La Presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rou-sseff, se comprometió ayer a promover un plebiscito sobre la posibilidad de adelantar las elecciones previstas para 2019, siempre que fuera absuelta en el juicio político que enfrenta y recuperase el poder.

Rousseff anunció ese compromiso durante un pronunciamiento en el que presentó los términos de la llamada "Carta a los Brasileños", divulgada diez días antes de que el Senado inicie la fase final del proceso que puede terminar con su destitución.

En su pronunciamiento, Rousseff insistió en su inocencia de las acusaciones de manejo irregular de los presupuestos. También dijo que si se llega a su destitución, Brasil estará ante un "golpe de Estado" y sostuvo que la solución para la crisis política y económica del país "pasa por el voto popular en unas elecciones directas".

Rousseff fue suspendida de sus funciones el 12 de mayo pasado, cuando el Senado instauró un proceso de destitución cuya fase final comenzará el próximo 25 de agosto y se prevé que durará entre tres y cinco días, posiblemente con su condena y desalojo del poder.

La Mandataria perderá el cargo si así lo decide una mayoría calificada de 54 votos (dos tercios del Senado), una cantidad que los favorables a su destitución en el Senado ya parecen haber consolidado.

Hace diez días, en una votación que dio continuidad al proceso, los votos favorables a que se llegue a la destitución sumaron 59, frente a 21 que pidieron archivar la causa.

"Nueva jornada política"

Según Rousseff, si se "reconoce" su inocencia y es absuelta, caso en el que recobraría el poder, "será reafirmado el Estado democrático de Derecho" y "se deberá construir una nueva jornada política", que lleve a adelantar las elecciones previstas para octubre de 2018.

En caso de que Rousseff sea destituida, su mandato lo completará Michel Temer, quien como Vicepresidente la sustituye en el cargo desde el momento de su suspensión.

Roger Ailes, cerebro de Fox News que renunció hace unas semanas al cargo de presidente y director ejecutivo del canal de noticias por un escándalo sexual, asesorará a Donald Trump en los debates que deberá afrontar de cara a las elecciones presidenciales de EE. UU. del 8 de noviembre.

Según The New York Times, el ex productor se unirá al equipo de campaña del candidato republicano a la Casa Blanca, a poco más de un mes de que se celebre el primer debate presidencial entre el magnate y su rival demócrata, Hillary Clinton, que tendrá lugar el 26 de septiembre en la Hofstra University, en Long Island, Nueva York.

La inclusión de Ailes ocurre en medio de un complejo momento para Trump, cuyo respaldo ciudadano ha caído en las últimas encuestas a nivel nacional.

El escándalo protagonizado por Roger Ailes (76) emergió en julio pasado, cuando la ex presentadora de Fox News Gretchen Carlson interpuso una demanda por acoso sexual contra el entonces presidente de la cadena estadounidense. En ella, la mujer alegó que la empresa rescindió su contrato por haber rechazado las insinuaciones de Ailes.

Según dijo Carlson en el libelo, Ailes "se la comía con los ojos, hacía comentarios sobre sus piernas, le pedía que vistiera prendas que resaltaran su figura y le dijo que era sexy aunque requería mucho trabajo".

Mabel González / Agencias

Dos fiscales pidieron ayer que la ex Presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner sea llamada a prestar declaraciones indagatorias, por el supuesto montaje de una estructura para favorecer al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de obras públicas durante su gobierno (2007-2015).

Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques consideraron que la presunta "maniobra para defraudar con la obra pública al Estado" se edificó sobre cuatro pilares, basados en la "exportación de una estructura montada con gente de confianza" desde la sureña provincia de Santa Cruz, según detalló la agencia estatal de noticias Télam, que accedió al dictamen.

El caso

El requerimiento de los fiscales, que va dirigido al juez Julián Ercolini e incluye a otros 33 acusados, se refiere a la construcción de rutas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que estuvo a cargo de Austral Construcciones y sus empresas satélites, propiedad de Báez, quien está detenido desde hace meses acusado de lavado de dinero.

Los persecutores señalaron que Fernández y Báez, ex empleado de un banco, "se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad internacional ha definido como hechos de corrupción".

Los fiscales entendieron que hubo una planificación para que Báez se quedara con prácticamente el 80% de los proyectos viales de Santa Cruz y para ello primero lo introdujeron en el mundo de la construcción de grandes obras sin que tuviera antecedentes para ello.

"El amigo y socio comercial de la ex familia presidencial era el más beneficiado en los procesos de licitación, adjudicación y control de obra pública vial que eran asignados a las empresas de su grupo económico -entre ellas, Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti y Sucesión de AdelmoBiancalani-", sostuvieron los fiscales, según detalló la agencia de noticias DyN.

En el documento, Pollicita y Mahiques también solicitan al juez que dicte "la inhibición general de bienes" para los implicados.