El Ministerio de Energía y la Asociación de Generadoras de Chile llegaron a un acuerdo para desincentivar el uso centrales termoeléctricas alimentadas con carbón. La idea es no iniciar nuevos proyectos, a menos que cuenten con sistemas de captura y almacenamiento de carbono u otras tecnologías equivalentes. Es decir, que sean ambientalmente más amigables que las actualmente existentes.
Con este convenio, Chile avanza en dar cumplimiento a los puntos del Acuerdo de París y se plantea un plazo hasta el año 2050 para que su matriz esté centrada en energías renovables (ERNC) como la eólica y la solar fotovoltaica, dejando la hidroeléctrica y la térmica como complemento y respaldo.
Se trata de un avance en la Política Energética del país, que se suma a otras iniciativas como el estímulo a la electromovilidad, para disminuir el uso de combustibles fósiles.
Este escenario responde a un cambio mundial en esa dirección y plantea especiales desafíos a regiones como Los Ríos, que actualmente no logra satisfacer su consumo de energía y que ha experimentado reiteradas dificultades para el desarrollo de proyectos de esta índole, especialmente hídricos, que han generado rechazo de parte de las comunidades aledañas a sus lugares de desarrollo.
Hace pocos días se conoció el desestimiento de la empresa generadora Enel de sus centrales en Neltume y Choshuenco. Hace exactamente diez años pasó algo similar con la empresa noruega SN Power, que proyectaba centrales de pasada en Coñaripe y ahora hay incertidumbre en proyectos como el Parque Eólico Pililín y la central San Pedro, que han despertado gran oposición. También existe polémica en torno a la instalación de 123 torres de alta tensión para distribución de electricidad en la zona del lago Ranco.
Este escenario por un lado muestra esfuerzos por protección del ambiente y los atractivos turísticos, pero por otra afecta a la inversión privada y la cobertura básica de servicios (todas las comunidades necesitan luz artificial e internet).
Claramente, es necesario llegar a consensos. Y para eso se requiere de una política regional de energía, que oriente las decisiones en la materia.