Experto destacó los avances en participación ciudadana en Los Ríos
EN COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. El doctor en Sociología, Gonzalo de la Maza, abordó las falencias de la Ley 20.500 y dijo que la capacidad vinculante de las instancias de participación debe ser fortalecida.
Financiamiento, creación de institucionalidad y capacidad sancionatoria y vinculante son los cuatro pilares que a juicio del presidente del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Gonzalo de la Maza, deben ser fortalecidos para alcanzar una efectiva participación ciudadana. El doctor en Sociología asistió a en la sesión del Consejo de Seguimiento para la Región Modelo -en Valdivia- donde destacó la alta capacidad de la ciudadanía y del intendente Egon Montecinos para promover una agenda de instalación de la participación en la gestión regional.
De La Maza preside el Consejo Nacional, entidad conformada por 24 miembros, la que fue creada por decreto el 14 de enero de este año, con el objetivo de asesorar a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en la elaboración de una propuesta de reforma a la Ley N°20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana.
En los ríos
Para el doctor en Sociología no se trata solamente de formular leyes que impulsen la participación, también es clave la voluntad de los actores y traducir ésta en prácticas concretas.
"Y aquí en Los Ríos lo que uno observa es que estas prácticas van bien encaminadas, tanto en la ciudadanía organizada en términos de diversidad y un trabajo continuo, como en un gobierno regional que ha introducido innovaciones concretas como el Fondo Regional de Iniciativa Local (Fril) participativo, el formular una política de participación y luego tener un seguimiento de esa política", destacó.
En su análisis de los avances en materia de participación en Los Ríos, valoró como elemento clave que la región nació de la demanda de los propios ciudadanos. Luego -afirmó- el desafío era definir qué tipo de institucionalidad construir y, en ese sentido, planteó que inicialmente no hubo innovación, "se conformó la región pero en los mismos términos que todas las demás", sostuvo.
Agregó que: "Con la administración del intendente Montecinos se dio una convergencia afortunada, porque se trata de una persona que tiene un compromiso bien claro con el tema de la participación ciudadana, es su materia de trabajo, tenía un conocimiento y un convencimiento y, adicionalmente, la Presidenta lo instruyó en esos términos, lo empoderó para desarrollar esa función".
Demanda
De La Maza afirmó que la actual demanda por participación es significativa. Un ejemplo de ello - explicó- es que en los encuentros locales autoconvocados del Proceso Constituyente fue una prioridad la solicitud de instalar mecanismos de consulta y plebiscitos.
Sin embargo, sostuvo que no existen las estructuras institucionales adecuadas para canalizar esa demanda. "La tendencia es más bien a una participación que termina siendo confrontacional, que termina incluyendo mucha frustración o que simplemente no encuentra canales para hacerse escuchar", dijo y enfatizó que esta materia debería ser una prioridad en la agenda política e institucional.
En esa línea, aseguró que existe la voluntad presidencial para que la participación se instale en la gestión pública y dote de mecanismos que fortalezcan a la sociedad civil, aspecto que -precisó- la ley sobre participación ciudadana hoy día no incluye.
"La Ley 20.500 es muy débil, no cuenta con un organismo fiscalizador ni supervisor, no cuenta con instrumentos para saber si está avanzando o no. Nosotros tenemos datos preocupantes: 130 municipios no tienen Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil (Cosoc); de los servicios públicos y ministerios hay 115 que debiesen tenerlo y hay 30 que no los tienen", aseguró.
En ese escenario, si un alcalde no cumple con el mandato de la ley respecto de la conformación de los Cosoc no es sancionado.
Además, sostuvo que el financiamiento para que el consejo desarrolle su labor también es materia de análisis y es un desafío para avanzar en participación.
En otro ámbito, planteó que las instancias participativas institucionales, con excepción de plebiscitos comunales, no tienen consecuencias vinculantes. "Eso significa que son instancias que teniendo valor también tienen muchas limitaciones; si uno analiza las atribuciones del Cosoc comunal se da cuenta que son mínimas", aseguró.
En ese contexto, dijo que el desafío es ser capaces de proponer instancias que tengan incidencia en las decisiones que se tomen y que, al mismo tiempo, sean compatibles con los mecanismos de representación de la democracia política. "Nosotros creemos más bien que hay que ampliar el paradigma democrático incorporando mecanismos de participación que van desde la democracia directa, incorporar nuevas instituciones y ampliar la posibilidad de hacer plebiscitos comunales", sostuvo.
A lo que añadió que: "Si participar significa que tengo que ir a reuniones largas con gente que tiene distintas visiones, la verdad es que no tiene mucho destino" .
"(El Gore) ha introducido innovaciones concretas como el Fondo Regional de Iniciativa Local (Fril) participativo (...)" "Las instancias participativas institucionales, con excepción de los plebiscitos comunales, no tienen consecuencias vinculantes". Gonzalo de la Maza Pres. Cons. Nac, de Participación"
Realizarán seminario en Valdivia
El 12 de agosto el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil -en conjunto con el Gobierno Regional y el Consejo de Seguimiento para la Región Modelo y la Universidad Austral de Chile- realizará un seminario en Valdivia, con el objetivo de presentar las propuestas prioritarias para la modificación de la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública y recibir la retroalimentación de los actores sociales locales en torno a esa materia. "La idea es que este seminario ayude a conectar la conversación regional que ya existe con la reflexión del Consejo Nacional", explicó Gonzalo de la Maza. Ese mismo día, las propuestas prioritarias serán sometidas a consulta pública entre los dirigentes sociales con la finalidad de construir el informe que el Consejo debe entregar a la Presidencia.