En abril de 2012, el Concejo Municipal votó favorablemente el contrato de licitación por 35 años del proyecto de estacionamientos subterráneos, presentado por Concesiones Valdivia S.A. En 2015, el proyecto fue ingresado como Estudio de Impacto Ambiental al SEIA y en diciembre de 2015 y principios de 2016 se realizó la etapa de participación ciudadana en el contexto de la evaluación ambiental. En mayo de 2018, la Comisión de Evaluación Ambiental lo aprobó por unanimidad.
Realizar una consulta ciudadana vinculante (o plebiscito comunal) para que los valdivianos decidan respecto del futuro del proyecto de estacionamiento subterráneo que la empresa Concesiones Valdivia S.A. busca construir en la Plaza de la República fue una de las cuatro solicitudes que el movimiento Ciudad Defiende presentó en la audiencia pública -realizada el lunes- donde junto al Concejo Municipal analizaron el proyecto aprobado en 2012.
De acuerdo a la Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana, el alcalde con el acuerdo del Concejo, o por un requerimiento de dos tercios de éste, podrá someter a plebiscito comunal las materias de administración local. También, cuando sea una solicitud de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna.
En este último caso, deberá concurrir con su firma, ante notario público u oficial del Registro Civil, a lo menos el 5% de los ciudadanos inscritos al 31 de diciembre del año anterior.
Carla Amtmann, integrante del movimiento Ciudad Defiende, señaló que pese a esos requerimientos, "sabemos que si existe la voluntad del Concejo y del alcalde esto es muy fácil de realizar, lo difícil no es la normativa sino que saber si el municipio va a estar a favor de esta propuesta".
En esa línea, expresó que "lo que esperamos y le pedimos al municipio es estar a favor de la participación ciudadana. Este es un proyecto que no es menor".
Frente a la propuesta del movimiento, el administrador municipal Ítalo Pérez señaló que "esto es algo que está en revisión por parte de nuestros asesores jurídicos y tenemos un plazo de 30 días para poder responderlo, en su momento ello se dará a conocer".
Respecto del futuro del proyecto, indicó que "ésta es una obra que cuenta con una aprobación de RCA ( Resolución de Calificación Ambiental) y si existe una impugnación al proceso, ello es algo que escapa de nuestras competencias, en ese caso no somos nosotros quienes tenemos las facultades de decidir".
Los otros requerimientos del movimiento Ciudad Defiende son que la Municipalidad solicite a la empresa no iniciar obras de construcción hasta que se resuelvan las acciones administrativas y judiciales presentadas y a presentar en materia ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y Tribunal Ambiental.
También, que solicite un pronunciamiento a la Contraloría Regional respecto de la existencia de vicios de legalidad del proyecto y, en específico, "frente a incumplimientos graves de las obligaciones del concesionario en la ejecución del mismo".
Por último, que el Concejo Municipal se pronuncie respecto de la ejecución del proyecto.
En la sala Región de Los Ríos de la Municipalidad se realizó la audiencia pública, que fue solicitada por el movimiento Ciudad Defiende a través de la Ordenanza de Participación Ciudadana. El alcalde Omar Sabat no asistió, lo cual fue cuestionado por la agrupación.
En la oportunidad, analizaron la iniciativa desde la perspectiva patrimonial, económica y de movilidad urbana. Abordaron estas materias los miembros de Ciudad Defiende Carla Amtmann, Otto Lührs y Cristian Oñate, y la profesional externa a la agrupación Leonor Adán.
Aproximadamente, 80 personas participaron en la reunión, la que fue calificada como "un gran triunfo" por el movimiento ciudadano, tanto por la convocatoria como por los argumentos entregados.
"Fue mucha la participación, de diversos sectores, lo que demuestra que la ciudadanía quiere participar y, sobre todo, que está interesada en cómo se planifica y se piensa la ciudad", destacó Carla Amtmann.
Además, afirmó que plantearon argumentos contundentes respecto de cómo el proyecto es incoherente con las tendencias de movilidad urbana, "es incoherente incluso con acuerdos que el propio alcalde ha suscrito", precisó Amtmann y añadió que "no genera ni empleo ni una activación de la economía local, que es lo que necesitamos".
En esa línea, expresó que "muchas veces se ha levantado a través de caricaturas que nosotros no estamos a favor de la inversión y que estamos en contra de todo proyecto en Valdivia. No es así, estamos a favor de la inversión pública y privada".
"No estamos en contra de la construcción de estacionamientos, pero este estacionamiento donde está emplazado y con el modelo de negocio que tiene es negativo para Valdivia e hipoteca la posibilidad de desarrollo de la ciudad de aquí a 35 años", agregó.
Desde el ámbito jurídico, el movimiento ciudadano cuestiona la legalidad de la Resolución de Calificación Ambiental que calificó como ambientalmente favorable el proyecto.
Cristian Oñate, abogado que representa a Ciudad Defiende, explicó que lo anterior derivó en el recurso de invalidación administrativa que la organización presentó en el Servicio de Evaluación Ambiental, el cual -dijo- está en trámite y esta semana la empresa debiera hacer sus descargos.
"Estamos evaluando la eventual presentación de los antecedentes a Contraloría para que se estudie si el contrato que data de 2012, o sea hace seis años sin que éste se ejecute, cumple hoy día con la normativa o si más bien existen aspectos que permitirían cuestionar la ejecución y la aplicación de éste", indicó Oñate.
En esa línea, apuntó a la responsabilidad política frente al proyecto del actual Concejo Municipal, "estoy convencido de que existen argumentos poderosos que permiten desvirtuar la necesidad de construcción de este estacionamiento subterráneo. A pesar de que se dice que esto está zanjado, jurídicamente eso no es así", subrayó y añadió que "incluso el mismo contrato establece ciertas cláusulas, de hecho indica el mutuo consentimiento como forma de poder ponerle término".