Familiares del hombre de 52 años que fue apuñalado en la feria libre de la población San Luis el 23 de mayo de 2015 y que resultó fallecido horas más tarde en el Hospital Base, piden que se esclarezcan los motivos del homicidio, aludiendo a que se debería a una presunta infidelidad y no a un asalto como se señaló en el juicio oral que comenzó el lunes. Asimismo, aseguraron que se mantienen tranquilos, debido a que si bien el hombre de 44 años, acusado del homicidio se encuentra sin medidas cautelares, el fiscal Daniel Soto solicitó diez años de cárcel para el acusado.

Carabineros atrapó a dos ladrones que volcaron camioneta en la que huían

Dos personas fueron detenidas por robar en un colegio y un fundo del sector Vivanco. Carabineros de la Cuarta Comisaría informó que los delincuentes fueron aprehendidos tras volcar la camioneta en la que huían en el puente PichiChirre. Los imputados, U. R. P. R. (43) y P. A. R. V. (22), reconocieron los delitos luego que el Gope encontrara en el interior del vehículo una motosierra sustraída del fundo. El subcomisario de Río Bueno, capitán Luis Arenas, destacó que las indagaciones para establecer la procedencia de la especie encontrada en la camioneta determinaron, además, la participación de los imputados en el otro robo que afectó a la escuela de Filuco, desde donde sustrajeron alimentos no perecibles.

Un hombre de 49 años fue condenado a cumplir una pena de siete años y 184 días de presidio, luego que la Fiscalía Local de Valdivia acreditara en un juicio oral su participación en calidad de autor de un delito de robo con fuerza en lugar destinado a la habitación, en grado de tentativa.

El fiscal Daniel Soto presentó durante el juicio una serie de pruebas con las que demostró ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia que el acusado Fernando Adrián Pérez López cometió este delito el 20 de febrero de 2016 en una vivienda ubicada en la Villa Santa Elena, de Valdivia.

En el juicio, la defensa del acusado había solicitado al tribunal que recalificara el delito por el de violación de morada. Sin embargo, los jueces que integraron la segunda sala estimaron por unanimidad que la calificación jurídica del hecho corresponde a la efectuada por la Fiscalía en su acusación.

El fiscal del Ministerio Público explicó que el hecho ocurrió cuando "el acusado fue a la casa de la víctima e ingresó a ella saltando por una reja, siendo sorprendido por Carabineros -que llegaron al lugar alertados por vecinos- cuando estaba forzando la puerta principal del inmueble con un destornillador".

El Consorcio Lechero, articulador del sector lácteo en Chile, manifestó su apoyo a Aproval A. G. por denunciar la comercialización de productos líquidos de origen vegetal que son vendidos bajo la denominación de "leche". "Apoyamos la denuncia de Aproval. La leche y sus derivados deben ser protegidos adecuadamente y no ser confundidos con jugos o bebidas vegetales. El etiquetado y su comercialización a público debe ser clara y diferenciada, sin atribuirse propiedades que corresponden sólo a productos de origen lácteo", dijo Sebastián Ganderats, gerente general del Consorcio Lechero.

La Fiscalía de Río Bueno formalizó ayer una investigación en contra de un hombre de 30 años, debido a su presunta participación en calidad de autor del delito de violación en contra de una menor de edad.

El fiscal jefe de Río Bueno, Sergio Fuentes, explicó que la víctima de este hecho es la hija de 6 años del imputado. "Los hechos ocurrían en la noche, cuando el imputado y la menor quedaban solos en la vivienda, debido a que la madre de la niña asistía a clases", precisó.

Asimismo, solicitó al Juzgado de Garantía la prisión preventiva del imputado, por considerar que su libertad constituiría un peligro para la seguridad de la víctima, lo que fue acogido por el tribunal. Debido a su rol constitucional de dar protección a quienes han sido víctimas o testigos de delito, la Fiscalía no dio a conocer el nombre del imputado, para evitar que con su identificación se pudiera también identificar a la víctima.

En la audiencia de formalización de la investigación, el tribunal determinó que la Fiscalía Local de Río Bueno tendrá un plazo judicial de 120 días para llevar adelante la investigación de esta causa.

Victoria Gatica Villegas

En el Juzgado de Garantía de Valdivia fue formalizada la investigación por uso malicioso de documentación falsa en contra de la ex directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Pamela Godoy Palma y el ingeniero ambiental Paulo Alarcón Martínez, quienes trabajan en la consultora de Asesoría Ambiental PGP.

La investigación surgió luego que el antropólogo Jaime Hernández denunciara en diciembre de 2016 el uso de su firma digital en informes que el profesional elaboró relativos al proyecto de centro de engorda en las costas de Valdivia y Mariquina.

En ese sentido, Hernández aseguró que él hizo levantamiento de información en terreno para la empresa consultora que lidera la ex autoridad; no obstante, destacó que no se condice con las conclusiones que finalmente fueron presentadas en los estudios y que llevaban su firma.

La fiscal María Consuelo Oliva detalló en la audiencia que por instrucción de Pamela Godoy, el imputado Paulo Alarcón "en conocimiento de su falsedad, procedió a copiar digitalmente la firma de la víctima, seleccionando un documento disponible en la web para luego consignarlo en tales informes. De esta forma, los imputados utilizando la firma digital, fingieron la participación de la víctima", manifestó la fiscal.

"no hay falsificación"

La abogada de Pamela Godoy, Carole Montory, fue enfática en señalar que el uso de la firma del antropólogo se realizó con su consentimiento. "Vamos a sostener la inocencia de mi representada, en el sentido que acá hubo autorización por el antropólogo en orden a colocar su firma digital en el informe que se envió al SEA, por lo que no hay falsificación por parte de mi representada", dijo.

Y detalló que el antropólogo efectuó un informe que fue remitido al mail de Godoy, por lo que ella se basó en dicha documentación final para la presentación en el SEA.

El Juzgado de Garantía de Valdivia dispuso de 120 días como plazo para el desarrollo de la investigación con posibilidad de prórroga y no decretó medidas cautelares.