El Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia acogió parcialmente la demanda laboral interpuesta por Manuel Figueroa Saldivia contra un astillero, por el daño moral sufrido tras contraer una enfermedad profesional, originada por las labores que el trabajador cumplió entre 2011 y 2016.

En el fallo, el tribunal acogió la acción judicial presentada por el demandante y ordenó al astillero pagar una indemnización tras establecer que la enfermedad laboral de Figueroa es producto de las labores que cumplía como trabajador en la empresa, de acuerdo a lo informado por la Mutual de Seguridad de la CChC.

"La prueba documental acompañada por el demandante acredita la enfermedad profesional que padece el trabajador. El actor debió ser reubicado en su puesto de trabajo por haber sido evaluado en la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción con patología de origen laboral con el objeto de evitar los riesgos músculo esqueléticos a los cuales se veía expuesto, en razón de tiempo de exposición, movimientos repetitivos y exceso de fuerza", consigna la sentencia.

Figueroa quedó con una incapacidad permanente del 70% determinada por el Compín, por lo que percibe una pensión mensual permanente. El mismo oficio contiene una multiplicidad de atenciones médicas, tratamientos, remedios "especialmente para el dolor", precisa el fallo.

Y concluye que la empresa debe pagar $16 millones sin costas.

Este es el cuarto caso de indemnización que debe pagar la misma empresa, por causas similares. Hace una semana, la demanda de otros tres trabajadores fue acogida y en el fallo, junto con ratificarse la acción judicial, se determinó que la empresa deberá pagar $32 millones a Víctor Alarcón, Roberto Jara y Víctor Zumelzu.

El monto a cancelar, se estipuló tras acreditar la responsabilidad de la empresa en la enfermedad profesional de los tres trabajadores.

Carabineros de la Subcomisaria Oscar Cristi Gallo de Valdivia detuvieron a tres mujeres y dos hombres que mantenían en su poder tres armas de fuego, municiones, drogas y especies robadas.

Previo a su captura, el grupo había amenazado con una pistola a un hombre, robándole 20 mil pesos. La denuncia del hecho, derivó la ubicación del quinteto al interior de una residencia de la población Pablo Neruda, donde fueron encontrados consumiendo drogas. Desde el lugar, Carabineros decomisó 75 envoltorios de pasta base de cocaína, una bolsa con 10 gramos de la misma droga y tres pistolas con munición.

Además fueron incautados dos notebook, una cámara fotográfica, dos relojes, dos pesas digitales, un kit se limpieza de armamento y dos tablet, cuya procedencia no pudieron acreditar.

Uno de los imputados, J.H.C.N. (26) registra antecedentes penales por microtráfico, robo en bienes nacionales, robo con violencia, receptación y lesiones menos graves. Todos pasaron a control de detención por tenencia ilegal de armas de fuego y munición, microtráfico y receptación.

Con el objetivo de entregar una atención integral a víctimas de violencia intrafamiliar (VIF), Carabineros de todas las Unidades y Destacamentos de la Zona Los Ríos participaron de una jornada de capacitación dictada por la Zona de Prevención y Protección de la Familia.

En la ocasión abordaron la Ley de N° 20.066 de Violencia Intrafamiliar y las diligencias necesarias para hacer llegar las denuncias al organismo competente, considerando la importancia de parte policial.

En este sentido, se enumeraron las obligaciones de carabineros ante este tipo de hechos y los protocolos de actuación según el nivel de riesgo.

Asimismo, se dieron a conocer las estadísticas de los casos a nivel nacional y regional y las alianzas con otros organismos gubernamentales para prevenir, sancionar y enfrentar la VIF y el femicidio.

Para brindar una mejor atención a las víctimas de estos casos, las Comisarías de Carabineros cuenta con una "Sala Familia", espacio diferente donde se reciben estas denuncias y se entrega atención psicológica, social y legal a las víctimas.

Victoria Gatica Villegas

Preocupadas se encuentran las 86 familias que habitan en los sectores rurales de Chabelita, Punucapa Alto y Potreros Alto del sector costero de Valdivia, debido a que aseguran que "hay una demora demasiado grande en la concreción del proyecto de Agua Potable Rural (APR) en el sector".

Producto de la necesidad de contar con agua potable en el sector, los vecinos se organizaron en 2006 y conformaron el Comité de APR Chabelita, con ayuda de la Junta de Vecinos R29 Chabelita.

"Como comité y sin ser región de Los Ríos, ya teníamos avanzado el proyecto de APR. El proyecto ha cumplido todas las etapas y debería haber iniciado su ejecución el año pasado, pero luego de otorgarse los recursos, que eran en el orden de 600 millones, en enero de 2017 se llamó a concurso para el inicio de las obras del proyecto, cuyo diseño estaba listo en 2011", explicó Andrés Barriga, presidente de la Junta de Vecinos R29.

Carta

A través de una carta dirigida a la dirección de Obras Hidráulicas (DOH) Los Ríos, al seremi del Mop Jorge Alvial y al intendente Ricardo Millán, que fue recepcionada el 4 de abril, los vecinos manifestaron que "tenemos malestar por la poca seriedad con que se ha manejado el proyecto, más aún por tratarse de un servicio de vital importancia como es el agua".

Asimismo, la misiva señala que "no entendemos cómo la DOH recibió los estudios en su oportunidad y luego se presentaron a diversas instancias de evaluación para ser licitado y una vez en esa etapa se nos informa a través de un funcionario de Essal, que correspondía cancelar una servidumbre de paso por $3 millones, de lo contrario no existirá la factibilidad de conectar la tubería y la energía eléctrica a las bombas de captación y ante esa presión e incertidumbre se consiguieron los recursos", precisa.

"Se nos informó que un número de vecinos y propietarios cuya nómina tampoco está clara deben otorgar las servidumbres que se superponen al trabajo que se encuentra abocado en el departamento de expropiación de Vialidad producto del estudio del proyecto de asfaltado de Torobayo- Curiñanco", puntualiza la carta.

El seremi de Obras Públicas, Jorge Alvial, precisó que los recursos para estas obras están aprobados y los financiará el MOP. "Este es un tema técnico, del cual los vecinos han sido informados a través de la directiva de APR. Existían incompatibilidades técnicas y expropiaciones que hay que hacer, pero no se contaba con la autorización de todos los propietarios, debido a que el proyecto está contextualizado en que la ruta Torobayo-Curiñanco tenga el estándar del futuro proyecto de pavimentación que se realizará y no pensada para la ruta actual", dijo.