Los peruanos castigaron a su desprestigiada clase política al rechazar la reelección inmediata de los legisladores y oponerse a la división del Congreso en dos cámaras, en un referendo donde el Gobierno de Martín Vizcarra salió airoso.

De acuerdo con datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales conocidos ayer, el 78% de los peruanos votó contra la reelección inmediata de los parlamentarios y el 80% se opuso al retorno a la bicameralidad. Además, el 78,7% aprobó la reforma de un escandaloso consejo encargado de seleccionar a los jueces y un 78% se manifestó a favor de regular el financiamiento de las campañas políticas.

Las cuatro preguntas son las opciones que había propuesto Vizcarra los últimos meses, cuando el referendo fue opacado por escándalos ligados a la corrupción de la constructora brasileña Odebrecht entre la élite política.

Los cuatro ex Presidentes que gobernaron Perú entre 2001 y 2018 están bajo investigación por presuntos nexos con la constructora, al igual que la principal opositora, Keiko Fujimori, quien además se encuentra en prisión preventiva.

Los efectos del referendo implicarán una modificación de más de 50 artículos de la Constitución y será la primera vez que se cambie la Carta Magna en un cuarto de siglo.

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció ayer que subirá en cien euros el sueldo mínimo y que bajará impuestos a pensionistas y trabajadores, en respuesta a las demandas del movimiento de los "chalecos amarillos".

Macron reconoció que sus palabras "han herido a algunos" en el pasado y consideró justificado el descontento que han provocado las protestas, por lo que anunció que decreta un "estado de emergencia económico y social" para hacerle frente.

En una alocución televisada de 13 minutos de duración, admitió que el país afronta "un momento histórico" y pidió a las grandes empresas que participen en el esfuerzo necesario para cambiar la situación.

Macron indicó que ese aumento del salario mínimo (que en la actualidad es de 1.498 euros brutos) entrará en vigor en 2019 "sin que le cueste nada al empleador" y añadió que las horas extraordinarias estarán exentas de impuestos y cargas también a partir del año que viene.

El Mandatario solicitó a los empresarios "que puedan" que entreguen a sus empleados una prima de fin de año que también quedará exonerada.

Macron recalcó que los jubilados que ganen menos de 2 mil uros mensuales verán anulada la subida de la Contribución Social Generalizada (CSG), un impuesto proporcional sobre los ingresos profesionales o de capital que financia la Seguridad Social. Por el contrario, no aceptó reinstaurar el impuesto sobre la fortuna (ISF), que lo pagaban aquellos con un patrimonio neto imponible superior a los 1,3 millones de euros y que fue sustituido por un impuesto sobre la fortuna inmobiliaria (IFI).

"Queremos una Francia donde una persona pueda vivir dignamente de su trabajo. Pido al Gobierno y al Parlamento que hagan lo necesario", concluyó sobre el conjunto de medidas previstas, que fueron acompañadas de una condena a los actos de violencia registrados en las protestas.

La Primera Ministra británica, Theresa May, anunció ayer en el Parlamento que pospone la votación que se iba a celebrar hoy sobre el acuerdo del "brexit", la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Aún se desconoce la nueva fecha de esta crucial votación, que se aplaza ante la perspectiva de una derrota para el Gobierno.

May quiere volver a debatir el acuerdo con sus homólogos de los países de laUE y con la cúpula del bloque. Sin embargo son cada vez más las voces que piden la dimisión de la jefa del Gobierno británico y un segundo referendo del "brexit".

La Primera Ministra conservadora dijo a los parlamentarios que su decisión se debe a "la gran preocupación" sobre el punto que compromete al Reino Unido a una situación de potencial indefinición en la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. "Como resultado se rechazaría el acuerdo por una gran mayoría si continuamos y votamos", afirmó May.

El acuerdo contempla un mecanismo para garantizar una frontera abierta entre la región británica e Irlanda, país miembro de la UE, lo que situaría a Irlanda del Norte en unas condiciones diferentes del resto de Reino Unido. La reintroducción de controles fronterizos podría avivar el conflicto en esta región.

May quiere conversar con sus homólogos en el bloque y con los líderes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo esta semana, antes de la cumbre de la UE el fin de semana, para exponerles las "claras consideraciones" del Parlamento.

En esa línea, el ministro de Comercio Internacional, Liam Fox, afirmó que su Gobierno defenderá ante la UE "cambios" en el modo como se interpreta el mecanismo de seguridad para la frontera de Irlanda del Norte.

"El único modo de tener un acuerdo que nos permita salir (de la UE) de un modo ordenado es mantener el acuerdo sobre la futura relación al que la Primera Ministra ha llegado, pero logrando algunos cambios en el modo como el tratado de salida es interpretado por mis colegas" del Partido Conservador, señaló Fox.

Reacciones

Desde Bruselas, sin embargo, enviaron un mensaje claro: no se volverá a negociar el acuerdo. "Este acuerdo es el mejor acuerdo y el único posible. No volveremos a negociar el acuerdo que está sobre la mesa", subrayó un vocero de la Comisión en Bruselas.

La líder del Gobierno escocés, Nicola Sturgeon, calificó como una "miserable cobardía" la decisión de aplazar la votación. "El partido conservador en el Gobierno antepone sus propios intereses a los del país", dijo.

Por su parte, el líder del opositor partido Laborista, Jeremy Corbyn, exigió a May renegociar el acuerdo o convocar nuevas elecciones. "No tenemos un Gobierno que funcione", aseguró.

El puesto de May como Primera Ministra tambalea más que nunca. Según los medios británicos, son varios políticos los que se mencionan como sus posibles sucesores, entre ellos el ministro del Interior, Sajid Javid, y el ex ministro de Asuntos Exteriores Boris Johnson, quien es uno de los principales rivales de May.

Incierto panorama

Reino Unido dejará en menos de cuatro meses, el 29 de marzo de 2019, el bloque europeo. Si hasta entonces no se ratifica el acuerdo alcanzado, podría producirse una salida no regulada de la UE, lo que podría suponer consecuencias caóticas para la economía y la vida diaria.

Unos 100 de los 315 diputados del partido conservador de May anunciaron que no apoyarán el actual acuerdo del "brexit". Muchos de ellos temen una relación demasiado fuerte con la UE.

El texto tampoco satisface a los diputados norirlandeses del DUP, de cuyos diez diputados depende May para lograr las mayorías parlamentarias. Rechazan la regulación extraordinaria acordada para Irlanda del Norte.

Y de la oposición también puede esperar poco May, que necesita al menos 320 votos a favor para sacar adelante el acuerdo en el Parlamento.

Además de una nueva negociación con Bruselas, en Reino Unido circulan cada vez más especulaciones que apuntan a un nuevo referendo sobre el "nrexit". En el primer plebiscito de 2016 la salida de la UE ganó por una escasa diferencia.

También resulta imaginable que se acabe dando marcha atrás. Según ratificó ayer el Tribunal de la UE en Luxemburgo, Reino Unido podría decidir de forma unilateral detener el proceso del "brexit" sin la aprobación del resto de países del bloque. El Gobierno de Londres, eso sí, se apresuró a señalar que ese argumento no influirá en sus decisiones.