Muy molestos reaccionaron varios legisladores de oposición tras enterarse de la inminente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de congelar la causa que lleva adelante la ministra de la Corte Marcial Romy Rutherford contra el ex comandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo.

Antenoche se dio a conocer la decisión de la instancia sobre la investigación por presunta malversación de caudales públicos de casi 4.500 millones de pesos referidos a gastos reservados, por la cual el general (r) fue procesado y actualmente cumple prisión preventiva en un recinto militar.

Esperan una reforma

"El Tribunal Constitucional está actuando con variables políticas e influencias de poderes fácticos. Entonces no tenemos un consenso respecto de su actual conformación, organización y funcionamiento. Le hemos dicho al Gobierno que tenemos que tener un cambio; la vez pasada, cuando aprobamos los ministros suplentes, el Gobierno se comprometió solemnemente, por el ministro de Justicia (Hernán Larraín), de hacer una transformación y reorganización del Tribunal Constitucional", afirmó enfáticamente el senador Francisco Huenchumilla (DC).

"Por lo tanto, yo espero que la palabra que nos dio el ministro de Justicia en la Sala del Senado se cumpla, en orden a que este año vamos a tener un proyecto de reforma constitucional sobre el TC", añadió el congresista.

Para el senador Alejandro Guillier (independiente), "el TC, al parar la causa contra el general Oviedo, se hace cómplice de la corrupción en las Fuerzas Armadas".

El excandidato a la Presidencia criticó: "Personas designadas a dedo están por sobre todas las leyes, ¿qué opinará la Corte Suprema? Es un órgano de defensa de los poderosos, que sólo genera más desconfianza en la ciudadanía".

El senador socialista Carlos Montes aseguró, por su lado, que "esto provoca un daño muy fuerte a la credibilidad de cómo venía operando la jueza (Rutherford). Le cuestiona una investigación a fondo que ha demostrado irregularidades en los gastos reservados y en otros gastos militares. La verdad es que es incomprensible".

La Primera Sala del Tribunal Constitucional elaboró un nuevo fallo, que daría a conocer próximamente, el que stablece que la totalidad de la investigación de Rutherford contra Oviedo se encuentra paralizada, no sólo la arista "Empresas de Turismo".

Gonzalo Linazasoro, el abogado del fallecido juez Marcelo Albornoz, cuestionó el juicio público contra su exrepresentado, dijo que se hallaba de buen humor en los días previos a su muerte y planteó que el magistrado fue imprudente, pero no cometió acto alguno de corrupción.

Albornoz fue hallado muerto en su casa de Rancagua el miércoles, tras presuntamente haberse disparado con un arma de fuego de su propiedad. Un día antes, la Corte Suprema había informado la apertura de un cuaderno de remoción contra él y los también magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, por posible tráfico de influencias y otras irregularidades. Los tres estban suspendidos de sus funciones.

LA "JAURÍA" y el caso

El abogado Gonzalo Linasazoro dijo que en los días previos a la muerte de Albornoz, "Marcelo estaba absolutamente de buen humor, confiado en que su resultado en cuanto a las gestiones judiciales iba a ser positivo".

En conversación con Cooperativa, el profesional -evidentemente conmocionado- cuestionó a la "jauría" que anda detrás de este caso, refiriéndose sobre todo a la prensa, y aseguró: "Yo extiendo esta afimación a todas aquellas personas que han salido ayer (el miércoles) diciendo que esto le pasa por hacer cosas indebidas, como el ministro de Justicia (Hernán Larraín), la vocera de Gobierno (Cecilia Pérez), el senador (Juan Pablo) Letelier...".

"Todos somos culpables de esto en el sentido de que todos nos sumamos a este coliseo que desembocó en la tragedia griega que es el suicidio", reprochó Linasazoro.

El abogado también se refirió a la razón por la que estaba siendo investigado Albornoz: una conversación telefónica que tuvo con su amigo y médico Luis Arenas, mientras este último incumplía la medida cautelar de prisión preventiva tras ser formalizado por narcotráfico y lavado de activos.

En la llamada, Albornoz le recordaba el pago de un millón y medio de pesos que necesitaba a la mañana siguiente y que, según Linasazoro, es una prueba "ilícita" . "Respecto de la solicitud de un millón y medio de pesos, sí existió pero no como han dicho algunos medios de prensa. Jamás se recibió ese dinero. Había en esos momentos un hermano masón que tenía escasos recursos y que estaba enfermo terminal y que murió", aseguró Linasazoro.

"Si usted me pregunta si esto es corrupción, creo que solicitar dinero para una causa benéfica no es en ningún caso corrupción", afirmó. "Lo dije en el alegato de la Corte Suprema: creo que fue imprudente Marcelo Albornoz al relacionarse con su hermano masón estando procesado". Respecto de la decisión de la Suprema de iabrir un cuaderno de remoción, dijo que "claramente es un fallo equivocado".

Audiencias públicas

Ayer, la diputada Alejandra Sepúlveda, quien preside la comisión investigadora por las presuntas irregularidades cometidas por los jueces Elgueta, Vásquez y Albornoz, dijo que siguen recibiendo denuncias sobre los fallos en que estos tres magistrados no habrían considerado los argumentos de algunas partes.

La legisladora añadió: "Vamos a tener alrededor de dos sesiones abiertas, públicas, para escuchar el relato de personas que se sienten afectadas" por tales fallos.