El Pleno de la Corte Suprema, en sesión extraordinaria, desestimó por 9 votos a 8 la petición de iniciar un proceso de remoción en contra los tres jueces de Rancagua que están suspendidos de sus funciones e indagados por supuesto tráfico de influencias.
El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, argumentó que el principal motivo fue que aún no ha finalizado la indagatoria disciplinaria encabezada por la ministra Rosa María Maggi en contra de los jueces Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz.
Cisternas detalló que de los nueve magistrados del máximo tribunal que desestimaron la remoción, seis estuvieron por esta opción "ya que no está terminado el procedimiento disciplinario y no les pareció pertinente interrumpirlo" y tres se inclinaron por ella diciendo "que no contaban inmediatamente con el informe de la señora ministra que está haciendo la investigación".
En cuanto a los ocho magistrados que votaron a favor de la destitución, cinco eran de la idea de iniciar de inmediato el proceso -que podría extenderse por hasta treinta días- y tres por hacerlo pero dando a conocer su decisión definitiva luego de finalizar el sumario.
Lamberto Cisternas, quien formó parte del voto de mayoría, aseguró que la situación puede interpretarse como una forma de intentar dar celeridad al proceso. La Fiscalía de Rancagua pidió formalizar al ministro Emilio Elgueta por prevaricación y enriquecimiento ilícito. La audiencia fue fijada para el viernes 26 de este mes en el Juzgado de Garantía de Rancagua. Sin embargo, a una semana de que se lleve a cabo la formalización, el juzgado aún no ha podido notificar al magistrado, pues no lo han hallado ni en su domicilio personal ni en un departamento donde habría vivido estos últimos meses.
Comisión de la cámara
En relación al mismo caso, por 96 votos a favor y 14 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó constituir una comisión investigadora que analizará la situación de la Corte de Apelaciones de Rancagua, enfocando las indagatorias en los actos del Ministerio de Justicia y del Gobierno.
En el requerimiento, impulsado por 86 diputados y diputadas, se recuerda que los presuntos hechos de corrupción que habrían cometido ministros del tribunal rancagüino, de ser comprobados, constituirían una situación grave en el ámbito judicial.
La comisión deberá fiscalizar los actos del Gobierno y, en particular, del Ministerio de Justicia, que se hayan dictado para dar cumplimiento a su función constitucional y legal de velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial, correspondientes a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Rancagua o, en su caso, de la omisión que se haya hecho, con pleno resguardo de las facultades de los tribunales superiores de justicia.
Asimismo, se fiscalizará los actos ejecutados por el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, en sus funciones relacionadas con los nombramientos de los funcionarios del Poder Judicial, en los que les haya correspondido intervenir.
También se indagará los actos del Gobierno y de la citada cartera relacionados con la recepción, tramitación y resolución de denuncias que haya recibido el Ministerio relacionadas con eventuales irregularidades en el comportamiento de los jueces y demás empleados del Poder Judicial de la región de O'Higgins.
La comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a noventa días.
Rol del Consejo de Defensa del Estado
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) es otra de las instituciones interesadas en el caso de la Corte de Apelaciones de Rancagua. El lunes, la presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, se reunió con el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, y dijo que la entidad pronto anunciará si presenta una querella . Añadió que "lo más aconsejable, incluso para la Fiscalía, sería que la causa se conduzca desde Santiago".
