Redacción Diarioaustral

La ministra en visita para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago Patricia González Quiroz, condenó a ex miembros del Ejército, por su responsabilidad en doce homicidio cometidos entre los días 3 y 4 de octubre de 1973 en Valdivia.

Se trata de las muertes de Gregorio José Liendo Vera (el comandante Pepe); Rudemir Saavedra Bahamondez, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Pedro Purísimo Barría Ordóñez, Enrique del Carmen Guzmán Soto y José René Barrientos Warner.

Condenas

En el fallo la ministra en visita condenó a Pedro Espinoza Bravo (actualmente detenido en Punta Peuco), a la pena de 18 años de presidio, en calidad de autor de los 12 homicidios calificados.

En tanto dictó para Carlos López Tapia y Humberto Guerra Jorquera, 12 años de presidio en calidad de cómplices de esos delitos.

Igualmente fue condenado Juan Chiminelli Fullerton a la pena de 14 años de presidio, por su responsabilidad como autor del delito de homicidio de José Liendo Vera y como cómplice de los demás 11 homicidios.

En la causa, los oficiales Santiago Sinclair Oyaneder, Guillermo Michelsen Délano, Antonio Palomo Contreras y Emilio de la Mahotiere González , fueron absueltos.

En el aspecto civil, el fallo acogió la demanda y se ordenó pagar la suma total de mil novecientos diez millones de pesos a los familiares de las víctimas.

Todo acreditado

De acuerdo a la resolución, la ministra Patricia González estableció que el conjunto de elementos probatorios, consistentes en declaraciones testimoniales, querellas, informes periciales, planimétricos, fotográficos, balísticos y policiales, ente otros, documentos, resultaron suficientes para tener por acreditado que el día 3 de octubre de 1973 aterrizó en Valdivia un helicóptero Puma, con un grupo de militares bajo el mando de quien era a la fecha general de Ejército, Sergio Arellano Stark y delegado del Comandante en Jefe del Ejército de la época, Augusto Pinochet Ugarte.

Su objetivo era cumplir labores de "coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y de procedimientos judiciales, de revisar y acelerar procesos".

También se estableció que ese día se ordenó sacar desde la cárcel pública valdiviana a Gregorio José Liendo Vera, estudiante de Agronomía, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y dirigente del Movimiento Campesino Revolucionario, a quien se le mantenía encarcelado, inculpado de haber instado y dirigido un ataque al Retén de Carabineros de Neltume.

Liendo fue llevado al predio militar de Llancahue, donde fue fusilado.

Al día siguiente, 4 de octubre de 1973, se ordenó sacar desde la misma cárcel a Saavedra, Rudolph, Valeriano, García, Valenzuela, Bravo, Pezo, Krauss, Barría, Guzmán y Barrientos, quienes también fueron conducidos al polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, Llancahue, para ser fusilados.

Consejo de guerra

Lo anterior, tuvo lugar, como consecuencia de una sentencia pronunciada en un supuesto Consejo de Guerra, cuya materialidad no ha sido comprobada con certeza, "al no haber podido quedar establecido, de manera cierta, clara y precisa, que haya existido efectivamente tal Consejo de Guerra", señala el fallo.

No hay actas, no existen indicios de tales tribunales, así como tampoco quedó legalmente establecido, que se haya dictado sentencia con ocasión de dichos Consejos de Guerra. "Sólo hay referencias vagas, imprecisas, fotocopias acompañadas con listado de supuestas causas, carentes de la certeza jurídica que se requiere para tener legalmente por establecidos la existencia del juicio y de la sentencia que se echa en menos", dice en parte el fallo. Agrega que "las muertes de las ya mencionadas personas, carecen de cualquier sustento legal, tornándose por ende en ilícitos, específicamente, aquéllos por los cuales se investigó, procesó y se acusó, y de esta manera entonces, configuran los delitos de homicidios calificados".

Caravana

La Caravana de la Muerte es el nombre con el cual se conoce a una operación militar que recorrió Chile en octubre de 1973, encabezada por Arellano Stark (fallecido en 2016) y que culminó con 72 personas asesinadas.

