Redacción

El vocero de la Conferencia Episcopal, Fernando Ramos, defendió el controvertido convenio que esta semana firmó con la Fiscalía, el cual norma cómo proceder ante denuncias por abusos sexuales contra menores, y al que aún no adhieren tres congregaciones.

"Es un texto de acuerdo que va más allá de los que nos exige la ley, de manera que toda denuncia que afecta a niñas, niños y adolescentes en temas referidos a abuso sexual llegue a la Fiscalía Nacional. Nosotros estamos dando un paso más de mayor cooperación", afirmó el religioso, tras entregar las conclusiones de la 118ª asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, realizada en Punta de Tralca.

Agregó que el convenio fue analizado por los equipos jurídicos de la Fiscalía y la Conferencia Episcopal e incluso fue llevado al Vaticano, que "nos ha dado su opinión y dio algunas sugerencias, así que creemos que cumple con todos los elementos legales".

"Si hay alguna observación, yo creo que puede ser presentada bajo estudios técnicos para decir en qué caso concreto puede haber algo que no respeta la ley", manifestó.

Respecto de los jesuitas, franciscanos y mercedarios, que no han firmado el texto, Ramos dijo: "Como Conferencia Episcopal no tenemos jurisdicción sobre aspectos disciplinarios y administrativos internos de congregaciones religiosas. (Por ello) estamos invitando a que lo suscriban, a que adhieran a este convenio".

"O sea, uno lo está estudiando y luego cada congregación en forma individual, a través de su representante, tiene que suscribirlo", añadió.

Mejorar investigaciones

El acuerdo celebrado por el Ministerio Público y el Episcopado, apunta a las indagatorias penales que involucren abusos cometidos por miembros de la Iglesia Católica en contra de niños, adolescentes y personas en situación de discapacidad.

Su principal objetivo es "esclarecer y mejorar el proceso de investigación en este tipo de crímenes, como también preservar la protección a las víctimas y testigos".

Para ello, según explicó la Fiscalía, el Episcopado se comprometió a derivar los antecedentes al Ministerio Público dentro de las 24 horas siguientes, una vez conocidos eventuales hechos criminales. El acuerdo establece que el ente persecutor, dada la obligación constitucional de proteger a las víctimas y a los testigos dentro del proceso penal, otorgue el mayor nivel de confidencialidad, protegiendo la identidad y antecedentes de las víctimas.

Desde julio de 2018, la Fiscalía Nacional elabora y actualiza un catastro nacional que contiene el número de investigaciones vigentes por delitos sexuales cometidos por sacerdotes y laicos ligados a la Iglesia Católica. Este trabajo reveló, hasta el martes pasado, la existencia de 166 investigaciones, 221 personas indagadas y 248 víctimas.

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, dijo que el proyecto de modernización laboral que presentó el Gobierno es "inhumano" y "nuevamente pone sobre los hombros nuestros, de los trabajadores y trabajadoras, las ganancias de los empleadores". Figueroa aseguró que "esta es de las peores propuestas que hemos conocido en nuestro país en materia de condiciones laborales", pues le permitiría al empleador "generar cualquier tipo de mecanismo para sobreexplotar a los trabajadores, sin garantizar ni un día ni minuto más de descanso, y sin garantizar un peso más en nuestros bolsillos". A su juicio, la iniciativa no se logra hacer cargo de "uno de los grandes problemas que tiene la ciudadanía", que son "los bajos salarios". Hizo hincapié en que el Gobierno no los invitó a participar de la discusión: "Era evidente que si nos daba a conocer una sola línea de este proyecto nosotros lo íbamos a rechazar". Llamó a los legisladores de oposición a que "rechacen tajantemente este proyecto de ley", y aclaró: "No le vamos a permitir al Gobierno que pretenda por esta vía introducir cambios en la legislación laboral que impidan que los trabajadores podamos defendernos".