Cristián Tralcal, el vocero de los comuneros mapuche detenidos en Temuco, en la región de La Araucanía, anunció ayer que Pablo y Benito Trangol, además del lonco Alfredo Tralcal, decidieron deponer la huelga de hambre que mantenían hace 117 días, luego que el Gobierno anunciara la recalificación de la querella por Ley Antiterrorista que pesaba sobre ellos.

Por su parte, el cuarto huelguista, Ariel Trangol, rechazó bajar la medida ya que asegura desconfiar de los verdaderos motivos del Ejecutivo, a raíz del anuncio de la noche del viernes.

Hospitalización

Ayer también la Corte de Temuco decidió de forma unánime autorizar a Gendarmería para que trasladen a un recinto asistencial a los hermanos Pablo y Ariel Trangol, por su delicado estado de salud tras el prolongado ayuno, solicitud cursada por las propias autoridades policiales.

Por medio de un comunicado publicado en el sitio oficial del Poder Judicial se informó que esta determinación fue adoptada "a objeto de que se les brinde una total y completa atención médica en el resguardo de su salud, hasta su completo restablecimiento, sin perjuicio de que haga uso de las demás facultades que le confiere a ese servicio su ley orgánica y reglamento respectivo".

Tanto Pablo como Ariel Trangol dieron inicio a esta huelga de hambre luego de que fueran acusados de ser autores de la quema de un templo evangélico, ocurrida en junio de 2016, junto con su hermano Benito Trangol y el lonco Alfredo Tralcal.

La principal solicitud de los imputados es que no se les investigue bajo la Ley Antiterrorista. Esta petición fue escuchada por el Ejecutivo, que pidió recalificar el uso de la Ley Antiterrorista en este caso. Desde el Gobierno también se pidió modificar las medidas cautelares a los comuneros mapuche.

Sin embargo, el Tribunal de Garantía de Temuco se opuso a esta resolución, señalando que el Ministerio Público tiene los antecedentes necesarios para atribuirles responsabilidad en los hechos y que, por lo mismo, representan un peligro para la sociedad estando en libertad.

Indignación en el bloque opositor causó la polémica decisión tomada en la noche del viernes por el Gobierno, al recalificar el uso de la Ley Antiterrorista en la querella que enfrentan los comuneros mapuche Ariel, Benito y Pablo Trangol, junto al lonco Alfredo Tralcal.

Tras una reunión entre los familiares de los detenidos con el ministro del Interior, Mario Fernández, y la Presidenta Michelle Bachelet, el secretario de Estado dijo que el Ejecutivo pidió a su equipo jurídico "que se proceda a solicitar la recalificación de las conductas objeto de la causa, para someterlas al régimen de los delitos que corresponde dentro del código penal".

Reacción

Desde la oposición, esta determinación fue ampliamente condenada. Renovación Nacional (RN) señaló que La Moneda se "arrodilló" frente al "chantaje" del terrorismo, por lo que anunció que presentará una acusación constitucional en contra del ministro Mario Fernández.

"Ayer vimos un Gobierno que se ha arrodillado frente al chantaje de la delincuencia y el terrorismo. Aquí el Gobierno ha cedido a presiones que son totalmente indebidas. Y el Estado de Derecho tambalea frente a las decisiones del Gobierno de la Presidenta Bachelet", afirmó desde la sede de RN el vicepresidente del partido, Gonzalo Fuenzalida.

"Nosotros vamos a seguir adelante con una acusación constitucional. (...) No vamos a bajar los brazos en esto porque creemos que aquí el Gobierno ha inobservado la Constitución, las leyes, y por lo mismo el ministro de Interior y seguridad pública, el ministro Fernández , debe hacerse responsable", aseguró.

Desde la UDI, en tanto, el diputado Gustavo Hasbún sostuvo que "este Gobierno es cómplice de los grupos terroristas y viola los DD.HH. de aquellos que han sido víctimas del terrorismo. Vamos a solicitar una sesión especial para que el ministro explique a todo el país la postura del Gobierno".

El legislador agregó que "este Gobierno, si estaba más interesado de salvar la vida de los detenidos, debió haber presentado un recurso de protección a favor de ellos y no recalificar el delito terrorista".

Presidenciables

Entre los candidatos presidenciales la medida tuvo distintas reacciones. Por un lado, Alejandro Navarro, abanderado del Partido País, señaló que "agradezco que el Gobierno de Chile nos haya escuchado y entrado en razón con los presos políticos mapuche". Beatriz Sánchez, la opción del Frente Amplio, escribió "saludo que el Gobierno corrija error de aplicar la ilegítima Ley Antiterrorista. Un Gobierno que escucha es siempre un mejor Gobierno".

Por el otro lado, Sebastián Piñera, el candidato de Chile Vamos, fue enfático en señalar que "el Gobierno ha cometido un nuevo y grave error porque ha dado una muestra de debilidad y ambigüedad frente a un enemigo que es muy poderoso, que es cruel, que es implacable y que no respeta a nada ni a nadie".

El ex Mandatario aseguró que con esta decisión, el Ejecutivo está "renunciando a aplicar una ley que la tienen todas las democracias del mundo para protegernos del terrorismo, que causa daño, dolor, sufrimiento y muerte".

Al ser consultado sobre la compleja situación de salud que actualmente están pasando los comuneros detenidos, Piñera señaló que "cuando esté en riesgo la vida de las personas porque están en extensas huelgas de hambre, vamos a presentar recursos de protección ante la Justicia, para que esas personas reciban la alimentación y el tratamiento médico con o sin su voluntad, porque nadie tiene derecho a atentar contra su propia vida".

Ante esto, Alejandro Guillier, el abanderado de Fuerza de Mayoría, emplazó a Piñera instándolo a "actuar igual que en 2010 -cuando negoció con los comuneros- y no usar electoralmente el tema mapuche".

"¿Por qué incendiar un bus en Santiago es un delito común y en La Araucanía es terrorismo? Dejemos de estigmatizar y atropellar DD.HH. de mapuche", publicó también en Twitter.