La ministra instructora de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, sugirió la apertura de un cuaderno de remoción para los tres suspendidos jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Ayer, el ministro vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, dijo que, en el informe final de su investigación, Maggi imputa a los magistrados Marcelo Albornoz, Marcelo Vásquez y Emilio Elgueta haber intervenido en la tramitación de fallos y nombramientos, entregado información a un cercano, requerido dinero, entre otros comportamientos.
"Todas estas conductas son calificadas por la señora ministra como muy graves, infringen las disposiciones del Código Orgánico de Tribunales, y (ella) señala que solicita la máxima sanción establecida en este código, que es cuatro meses de suspensión. También señala que todo lo expuesto le permite sugerir a la Corte hacer uso de la norma que permite la remoción de estas personas", precisó Cisternas.
Lo que viene
"Ya se encuentran notificados los tres ministros que eran objeto de la investigación y la señora ministra ha hecho llegar al presidente de la Corte Suprema su informe final. Entonces, comienza en este momento a correr el plazo de tres días para que los involucrados soliciten alegatos ante la Corte Suprema y puedan defender su posición en el proceso", dijo Cisternas, estimando dos semanas para la vista de la causa.
La ministra descartó que otros funcionarios del Poder Judicial estuvieran implicados.
Cargos formulados
En el caso de Marcelo Vásquez, la ministra Maggi lo acusa de haber dictado una resolución en la cual nombró a su hija en calidad de consejero técnico suplente en un tribunal; haber prestado consejo al médico Luis Arenas Contreras, "con quien lo une una relación de amistad a sabiendas del incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno decretado en una causa" por tráfico de psicotrópicos y estupefacientes; y haber modificado, en su calidad de presidente de la Corte, la integración de las salas de ese tribunal en un día determinado "sin justificación ni motivo legal", participando él en la vista de una causa del caso Caval.
Sobre esto último, el abogado de Vásquez, Isidro Solís, dijo que está claro "que el ministro Vásquez integró salas de manera extraordinaria más de 60 veces. Si en esas 60 veces alguien busca una audiencia específica para encontrar un indicio de una conducta incorrecta, es como buscar la quinta pata al gato".
A Elgueta, Maggi le formula estos cargos: haber intervenido en la tramitación y fallo de un recurso de protección interpuesto por Arenas, "con quien tenía un vínculo de amistad, proporcionándole información desde el momento mismo que el recurso -de protección- ingresó a la Corte"; haberse comunicado por teléfono con los abogados y las partes integrantes de diversos procesos; haber solicitado al fiscal regional de O'Higgins designar en un cargo de la Fiscalía Regional a su excónyuge y a una alumna, "recriminándole luego haber exigido pruebas de admisión y rechazando el requerimiento"; exigir la designación de una alumna en el Primer Juzgado Civil de Racangua; y "haber requerido y aceptado" dinero en otra situación.
Al Albornoz, Maggi le imputa que solicitó $1.500.000 mientras Arenas incumplía una medida cautelar.
2 semanas podría durar la vista de la causa en la Corte Suprema, estimó el ministro Lamberto Cisternas.
5 meses duró la investigación interna desarrollada por la ministra de la Corte Suprema Rosa María Maggi.
