Autoridades analizan alcances del proyecto de ley "Aula segura"
IMPLICANCIAS. Disposición enviada al Congreso permitirá expulsar a escolares involucrados en hechos de violencia.
Expulsión inmediata y cancelación de matricula a escolares responsables de agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.
Esta es la principal disposiciones que considera el proyecto de ley "Aula segura" que la semana pasada firmaron el Presidente Sebastián Piñera y la ministra de educación Marcela Cubillos. El documento fue enviado al Congreso y su contenido ha causado diversas reacciones entre autoridades de la Región de Los Ríos.
La seremi de Gobierno Ann Hunter valoró la propuesta. "Era absolutamente necesaria una iniciativa como esta, ya que es básico para las comunidades educativas, realizar y cumplir su labor con garantías de tranquilidad y respeto, necesarias para proteger el derecho a la calidad de la educación de todos nuestros niños y jóvenes", dijo. Y agregó: "Estamos proponiendo a los ciudadanos de nuestra región un proyecto que nos permita asegurar la tranquilidad, la paz y el clima adecuado para que nuestros jóvenes, docentes y comunidad educativa en general puedan aprender, y enfocarse en lo importante, que es seguir fortaleciendo la calidad de la educación y el prestigio de sus establecimientos educacionales".
Aunque la discusión parlamentaria en sala aún no comienza, el diputado Iván Flores (DC) cree que es fundamental entender que el proyecto no atenta necesariamente contra el derecho a la educación. A su juicio, apunta a un problema de fondo. "Una persona, que supuestamente es un estudiante y que dentro del establecimiento educacional porta armas o es capaz de lanzar artefactos explosivos carabineros y de agredir a sus profesores, es más que solamente un joven desordenado. Es alguien que está cometiendo un delito grave y hay que entenderlo así, por lo tanto incluso es pertinente la acción de la justicia", señala el parlamentario, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Reacciones
La legislación vigente sólo permite expulsar y cancelar la matrícula cuando los hechos estén contemplados en el reglamento interno del establecimiento y bajo un procedimiento que dura al menos 25 días hábiles, sin posibilidad de separar de inmediato al alumno o alumna involucrado.
La nueva propuesta apunta a una sanción inmediata. Junto con condenar las acciones de violencia vividas en establecimientos educacionales de Santiago el último tiempo, el diputado Marcos Ilabaca, cree que es necesario buscar las formas de generar una mejor convivencia de toda la comunidad escolar. "Prontamente podremos ver el detalle del proyecto de ley, pero ciertamente creo que es necesario sancionar cualquier tipo de acción violenta que ocurra al interior de los colegios. Tengo todo el ánimo y la voluntad para entregar mayores facultades a quienes también buscan erradicar lo que no corresponde que vuelva a pasar en un establecimiento educacional", aclara.
Por su parte del diputado Patricio Rosas cuestionó el real impacto que tendría la iniciativa. "Esto nos plantea un tema de fondo relacionado con la violencia y aunque se expulse a un estudiante vendrán otros. Por lo mismo considero debemos cuestionarnos como sociedad la forma en que estamos construyendo la educación de nuestros jóvenes. Soy partidario de que la mejor instancia para evitar estos episodios es educar a nuestros hijos e hijas fomentando el respeto entre sus pares y con el personal educativo", indicó el parlamentario.