La Cámara de Diputados publicará todos los informes de asesorías parlamentarias y dará publicidad a los asesores externos que sean sancionados en su rol, como parte de las primeras medidas de transparencia luego de la polémica por las asesorías "copy-paste" pagadas por al menos 40 parlamentarios.

La corporación agregó que todos los documentos estarán disponibles en su sitio web.

Con estas reglamentaciones, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza (PS), la institución pasará de "transparencia pasiva a activa".

Los plazos

"Hemos comprometido, esto a partir del 1 de octubre, publicar todos los informes en la página web de la Cámara de Diputados, todos los informes parlamentarios. Esto implica un cambio sustancial, porque no implica que alguien tenga que llegar a través de Transparencia a solicitarlos", afirmó.

"Vamos a publicar hasta en un plazo de 30 días, amparados en la ley, todos aquellos asesores externos que sean sancionados por la Corporación de acuerdo a las infracciones que se cometan en el desarrollo de sus funciones", agregó el titular de la Cámara.

Según Espinoza, junto a lo anterior se entregó la facultad a la administración de la Cámara para suspender el pago en cualquier asesoría sobre la que existan dudas respecto de alguna posible irregularidad.

Desmienten acuerdo

El presidente de la Cámara Baja hizo alusión al acuerdo que informó su par del Senado, Andrés Zaldívar, quien propone remover las asesorías externas de los comités parlamentarios y traspasar el gasto por asignaciones a los ex Presidentes a la Segpres, lo que generaría un excedente de $ 850 millones en el Senado que deberán ser traspasados a la Cámara Baja.

"Tengo entendido que en todos los acuerdos tenemos que estar todos, y yo aún no he sido informado de aquello. No sabemos si eso es suficiente (los $ 850 millones). Los senadores tienen hoy un nivel de asignaciones que es muy superior a los diputados. Con ese dinero que se nos está planteando no alcanzamos a llegar a la meta ( 'costo 0')", comentó.

La Presidenta Michelle Bachelet promulgó ayer la ley que despenaliza el aborto en tres causales, cerrando un proceso de dos años y medio en los que la norma impulsada por la Mandataria superó embates de iglesias y parte de la oposición.

Aprobada en el Congreso en agosto, la ley apunta a inviabilidad del feto, peligro de vida de la madre y violación, que logró sortear el Tribunal Constitucional, que desestimó recursos presentados por Chile Vamos que buscaban frenar la norma.

"Las mujeres de Chile hemos conquistado o reconquistado un derecho básico, el poder decidir por nosotras mismas frente a casos extremos", dijo Bachelet ente unas 1.500 personas que presenciaron el acto en La Moneda.

Según indica la misma ley, hay 90 días, a partir de la promulgación, para que el Gobierno afine los reglamentos que permitirán su implementación. Por ende, se prevé que a mediados de diciembre se realicen las primeras prestaciones en centros de salud.

Las causales

Al despenalizar el aborto cuando la vida de la mujer embarazada se encuentre en peligro se busca permitir que tenga acceso a los tratamientos médicos necesarios para preservar su vida, aun cuando la realización de los mismos implique la interrupción del embarazo.

La ley especifica que, para realizar la intervención, se deberá contar con el respectivo diagnóstico médico. Además, en caso de que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable, los médicos o instituciones que hayan invocado la objeción de conciencia no podrán excusarse de realizar la interrupción del embarazo, en caso de no haber otro médico cirujano que pueda realizarlo.

Inviabilidad

Respecto de la inviabilidad fetal de carácter letal, en los casos en que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal, la mujer podrá decidir si interrumpe o no su embarazo. La ley expresa que para realizar dicha intervención se deberá contar con dos diagnósticos médicos en igual sentido de médicos especialistas.

Los diagnósticos deberán realizarse de forma previa y por escrito. Si bien durante la discusión parlamentaria se habló de la anencefalia o la preeclampsia severa, el texto legal no enumera patologías debido a que dependerá de la evaluación médica (sujeta a avances científicos). El Gobierno ha señalado que el síndrome de down está fuera de esta causal, como lo plantearon parlamentarios opositores.

El prestador de salud deberá proporcionar los cuidados paliativos que cada caso requiera en ambos casos: tanto si se tratara del parto como de la interrupción del embarazo con sobrevivencia del nacido.

En cuanto a la causal de interrupción del embarazo producto de una violación, la ley estipula que será un equipo médico, especialmente conformado para el efecto, el que debe confirmar los hechos y la edad gestacional. Deberá informar por escrito a la mujer o a su representante legal y al jefe del establecimiento hospitalario o clínica particular donde se solicita la interrupción.

Denuncia

Además, se proveerá a la mujer de toda la información necesaria para presentar la denuncia relativa al ataque. El plazo para la interrupción del embarazo es de 12 semanas de gestación. Para las menores de 14 años, este plazo se extenderá hasta las 14 semanas.

días tiene la ley para entrar en vigencia. A mediados de diciembre comenzarían los procedimientos. 90