Nuevas formalizaciones se realizarán en el marco de la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía de La Araucanía por el fallecimiento de joven mapuche Camilo Catrillanca el pasado 14 noviembre. Por el incidente el Ministerio Público ya comunicó los delitos investigados a los cuatro ex funcionarios del Gope que participaron directamente en el hecho, de los cuales dos se encuentran con la medida cautelar de prisión preventiva.

Ahora, confirmó el ente persecutor, se ingresó un escrito para solicitar audiencias de formalización contra el coronel (r) Jorge Contreras -cuya renuncia fue acogida una vez que se supo que se destruyeron imágenes del operativo-; el ex jefe del Gope de La Araucanía, Manuel Valdivieso -trasladado a Talca tras estallado el caso-, el abogado Cristian Inostroza -sindicado por los principales indagados como quien preparó los falsos testimonios entregados-, y Gonzalo Pérez, conductor. Todos por el delito de obstrucción a la investigación, mientras que a Contreras se le suma el de falsificación de instrumento público, y a Inostroza, prevaricación.

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó dos de las tres peticiones formuladas por legisladores de Chile Vamos contra el proyecto de ley que elevó los requisitos para que violadores de derechos humanos accedan a libertades condicionales.

En un comunicado, se informó que tras debatir el asunto "en sesiones ordinarias y extraordinarias", el Pleno de Ministros del Tribunal Constitucional" adoptó, por unanimidad, rechazar "los requerimientos respecto del artículo 3 bis, incisos primero, segundo letra a), y tercero, y del artículo 12", dentro del proyecto que "Sustituye el decreto ley N°321, de 1925, que establece libertad condicional para los penados".

De esta forma, quienes opten al beneficio deberán tener cumplidos dos tercios de la pena y haber colaborado sustancialmente con la investigación.

El Pleno del TC sí acordó "acoger los requerimientos respecto del articulo 3-bis, inciso segundo, letra b), por lo que se declara inconstitucional el proyecto de ley en la parte que dispone" el requisito de "haber manifestado (el reo) su arrepentimiento mediante una declaración pública que signifique una condena inequívoca a los hechos y conductas por las cuales fue condenado y por el mal causado a las víctimas y a sus familiares".

De este modo, el precepto será reemplazado por el requisito de "haber manifestado mediante una declaración que signifique una condena inequívoca a los hechos y por el mal causado a las víctimas y a sus familiares".

Un llamado "urgente" a reformar el TC hizo el presidente del Senado, Carlos Montes (PS), luego de que la instancia decidiera declarar inconstitucional el requisito de arrepentimiento.

Suprema y negacionismo

La decisión del TC se da en un momento en que también se debate el proyecto de ley que busca tipificar el delito de incitación a las violencia y la indicación que sanciona el negacionismo, aprobados por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Esta última indicación busca sancionar hasta con penas de cárcel a quienes justifiquen, aprueben o nieguen las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar y acreditadas por instancias formales del Estado, y es impulsada por la diputada comunista Carmen Hertz.

Ayer, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, consideró "imprescindible" que se abra el debate sobre este proyecto de ley. "La posibilidad de convertir eso que se llama negacionismo en una figura delictiva es cierta. Desde luego que merece una amplia discusión (...) La protección de las personas requiere de debate".