Como "inaceptable" calificó ayer el diputado del Frente Amplio Gabriel Boric la declaración del ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, en el contexto del debate entre oficialismo y oposición por la denominada "sequía legislativa".

El secretario de Estado aseveró, en una entrevista publicada el fin de semana en El Mercurio que actualmente el Gobierno no cuenta con la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado y que, por lo tanto, la "estrategia es distinta". "No todo tiene que ser una ley", afirmó.

"Esa declaración de Blumel es inaceptable, es absolutamente inaceptable. Tú no puedes gobernar por decreto y si el gobierno pretende gobernar por decreto, nosotros le vamos a decir (…) es cierto que hay ciertas medidas administrativas (…) que no tienen que pasar por ley. Pero hay un montón de temas importantes, como, por ejemplo, lo que pasó con el protocolo fracasado de aborto con el que trataron de cambiar el espíritu de la ley, justamente mediante una medida administrativa y eso es inaceptable", dijo el diputado del Movimiento Autonomista en conversación con la radio "Universo".

"no hay que ofenderse"

El senador socialista José Miguel Insulza llamó al Gobierno a no ofenderse por el término "sequía legislativa", acuñado por la oposición para criticar la gestión en el Parlamento del Ejecutivo en los primeros meses de Gobierno.

El Presidente Sebastián Piñera aseguró, en una entrevista publicada el fin de semana por "La Tercera", que el término "sequía legislativa" había sido "un invento del Partido Socialista" y que dicha colectividad está en una postura de "negar la sal y el agua".

"Hemos estado faltos de leyes nuevas, esa es la realidad, todo el mundo lo sabe, no hay que ofenderse. Hay que conversar, conversar con los ministros, ver qué leyes van a venir pronto, tratar de armar una agenda sin necesidad de ponerse tan agresivos con esto", dijo el senador socialista por Arica en conversación con "Cooperativa".

"Ellos saben perfectamente que de las cosas que dijeron el 1 de junio que iban a mandar (al Congreso) dentro de ese mes no llegó ni la mitad", agregó el legislador.

Insulza enfatizó que, desde la oposición, existe el ánimo de colaborar con el Gobierno, pero insistió en la crítica a la supuesta escasez de proyectos. "Estamos trabajando y dispuestos a trabajar, lo que pasa es que, como todos, el Gobierno anunció un conjunto de leyes que no han llegado, eso es una realidad y más allá de quien haya inventado el término", recalcó.

Sobre la acusación de Piñera respecto al nacimiento del concepto "sequía legislativa", el senador reconoció que "el tema puede haber nacido de algún dirigente de mi partido, incluso yo mismo lo he usado varias veces", pero le restó dramatismo al aseverar que "no es un tema agresivo ni mucho menos, es decir, simplemente, que manden las leyes que dijeron que iban a mandar".

La ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, le restó dramatismo ayer a la gestión de la UDI para recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por el reglamento de objeción de conciencia para la ley de aborto en tres causales que fue presentado el viernes por La Moneda.

Parlamentarios del oficialismo han criticado el nuevo reglamento, que impide a los privados que reciben fondos públicos invocar la objeción de conciencia en prestaciones de obstetricia y ginecología. Parlamentarios de la UDI han dicho que esto "vulnera" el derecho a la objeción institucional, idea que ha encontrado respaldo en RN.

La moneda desdramatiza

El nuevo reglamento recoge el dictamen de la Contraloría General de la República que declaró ilegal el protocolo emitido por el Gobierno, al establecer que las instituciones privadas que reciben recursos públicos no pueden ser objetores de conciencia institucionales porque "sustituyen a los servicios de salud".

"En su minuto dijimos que no compartimos el dictamen de la Contraloría, al haber rechazado el primer protocolo, pero lo acatamos", dijo Pérez. "Lo que corresponde en un Estado de Derecho, como también corresponde que aquellas personas que teniendo derechos, sientan que han sido estos pasados a llevar, puedan concurrir a aquellas instituciones que son los garantes para poder nuevamente reivindicar el derecho a sancionarlo, en este caso los parlamentarios y el TC", agregó sobre la acción de la UDI.

Pérez detalló que antes de recurrir al TC, los parlamentarios tendrán que esperar la resolución de la Contraloría sobre el nuevo reglamento. Una vez que esto ocurra, si "se persevera en la postura de la UDI de ir al TC, lo tendrían que hacer contra la toma de razón de la Contraloría", dijo.

El diputado UDI Juan Antonio Coloma aseguró que "no es una acción contra el Gobierno", sino que contra el dictamen de la Contraloría y que, por eso, van "a recurrir (al TC), para poder respetar algo que puede gustar o no, pero que es la objeción de conciencia institucional, que está establecida hoy día en la ley".

Libertad de acción en rn

Pese a que ayer trascendió que diputados de la UDI y RN ya contarían con las firmas necesarias para recurrir al TC, desde ese último partido su timonel, Mario Desbordes, explicó que no hay una posición de partido en la materia y que, aunque se adoptara una, "lo más probable es que haya libertad de acción".

El diputado se mostró favorable a recurrir al TC, "pero no contra un reglamento de nuestro Gobierno", sino contra "el criterio que impone la Contraloría a nuestro Gobierno", que "pone en riesgo la libertad de las organizaciones intermedias". Explicó que la decisión como partido podría demorar semanas, pues es algo que analizarán las bancadas, los comités y la directiva nacional y su comisión política. Dijo que hay que considerar que la toma de razón de la Contraloría sobre el nuevo reglamento "se va a demorar un par de semanas", por lo que la posibilidad de recurrir al TC se resolvería en un mes.

Desbordes admitió que, de ir al TC, no podrían hacerlo en contra del dictamen de la Contraloría, "porque legalmente no se puede" y que, por lo tanto, de recurrir, estarían "obligados a hacerlo respecto del reglamento que hace nuestro Gobierno".

Desbordes descartó que una acción ante el TC implique ir contra el Gobierno, que "se vio forzado a acatar un dictamen". "Lo que estamos haciendo es recurrir en contra del criterio que contiene ese reglamento que le fue impuesto al Gobierno por la Contraloría", dijo. "Si recurrimos al TC, el Gobierno tendría que defenderse de nuestro recurso; basta y sobra que el Gobierno se siente en el TC y diga 'he tenido que ajustar mi reglamento al dictamen de la Contraloría', nada más. Esa es toda la defensa que le correspondería al Gobierno, porque no está de acuerdo con ese dictamen", finalizó.

"No compartimos el dictamen de la Contraloría al haber rechazado el primer protocolo, pero lo acatamos".

Cecilia Pérez, Ministra vocera de Gobierno."

"Si recurrimos al TC, el Gobierno tendría que defenderse de nuestro recurso".

Mario Desbordes, Presidente de RN."