Una complicada situación vivieron el pasado 22 de febrero los diputados de Revolución Democrática (RD) Maite Orsini y Jorge Brito, luego de sufrir un accidente mientras paseaban por la costa del mar Caribe de Colombia.

Ese día, en medio de sus vacaciones, los legisladores junto a tres acompañantes abordaron una lancha en la que iban otros turistas, para recorrer el sector de "El Aguacate", ubicado entre las localidades de Capurganá y Sapzurro, en el norte de ese país.

Fuerte oleaje

Una vez en el vehículo, los parlamentarios solicitaron al conductor que disminuyera la velocidad ante el fuerte oleaje del mar, lo cual fue ignorado por el chofer.

Ambos sufrieron lesiones leves, pero una de sus amigas quedó más grave al golpearse la columna.

Según relató a los medios locales el comandante de la Policía de Urabá, coronel Gerson Fajardo, ambos tuvieron un intercambio verbal con el lanchero después del episodio, tras lo cual los dejó abandonados. Ante ello, tuvieron que pedir ayuda a la policía local, que los rescató vía aérea.

"En el desplazamiento, el mar estaba alterado y el lanchero hizo caso omiso a bajar la velocidad. Una de las personas sufrió un golpe en la espalda y al parecer tuvo fractura (…) Fue necesario coordinar con el servicio aéreo de antinarcóticos de la policía nacional en Bogotá para sacar estas personas", dijo Fajardo.

Los dos diputados fueron trasladados a un centro de salud de la zona, mientras que su acompañante fue derivada hasta un hospital de Medellín.

Asimismo, la autoridad policial informó que están haciendo los esfuerzos para lograr ubicar al lanchero que protagonizó el incidente: "Estamos investigando de todo lo que nos han informado".

Tanto el Gobierno como el más importante gremio empresarial del país rechazaron categóricamente la colusión realizada por las cadenas de supermercados Walmart, Cencosud y SMU en los años 2008 y 2011 en el mercado de la carne de pollo fresca.

El ministro de Economía, José Ramón Valente, la calificó de "acto intolerable". A partir de la condena del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), la autoridad fue enfática: "El Gobierno condena enérgicamente todo acto de colusión, todos aquellos eventos de colusión que hemos conocido los últimos años merecen nuestra más repudiable condena".

"Estas prácticas deben ser desterradas definitivamente y de una vez de nuestra economía, no sólo porque afectan la fe pública y el funcionamiento de los mercados, sino porque especialmente atentas contra las necesidades más urgentes de la población", recalcó.

Sólida investigación

"Como Gobierno nos da hasta rabia que sigan ocurriendo este tipo de conductas", declaró el ministro tras el fallo del TDLC, que determinó aplicar una multa a los supermercados cercana a los $8.000 millones (unos US$12,2 millones).

Considerando que los condenados ya dijeron que apelarán ante la Corte Suprema argumentando que ellos no fueron parte de la colusión que protagonizaron los productores de carne de pollo, el ministro valoró la sentencia del TDLC. "Como ministro de Economía, destaco la solidez de la investigación y los argumentos de la Fiscalía Nacional Económica, así como también la contundencia del fallo del TDLC. Aquí han funcionado las instituciones". Y añadió que se trató de una decisión unánime y "bien analizada".

Más tarde, se refirió al caso el Presidente Sebastián Piñera: "La libre competencia es un pilar esencial del buen funcionamiento de la economía de mercado, no solamente es un pilar moral, sino también un pilar que le da eficacia, porque la libre competencia asegura que la competencia entre las distintas empresas sea en beneficio del consumidor, a través de bajar los precios o a través de mejorar la calidad".

"Cualquier colusión debe ser condenada con la total severidad (...) Si se confirma una conducta de colusión anticompetitiva de tres importantes empresas del retail, sería extraordinariamente grave y sin duda tiene que aplicarse las sanciones más severas", agregó el Mandatario.

Organizaciones

También los gremios empresariales condenaron la colusión sancionada por el TDLC. "La colusión es un acto grave y absolutamente condenable, que va en el sentido contrario de nuestra responsabilidad de construir sociedad. Nuestras empresas no sólo deben generar bienes y beneficios a los consumidores, sino que deben también ayudar a construir bienestar y confianza en la ciudadanía", aseguró el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alfonso Swett.

Sobre el caso en particular, Swett afirmó: "Es un lamentable paso atrás que nos perjudica a todos, especialmente a los consumidores". Pero también fue cauteloso: "Entendemos también que quedan recursos legales pendientes que estaremos mirando en profundidad".

Esta reacción se suma a la de la Cámara Nacional de Comercio, que en una declaración condenó "tajantemente, como siempre lo ha hecho, actos que afecten la libertad de los mercados y el bienestar de los consumidores".

Lucas del Villar, director del Sernac, dijo que éste espera que se confirme el fallo por la Corte Suprema "para interponer las acciones compensatorias e indemnizatorias que correspondan para que sean los consumidores los que reciban el beneficio que les corresponde después de que ha dañado la libre competencia". Adelantó, sí, que podría ser una acción más bien breve en su tramitación.