).

La Región de Antofagasta, que es la región de mayor actividad minera del país, corresponde también a la región donde se localizan la mayor cantidad de yacimientos descubiertos. Corresponden a 15 nuevos yacimientos, de un total de 38 hallazgos identificados, todos ellos de cobre como mineral primario.

Unos $ 19 mil 588 millones habrían logrado recaudar entre 2009 y 2016 los dueños de la empresa de inversiones Rodríguez & Asociados, Carlos (37) y Claudio (45) Rodríguez Flores, a través de presuntas estafas piramidales en contra de unos 240 inversionistas. En la audiencia de formalización de cargos que se desarrolló ayer en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago (Centro de Justicia), el juez Juan Opazo decidió dejarlos con arresto domiciliario total y arraigo nacional, cautelares menores a la prisión preventiva que pedía el Ministerio Público.

Los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, presentaron antecedentes para tratar de probar los presuntos delitos de estafa reiterada, infracción a la Ley de Bancos y lavado de activos.

Según los persecutores, Rodríguez & Asociados exigía una inversión mínima de $ 50 millones a sus clientes, montos con los cuales pagaban la rentabilidad prometida, que podía ascender hasta 12% o 17% anual.

Según Norambuena, ambos empresarios se habrían concertado para captar clientes ofreciendo asesorías financieras y de inversiones, las que no habrían sido realizadas por la empresa.

Mínimo de $ 50 millones

De acuerdo a los antecedentes planteados por Norambuena, los involucrados solicitaban una inversión mínima de $ 50 millones, que podían ser entregados en seis meses.

Los hermanos Rodríguez exhibían a sus clientes fichas bancarias falsas con el supuesto comportamiento de la empresa y destacaban la presunta existencia de un Comité de Ética y Cumplimiento para la prevención de delitos, en línea con lo que pide la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) para acreditar la veracidad de las inversiones y la seriedad de la firma.

De acuerdo al fiscal Norambuena, la firma planteaba a sus clientes que en sus negocios podía ganar entre 0,3% y 2,1% mensual. No obstante, esas ganancias habrían sido inexistentes, ya que el retorno parcial de los dineros eran "utilidades falsas" que se construían como parte de los fondos aportados por otras víctimas.

El abogado Rodrigo de la Barra, defensor de los dueños de la firma, manifestó que "no hay antecedentes" sobre actos relacionados con lavado de activos y enfatizó que "hubo malas decisiones de inversión", por lo que "gran parte de los dineros se perdió".

El profesional destacó que cerca de $ 1.600 millones fueron entregados para reparar "con celo" el mal causado.

En mayo los hermanos Rodríguez se autodenunciaron ante el Ministerio Público y argumentaron que una fuga de clientes les impidió seguir pagando a sus clientes, por lo que decidieron cesar sus operaciones.

$ 50 millones era el aporte mínimo con el que la empresa captaba a sus potenciales clientes.

8 meses durará la investigación del caso, de acuerdo a lo estipulado por el juez del Cuarto Juzgado.

La Comisión Mixta despachó ayer el proyecto que establece penas de cárcel y aumenta las multas para los casos de colusión. De esta forma, la iniciativa quedó en condiciones de pasar a la Sala de la Cámara y posteriormente ser votada en el Senado.

Los representantes de la Cámara y el Senado llegaron a una fórmula para que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) tenga exclusividad para ejercer las acciones penales. El panel aprobó esa moción por ocho votos a favor y dos en contra para modificar el artículo 64.

Eso sí, se establece que el FNE deberá interponer obligatoriamente una querella en casos que se vulnere "gravemente" la libre competencia. En caso contrario, el titular de la FNE deberá emitir una "decisión fundada" respecto de su decisión.

Aunque la decisión significa un revés para el Ministerio Público, que buscaba tener la posibilidad de intervenir, la propuesta le entrega facultades como solicitar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el alzamiento de la confidencialidad o reserva de determinadas piezas de su expediente para la utilización en el proceso penal.

La iniciativa castiga con multas de hasta el 30% de las ventas de la línea de producto o servicio involucrado en la colusión o de hasta el doble del beneficio económico obtenido por los infractores. Los sancionados tendrán como pena la inhabilitación absoluta para desempeñar cargos de director o gerente en empresas del Estado, cargos de director o gerente en sociedades anónimas abiertas o sujetas a normas especiales o cualquier cargo directivo en asociaciones gremiales o colegios profesionales por entre siete y 10 años.

Delación compensada

Respecto de la delación compensada, el proyecto indica que el delator que primero haya aportado antecedentes a la FNE estará exento de responsabilidad penal, mientras que al segundo delator (que aporte datos adicionales) se le rebajará en un grado la pena.

