Dado el anunciado rechazo de gran parte de la oposición a la idea de legislar el proyecto "Admisión Justa", ingresado al Congreso, el Presidente Sebastián Piñera llamó a los legisladores a que primero estudien la iniciativa y dialoguen con actores de la comunidad educativa.

El proyecto del Ejecutivo busca modificar la Ley de Inclusión, específicamente el Sistema de Admisión Escolar, reponiendo las entrevistas personales entre los apoderados y los directivos de los colegios. Legisladores de la DC, de Convergencia Democrática (PS, PR y PPD) y del Frente Amplio dijeron que lo rechazarán.

"Respecto de la ley de Admisión Justa, yo quiero pedir muy sinceramente a los parlamentarios que estudien la ley, conversen con la ciudadanía, recojan la opinión y los pensamientos de los ciudadanos, porque la ley de Admisión Justa es parte de un proyecto mucho más amplio que busca mejorar la calidad en todos los estamentos de nuestro sistema educacional", dijo Piñera, quien también pidió a los congresistas conversar con los padres, apoderados y profesores.

"Después, y en conciencia, voten, pero no tomen una actitud a priori de amenazar rechazar la idea de legislar de un proyecto de ley que yo estoy seguro tiene el inmenso apoyo de la gran mayoría de nuestros compatriotas", complementó el Mandatario.

Mérito y elección

Piñera aprovechó de ahondar en la iniciativa: "Los objetivos y propósitos de la ley de Admisión Justa son muy simples; primero, reconocer y valorar el mérito como algo legítimo y que puede y debe ser incorporado como un elemento en el proceso de admisión. Pero al mismo tiempo compatibilizar el mérito con la inclusión, por eso el proyecto presentado permite que el esfuerzo y el mérito sean reconocidos en todo nivel socioeconómico".

El segundo "es devolver a los padres su derecho preferente a educar a sus hijos y a elegir la educación de sus hijos y, por tanto, hacer que el mérito, el esfuerzo y la preocupación y voluntad de los padres sean elementos centrales en el proceso de admisión y no solamente el azar". El tercero, concluyó, "es devolver a los padres su derecho a poder voluntariamente contribuir a mejorar la calidad de la educación de sus hijos (...) El Estado no da aún educación de calidad a los sectores medios y vulnerables y, sin embargo, prohibe a los padres poder aportar para acelerar esa calidad en la educación de sus niños".

Redacción

El Presidente Sebastián Piñera promulgó ayer la nueva ley de Bancos, la primera gran reforma en décadas para el sector y que regulará y supervisará a la industria bancaria con altos estándares internacionales.

"Estamos poniéndonos al día, pues estamos haciendo una actualización después de treinta años, para poner a nuestro sistema financiero de acuerdo a las normas modernas", dijo el Mandatario.

Calidad y transparencia

El jefe de Estado destacó que la nueva normativa busca "establecer los más altos estándares de calidad, de solvencia, pero también de transparencia para que el sistema bancario pueda cumplir y el sistema financiero pueda desempeñar el importante rol que le corresponde".

Entre los principales aspectos que contiene la ley, se encuentra fortalecer las herramientas con las que cuenta el regulador bancario para prevenir la eventual insolvencia de un banco.

Además, las entidades bancarias tendrán cuatro años de transición para cumplir con los nuevos requerimientos, que buscan que operen de manera segura para así resguardar la estabilidad del sistema financiero, evitar crisis y cuidar el empleo y la calidad de vida de los chilenos, destacó el gobernante.

La ley, que moderniza la legislación bancaria, disminuye la probabilidad de quiebra de un banco, lo que implicaría un rescate con fondos fiscales.

"No hay posibilidades de hacer de Chile un centro financiero sin bancos sólidos. La banca es una parte angular de este proyecto que hemos anunciado", destacó ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Con esta nueva legislación, el Gobierno busca cuidar mejor los recursos de los chilenos. También la normativa pretende favorecer a las pymes, promoviendo la inclusión financiera y facilitando a los bancos otorgar créditos a pequeñas empresas y emprendimientos; y flexibiliza e incentiva los negocios transfronterizos.

Por último, la nueva ley integra a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para mejorar el modelo de supervisión y regulación del mercado financiero.

"Han estado ellos trabajando desde un comienzo en la integración, y podemos decir que la integración va a ocurrir pronto en 2019, cuya fecha será el 1 de junio", precisó el ministro Felipe Larraín.

El exjefe de la Unidad de Delitos Sexuales y Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, Luis Torres, quien fue removido de la institución tras un sumario por acoso sexual, presentó una querella contra la máxima autoridad del Ministerio Público, Jorge Abbott, acusándolo de irregularidades en la investigación interna que se llevó en su contra.

Torres, según informó la Fiscalía Nacional, fue removido de su cargo el 4 de enero luego de que, tras revisar el informe que emanara del sumario, "la máxima autoridad del Ministerio Público dio por acreditados dos hechos de acoso sexual cometidos en contra de dos alumnas en práctica de Derecho de la Fiscalía Nacional, dependientes directamente de su supervisión y bajo su custodia", así como "otra conducta también constitutiva de acoso sexual contra una funcionaria de la Fiscalía Nacional", junto con "comportamientos" contrarios a "una conducta funcionaria moralmente intachable" y a una "vida social acorde con la dignidad del cargo".

Sin embargo, Torres planteó, en un correo que envió ayer al jefe nacional del ente persecutor, según informó La Tercera online, que se defenderá ante tribunales "de las falsas acusaciones" en su contra y del "ilegal y arbitrario sumario realizado por Mauricio Fernández (director de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía Nacional), el cual no ha respetado las más mínimas normas del debido proceso, con prácticas constitutivas de delitos" que fundan la querella.

Cuatro delitos

En la acción penal, que incluye a Abbott, Fernández y dos funcionarias más del Ministerio Público, Luis Torres sostiene que cuatro delitos fueron cometidos en su contra: perjurio, falsificación de documento público, violación de secretos y falta penal de omisión de denuncia.

En el caso de Abbott, lo acusa de omisión de denuncia, toda vez que el 10 de diciembre, le comunicó vía correo electrónico todas las presuntas irregularidades ocurridas en el sumario en su contra y que el investigador de éste le había negado el derecho de defenderse. Sin embargo, Abbott rechazó iniciar una investigación administrativa por estos hechos, lo que llevó a Torres a querellarse.