El llamado "Episodio Valdivia" fue parte de la operación realizada en la zona sur y que incluyó Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Cauquenes. Posterior a ella se desarrolló el recorrido hacia el norte, por las ciudades de La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Iquique, Pisagua y Arica.

Un saldo positivo dejó el Móvil de Justicia, que recorrió Máfil, Corral, Coñaripe, Malalhue, Neltume, Niebla y Mantilhue, ofreciendo atenciones gratuitas a la comunidad.

La presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia, ministra Marcia Undurraga, dijo que un 56,25% de las consultas atendidas por los profesionales del móvil corresponden a casos de Justicia de Familia; un 31 por ciento, respondió a requerimientos de casos civiles; un 8 por ciento a laboral y un 5 por ciento a lo penal.

En total, 80 personas recibieron atención y asesoría, de parte de los abogados y otros especialistas en el ámbito judicial que operan en el móvil, como si fuera un tribunal.

Los recurrentes fueron mayoritariamente mujeres, que para los casos de familia, en un 46%, pidieron orientación frente al tema de pensiones de alimentos adeudadas, reconocimiento de paternidad y violencia intrafamiliar, en un 1 por ciento.

Actividad de hoy

A partir de hoy, el Móvil de Justicia recorrerá la comuna de Futrono, para luego volver a Niebla. El 1 de diciembre irá a Corral, llegando hasta apartados sectores rurales.

Para cumplir con el objetivo de atener al máximo de personas, el Poder Judicial trabaja y coordina esta labor, con las municipalidades.

"El propósito de este proyecto del Móvil de la Justicia, es democratizar la justicia, orientando y entregando el máximo de información a la gente, sobre lo que es el Poder Judicial, Los roles de los tribunales y quienes trabajan y prestan servicio en ellos, aseguró la presidenta de la Corte.

un 56,25 % de consultas

por justicia de Familia

Para los dirigentes locales de organizaciones ligadas a la defensa de Derechos Humanos, el fallo condenatorio después de más de 40 años de ocurridos los crímenes, "es una buena noticia, para todos los que han buscado justicia y verdad".

Ida Sepúlveda (de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos); José Araya (Observatorio Ciudadano) y Marisol Molina (Coordinadora Memoria y DDHH), coinciden en esa apreciación y valoran "la incansable lucha que ha traspasado generaciones, buscando que los crímenes cometidos, durante la dictadura militar no queden impunes".

Los dirigentes, también recordaron que recientemente en Valdivia se reunieron representantes de organizaciones de todo el país y reiteraron su llamado a la justicia.

Ida Sepúlveda y Marisol Molina, recordaron que en este evento en la Casa de la Memoria, "se recordó justamente el valor de persistir en seguir luchando para que estos crímenes no queden impunes, aunque haya tardanza y pasen los años, como en este caso".

Sepúlveda reafirmó que "lo importante es que desde 1973 a la fecha, la bandera de esta causa se mantiene firme, y con generaciones que vienen de más atrás, empeñadas en no dar vuelta la hoja, como pareciera para algunos lo más fácil".

Los 332 vecinos que habitan en Punucapa están preocupados por el riesgo de incendios forestales que existe en su zona. La presidenta del Comité de Emergencia, Dolores Rodríguez, explicó que el pueblo está rodeado de bosques, que hay una plantación de eucaliptos y pinos, pero que no existen las adecuadas zanjas de seguridad entre los árboles y el sector poblado.

Por lo anterior hicieron un público llamado al dueño de la plantación y a las autoridades, para que se construya una zanja lo antes posible.

Aseguran que iniciaron estas gestiones hace varios meses, con envío de cartas a través de Conaf, pero no han recibido respuestas y temen que se produzcan siniestros, por el alza de temperaturas durante la temporada estival. Rodríguez, señaló que los vecinos crearon una brigada de primera respuesta ante un incendio forestal, readecuando un vehículo y se capacitaron, pero creen que no será suficiente. "Creemos que es urgente que además nos protejan de ese bosque, haciendo la zanja que estamos solicitando", dijo.