María Alejandra Pino C.
El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, zanjó ayer la polémica. A las 11 horas, dio a conocer en Santiago los resultados del informe emanado de la División Jurídica de esa cartera que buscaba esclarecer si el terreno del que fueron echadas tres mujeres, a orillas del lago Ranco, era público o no. El secretario de Estado fue tajante en afirmar que "es público".
El informe técnico arrojó que "las personas que fueron requeridas a abandonar el lugar por don Matías Pérez Cruz se encontraban ubicadas en un sector de playa del lago Ranco y, por tanto, en un bien nacional de uso público".
Además, que "no resulta adecuado el proceder el señor Pérez Cruz, toda vez que tanto el acceso como el uso de las playas en Chile no requieren permiso ni autorización alguna".
Finalmente, que "el comportamiento adoptado por don Matías Pérez Cruz carece de sustento jurídico, toda vez que confunde una simple extensión de las características geográficas de su terreno, con la atribución de sentirse y comportarse como dueño de un espacio público de libre acceso a todos los chilenos".
Esas conclusiones son el resultado de una fiscalización realizada el miércoles por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, tras la denuncia realizada por las tres mujeres afectadas, Claudia Figueroa, su madre Teresa y su prima Patricia Obando, y por la Municipalidad de Lago Ranco.
En el informe, se indica además la necesidad de iniciar un trabajo colaborativo con todos los órganos de la administración del Estado que intervienen en la definición de los deslindes de lo que debe ser considerado playa. Esto -dice el documento- con el objetivo de proyectar en todo el borde costero un límite claro entre la playa y la propiedad privada.
Nueva legislación
En la conferencia de prensa donde comunicó los resultados del informe, el ministro Ward recalcó que "hemos iniciado hace algunos meses una campaña, que hemos denominado 'Que no te falte playa' porque en Chile las playas son públicas, en Chile no existen las playas privadas, éste es un derecho de los ciudadanos, de las personas que viven en Chile y como Ministerio nos interesa poder resguardar y garantizar que ese derecho se ejerza en la práctica".
El secretario de Estado reiteró que actualmente no existen sanciones para aquellos propietarios que impiden el acceso libre a las playas y en esa línea destacó que la ley aprobada recientemente sí considera un castigo "para cuando se haya fijado por parte del intendente un acceso público y éste no sea respetado por el propietario colindante más cercano, de hasta cinco millones de pesos y hasta el doble en caso de reincidencia". Ward indicó que, probablemente, esta norma sea publicada la próxima semana.
