El fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, enfatizó ayer que la resolución del Tribunal Constitucional que suspendió la tramitación del caso Penta y la audiencia donde se revisaría el acuerdo entre la Fiscalía Oriente y Carlos Délano, Carlos Lavín y el ex subsecretario Pablo Wagner, no afecta al caso. Junto a ello, enfrentó las críticas por la salida judicial que se acordó con los tres imputados y la decisión del TC ante el requerimiento presentado por el PS, querellante en la causa.

"En este caso, el Tribunal tenía dos posibilidades: resolverlo sobre la bases del solo requerimiento y las presentaciones escritas de las partes; o en su caso, recibir alegatos", afirmó.

Respecto de si era esperable o no esta decisión por parte del TC, el fiscal señaló que "tiene que ver mucho con que aquí se hicieron varias presentaciones por escrito de parte de los intervinientes; varios pidieron alegato. Yo creo que el Tribunal lo que ha hecho era algo esperable. (…) Y a nosotros nos parece que es una decisión respetable y que está dentro de los canales absolutamente normales".

Sobre las críticas y cuestionamientos que ha recibido por la salida judicial que se acordó con los tres imputados, que baja las penas y recalifica el delito de cohecho por el de enriquecimiento ilícito, el fiscal comentó que ellos actúan "conforme a la ley".

"Es normal que la gente tome posición frente a este tipo de temas y nosotros como Fiscalía estamos conscientes de que cuando tomamos decisiones, probablemente no dejemos conformes a todos, pero el rol de la Fiscalía, en este sentido es actuar en conformidad a la ley", afirmó.

Guerra agregó que falta una legislación más rigurosa en este tipo de delitos. "Falta abrir el catálogo de delitos funcionarios que tenemos en el país y una legislación que sea más rigurosa en este tipo de delitos".

"Hay situaciones que lamentablemente en Chile no se encuentran tipificadas o reguladas, por más fuertes que parezcan. En ese sentido, yo si bien entiendo las críticas, también lo que hago es actuar en conformidad de la ley y actuar con la seriedad que corresponde ante los tribunales de justicia, que son los llamados a evaluar la actuación del Ministerio Público", puntualizó .

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, aseguró ayer que "tiene que quedar privilegiada la adopción por parejas heterosexuales"en el proyecto de ley en esa materia que se tramita en el Congreso. La senadora gremialista respondió de esa manera al ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien afirmó que podrá haber adopción homoparental, de acuerdo al proyecto enviado por el Ejecutivo.

La normativa, adelantó Hernán Larraín, "deja todo abierto", ya que se habla de "persona, no de hombre o mujer".

En entrevista con radio Futuro, la presidenta de la UDI expresó que el proyecto del Gobierno "es súper ambiguo" y "se puede abrir" la adopción homoparental. Sin embargo, anunció que "nosotros creemos que, habiendo parejas heterosexuales que puedan adoptar, me parece que eso debiera mantenerse en parejas heterosexuales".

Posibles privilegios

"No sé si prohibirla (la adopción homoparental), pero tiene que quedar privilegiada la adopción por parejas heterosexuales, porque de verdad creo que el niño tiene derecho a tener un papá y una mamá, que fue lo que perdió", sostuvo Van Rysselberghe.

La parlamentaria por el Biobío agregó que la orientación sexual "no tiene que ver con la calidad personal, pero yo creo que si uno tiene que generar el centro de atención en el niño, sinceramente creo que el niño que perdió a su papá y su mamá, que no tiene familia y, por lo tanto, el Estado tiene la obligación de buscarle una familia adoptante, ese niño tiene derecho a tener padre y madre".

A su juicio, esto tiene que darse, "sobre todo, en un país en donde la tasa de natalidad es tan baja, que (la proporción de) los niños en condiciones de adopción es muy baja. Habiendo familias heterosexuales en condiciones de adoptar, me parece que por el bien del niño debiera mantenerse eso".

Postura oficial

El ministro Larraín dijo el martes en radio Duna que "la regla general respecto de los que pueden adoptar es muy simple, una o dos personas vinculadas entre sí que cumplan los requisitos establecidos por la ley", aseguró el secretario de Estado.

El jefe de la cartera de Justicia enfatizó que la norma no habla de género, sino de persona, y que el proyecto lo único que hace es recomendar que "ojalá que a este niño se le pueda dar el ambiente familiar en el que se cumpla el rol de padre y madre".

"Lo único que es exigible es que haya dos personas que cumplan los requisitos", añadió el ministro. La indicación del Gobierno, resaltó Larraín, deja en el juez la decisión final de la familia adoptiva y elimina el orden de prelación.

Foco errado

Para el senador Francisco Chahuán (RN), "se ha equivocado el foco, porque se ha sobreideologizado el hecho de la condición del padre. Lo relevante es la condición de vulnerabilidad del menor".

Según el parlamentario, "la institución de la adopción dice relación con las habilidades parentales que deben tener aquellos que puedan tener bajo su tuición al menor. Es por eso que es tan relevante entender que la adopción no es una institución para cumplir el deseo de ser padres, sino, por el contrario, es el derecho del menor de tener una familia".

De acuerdo a Chahuán, con la normativa enviada por el Gobierno al Congreso "la adopción se moderniza".

Formato La indicación deja en el juez la decisión de familia adoptiva, anula la prelación y establece un criterio para ambientes con padre y madre.

Indicación El ministro de Justicia aseguró que la iniciativa del Ejecutivo permite que parejas del mismo sexo puedan adoptar en la nueva legislación.

Diferencias El planteamiento genera distancia entre los partidos del oficialismo. En la UDI varios sectores se oponen a la adopción homoparental.

Apoyo En Evópoli y sectores de Renovación Nacional apoyan la idea de que el Gobierno legisle a favor de la adopción homoparental.