Entre junio y septiembre, más de 200 personas han participado en las Escuelas de Invierno de Formación Ciudadana convocadas por el Centro de Estudios Regionales y del Desarrollo Territorial de la Universidad Austral de Chile (Cer-Uach).

La iniciativa, que nació como una instancia para compartir reflexiones y conocimientos teórico-empíricos acerca del proceso de descentralización que comenzará a vivir Chile desde 2020 y el rol de la ciudadanía en éste, tuvo su primera versión en Valdivia.

Luego, a solicitud de la Fundación Menoko se replicó en La Unión y, actualmente, se desarrolla en Paillaco, donde participan cerca de 70 personas. En estas dos comunas la iniciativa se ha ejecutado con apoyo de las municipalidades.

Egon Montecinos, director del CER-Uach, indicó que frente al proceso que vivirá Chile a partir de la elección del gobernador regional y del traspaso de competencias, "es clave generar espacios para tener una ciudadanía informada, que será el contrapeso en este proceso que no es sólo político, también es social".

En esa línea, destacó el interés que ha generado la escuela de formación, "han participado profesionales, servidores públicos, concejales, consejeros regionales y líderes sociales, políticos y estudiantiles, en este espacio donde hemos contado con expositores de muy buen nivel, como Juan Andrés Varas, Pablo Marshall, Juan Carlos Miranda, Carlos Amtmann, Felipe Paredes, entre otros".

Las carpetas con sus testimonios recibieron ayer diez personas que sufrieron tortura durante la dictadura militar y declararon en las comisiones Valech 1 y 2. En la Casa Prochelle Uno se realizó el acto de entrega, el que fue encabezado por la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras.

Recibieron las carpetas Eliana Solís, Joel Asenjo, Luis Varela, Hugo Cárdenas, Enrique Espinoza, Gabriel Sánchez, Dalmiro Olivares, Clodomiro Castillo, Corina Matias y Rolando Gómez. "Este es un momento bien importante para quienes sufrieron la represión durante la dictadura cívico militar", expresó Consuelo Contreras. "Hoy día esta información está en la mano de estos luchadores sociales que merecen mejores formas de reparación y justicia", agregó.

Óscar Retamal, presidente de la Agrupación de Ex Presos Políticos y Familiares Valdivia, explicó que esta documentación les permitirá iniciar demandas judiciales contra el Estado, "por los perjuicios que hemos sufrido", señaló.

Además, dijo que "vamos a continuar en esta lucha. Estamos preparando una acción nacional porque pasaron cuatro años en que pensamos que con Bachelet íbamos a tener la solución definitiva de la reparación digna y justa y no fue así. Ahora estamos otra vez en negociaciones con el gobierno, teníamos para hoy (ayer) una reunión en Santiago para saber cuál es la opinión del gobierno actual, pero volvió a suceder lo mismo, que nos postergan y esta reunión se suspendió".

Información

El Instituto Nacional de Derechos Humanos es el organismo encargado de custodiar y guardar en depósito los documentos y antecedentes reunidos en las comisiones Valech 1 y 2, por ley, por un período de cincuenta años. Sin embargo, ante la solicitud de las víctimas es posible desclasificar esta información.

En ese contexto, Contreras hizo un llamado a las víctimas de violaciones de derechos humanos, sobrevivientes de prisión política y tortura que declararon ante estas comisiones a que acudan al Instituto a solicitar sus antecedentes. "En esta región hay más de 700 personas que declararon ante las comisiones y, por lo tanto, hago un llamado a que concurran al Instituto, puede ser a través de la página web, por teléfono, y hagan los trámites".

Consuelo Contreras afirmó que el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos respalda a la directora regional Paulina Maturana, cuyo nombramiento fue rechazado por organizaciones de la sociedad civil asegurando que Maturnaa "intentó proteger al ex diputado Ricardo Rincón en un caso de violencia intrafamiliar". Al respecto, Contreras señaló que el INDH es un órgano autónomo del Estado y que Maturana fue seleccionada por el Consejo entre una terna que se definió a través de Alta Dirección Pública. "El Consejo la eligió y ella cuenta con el respaldo de éste. Lamentamos la situación que ella está viviendo y nosotros no vamos a atentar contra los derechos de ninguno de los trabajadores del Instituto", dijo y añadió que Maturana está con licencia médica.