Una baja de 40,58% experimentó la inversión en exploración minera en Chile hasta anotar US$ 615 millones en 2015, frente a los US$ 1.035 millones que exhibía en 2012, el monto más alto desde 1999. Según el estudio "Franjas metanógenas de los Andes Centrales: blancos clave para la exploración minera" de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), entre 2014 y 2015 la variación de gasto en exploración en Chile retrocedió 13,1%.

La caída a nivel mundial llegó a 18,3%. Entre 2000 y 2012 la inversión total en exploración aumentó más de siete veces, pasando de US$ 145 millones en 2000 hasta US$ 1.035 millones en 2012. El año pasado alcanzó US$ 615 millones.

A pesar del aumento en el presupuesto de exploraciones, el éxito de ellas, muy significativo entre 2000 y 2010 con el hallazgo de grandes yacimientos como Toki (2000), Esperanza Sur (2001), Quetena (2002), Los Sulfatos (2007), Pampa Escondida (2008), Escondida Este y Los Helados (2009), no ha ido en aumento, sino que ha tendido a disminuir desde el 2010 en adelante.

El director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, Jorge Cantallopts, dio que el déficit en este tipo de operaciones puede explicarse por "el azar o que se hace cada vez más difícil encontrar pese a que se invierte más".

"No necesariamente si se gasta más quiere decir que se haya explorado más, o probablemente sí, pero no en las mismas condiciones", agregó el ejecutico.

Entre 2000 y 2015 se hallaron 35 yacimientos de cobre, en el centro norte del país, gracias a los cuales se ha aumentado en 208,6 Mt la producción. De estos, el mayor número lo registra Codelco con 17, seguida por Antofagasta Minerals y Anglo American, con cuatro y tres hallazgos, respectivamente.

Los datos de Cochilco arrojan que, en el mismo periodo, se encontraron tres yacimientos de oro en esa zona del país, con un incremento de 34,3 Moz de oro los recursos y reservas anteriormente conocidos. Se trata Cerro Maricunga (Atacama Pacific Gold), Caspiche (Exeter Resources) y Alturas (Barrick).

La Región de Antofagasta, que es la región de mayor actividad minera del país, corresponde también a la región donde se localizan la mayor cantidad de yacimientos descubiertos. Corresponden a 15 nuevos yacimientos, de un total de 38 hallazgos identificados, todos ellos de cobre como mineral primario.

Unos $ 19 mil 588 millones habrían logrado recaudar entre 2009 y 2016 los dueños de la empresa de inversiones Rodríguez & Asociados, Carlos (37) y Claudio (45) Rodríguez Flores, a través de presuntas estafas piramidales en contra de unos 240 inversionistas. En la audiencia de formalización de cargos que se desarrolló ayer en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago (Centro de Justicia), el juez Juan Opazo decidió dejarlos con arresto domiciliario total y arraigo nacional, cautelares menores a la prisión preventiva que pedía el Ministerio Público.

Los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, presentaron antecedentes para tratar de probar los presuntos delitos de estafa reiterada, infracción a la Ley de Bancos y lavado de activos.

Según los persecutores, Rodríguez & Asociados exigía una inversión mínima de $ 50 millones a sus clientes, montos con los cuales pagaban la rentabilidad prometida, que podía ascender hasta 12% o 17% anual.

Según Norambuena, ambos empresarios se habrían concertado para captar clientes ofreciendo asesorías financieras y de inversiones, las que no habrían sido realizadas por la empresa.

Mínimo de $ 50 millones

De acuerdo a los antecedentes planteados por Norambuena, los involucrados solicitaban una inversión mínima de $ 50 millones, que podían ser entregados en seis meses.

Los hermanos Rodríguez exhibían a sus clientes fichas bancarias falsas con el supuesto comportamiento de la empresa y destacaban la presunta existencia de un Comité de Ética y Cumplimiento para la prevención de delitos, en línea con lo que pide la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) para acreditar la veracidad de las inversiones y la seriedad de la firma.

De acuerdo al fiscal Norambuena, la firma planteaba a sus clientes que en sus negocios podía ganar entre 0,3% y 2,1% mensual. No obstante, esas ganancias habrían sido inexistentes, ya que el retorno parcial de los dineros eran "utilidades falsas" que se construían como parte de los fondos aportados por otras víctimas.

El abogado Rodrigo de la Barra, defensor de los dueños de la firma, manifestó que "no hay antecedentes" sobre actos relacionados con lavado de activos y enfatizó que "hubo malas decisiones de inversión", por lo que "gran parte de los dineros se perdió".

El profesional destacó que cerca de $ 1.600 millones fueron entregados para reparar "con celo" el mal causado.

En mayo los hermanos Rodríguez se autodenunciaron ante el Ministerio Público y argumentaron que una fuga de clientes les impidió seguir pagando a sus clientes, por lo que decidieron cesar sus operaciones.

$ 50 millones era el aporte mínimo con el que la empresa captaba a sus potenciales clientes.

8 meses durará la investigación del caso, de acuerdo a lo estipulado por el juez del Cuarto Juzgado.