Matías Jullian / Agencias

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, disolvió ayer dos consejos de asesores empresariales que en los últimos días ya habían perdido a algunos de sus integrantes, quienes renunciaron por los polémicos dichos del Mandatario con respecto a los hechos de violencia racista ocurridos el sábado en Charlottesville, Virginia.

Sus primeras palabras al enterarse de que un extremista de derecha atropelló a varias personas durante una marcha supremacista, dejando a una fallecida y 19 heridos, causaron indignación ya que reprochó "a varios lados" y no condenó particularmente a los supremacistas. Y si bien el lunes rectificó sus palabras, al asegurar que "el racismo es el mal", ayer volvió a insistir en que "ambos bandos" deben ser culpados, apuntando tanto a los de extrema derecha como a los de izquierda, quienes se presentaron a protestar en la marcha.

Entre lunes y martes, un grupo de varios de sus asesores empresariales más cercanos, entre los que se incluyen los CEO de Merck, Under Armour e Intel, renunciaron a raíz de la polémica racista. Y ayer, el Presidente optó por eliminar por completo dos de sus foros de asesores para evitar nuevas renuncias. "Más que meter presión a los empresarios del Consejo de Fabricantes Estadounidenses y el Foro de Estrategia y Política, voy a acabar con ambos. ¡Gracias a todos!", anunció vía Twitter.

Aunque los consejos de asesores son órganos externos que generalmente desempeñan un papel meramente simbólico, la disolución de los dos principales foros empresariales supone un duro golpe para quien había prometido reactivar la economía y beneficiar a las compañías de EE.UU. Trump, además, surgió y siempre se ha mostrado cercano al mundo empresarial.

Cae su respaldo

El rechazo de los empresarios fue sólo la primera parte. Desde el martes, varias personalidades del partido republicano, al cual pertenece el Mandatario, han salido a criticarlo duramente por sus palabras. Sin mencionarlo, los dos expresidentes republicanos de EE.UU. que siguen vivos, George H. W. Bush (1989-1993) y George W. Bush (2001-2009), emitieron un comunicado en el que llamaban a "rechazar la intolerancia racial, el antisemitismo y el odio en todas sus formas".

Paul Ryan, el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, escribió en Twitter que "debemos ser claros. La supremacía blanca es repulsiva. Este fanatismo es contrario a todo lo que representa este país. No puede haber ambigüedad moral".

A ellos se sumó el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, quien señaló que "no podemos tener ninguna tolerancia con una ideología de odio racial. No hay neonazis buenos y aquellos que comparten sus ideas no apoyan los ideales y libertades estadounidenses".

Más duro aún fue el senador republicano Lindsey Graham, quien advirtió a Trump de que sus palabras "están dividiendo a los estadounidenses" y rechazó que haya una "equivalencia moral" entre los supremacistas blancos y los contramanifestantes.

Las críticas se han colado incluso en la Casa Blanca: el diario The New York Times informó de que uno de los principales asesores del Mandatario, el director del Consejo Económico Nacional, Gary Cohn, quien es judío, está "profundamente molesto" y "disgustado" por el tema, aunque no planea abandonar su cargo.

Ayer, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela instaló la llamada "Comisión de la Verdad", instancia que tendrá entre sus principales objetivos evaluar a los candidatos a las elecciones de gobernadores de octubre e investigar sobre hechos de violencia ocurridos en las protestas, que ya se han extendido por más de cuatro meses en el país presidido por Nicolás Maduro, dejando más de un centenar de muertos.

Según la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, este órgano plenipotenciario ha solicitado al Poder Electoral un listado completo de quienes se han inscrito para los comicios de octubre, "a fin de determinar si algunos de los postulados está incurso en algún hecho de violencia que haya afectado la paz y la tranquilidad pública".

Agregó que "esta comisión será muy cuidadosa, será muy celosa, de prevenir que exista algún postulado o postulada a cargo de gobernador o gobernadora que esté o haya estado incurso en la violencia con fines políticos".

Por lo mismo, la instancia también tendrá la misión de investigar sobre los hechos violentos ocurridos en manifestaciones. Estas indagaciones, según Rodríguez, irán dirigidas a "los responsables de la convocatoria y la organización de estos hechos violentos", que en el caso de la mayoría de las multitudinarias marchas y protestas antigubernamentales fueron convocadas por decisión unánime de todos los líderes de la principal alianza opositora, Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

El Parlamento regional de Cataluña aplazó ayer la decisión de tramitar una propuesta de ley para convocar un referéndum sobre la independencia de esta comunidad autónoma de España, que tanto el Gobierno nacional como el Tribunal Constitucional (TC) consideran ilegal. La Mesa de la Cámara regional, encargada de organizar la actividad parlamentaria, no incluyó esta cuestión en el orden de la jornada de ayer, cuando comenzaron un nuevo período de sesiones.

En declaraciones a la prensa, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, justificó que se haya pospuesto el inicio de la tramitación de la ley por su "complejidad". Ante esto, el TC hispano decidió ayer mantener la suspensión de la reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña, que posibilita acelerar la aprobación de leyes propias, como la de un referéndum independentista, el que en un principio estaba fijado para el 1 de octubre pero ahora está en vilo.