A veces, pequeños pasos suman un gran salto. En base a aquello un grupo de parlamentarios venimos hace años trabajando para robustecer un pilar fundamental del desarrollo social: las juntas de vecinos.
Pero uno de los escollos ha sido siempre lo engorroso de lograr que familias y vecinos puedan darse forma, elegir una directiva y constituirse jurídicamente como una unidad territorial en base a las exigencias que les impone la legislación vigente.
De ahí lo importante de lo hecho en la Cámara de Diputados al aprobar el proyecto de ley que precisamente simplifica la calificación de las elecciones de juntas de vecinos y organizaciones sociales.
Porque seamos honestos: constituir una junta y darle directiva es casi una odisea homérica, con una serie de trámites interminables, exigencias ante diversas reparticiones que lo único que logran es desincentivar la participación, sin reconocer por ejemplo que la totalidad de los dirigentes son voluntarios que comparten su tiempo laboral, familiar y personal con sus vecinos en esta suerte de apostolado de servicio a los demás.
En palabras simples, con la modificación que aprobamos la semana pasada ahorraremos pasos, acercaremos procedimientos, y permitiremos que más vecinos puedan, por ejemplo, acceder a los beneficios del Estado como los fondos públicos y municipales de inversión.
Este proyecto se suma a otras iniciativas, entre esas una que acabo de reingresar a la Cámara porque en el periodo pasado no tuvo apoyo del anterior gobierno, que busca garantizar a los dirigentes sociales la debida protección ante accidentes durante el ejercicio de sus labores directivas.
Y es que debemos considerar que el dirigente no está exento de accidentarse o enfermarse durante su voluntariado. Mientras que en el ámbito laboral estaría cubierto por el seguro contra accidentes, el dirigente vecinal se encuentra en indefensión total. Y ahí el Estado tiene una deuda pendiente con quienes a cambio de nada entregan parte de su vida al servicio del país. En un Estado de Derecho moderno esta deuda debería zanjarse otorgando prestaciones básicas.
No debemos olvidar que, el dirigente vecinal no percibe incentivo, retribución o garantía por parte del Estado por los servicios que presta, aun cuando cumple un rol fundamental para el éxito de las políticas públicas.
Bernardo Berger Fett
Diputado