De acuerdo a cifras oficiales, la participación de las mujeres chilenas en el mercado laboral ha aumentado en las últimas décadas; sin embargo la calidad del empleo, la segregación de éste según roles tradicionales y las diferencias de sueldos marcadas por el género constituyen tareas pendientes.
En 1992 la presencia femenina en el mercado laboral era de 32,6%, mientras que en 2017 se llegó a 43,5%; pero la brecha salarial (pago por ocupación equivalente) alcanza el 21,1% de diferencia entre hombres y mujeres. Ese dato deja a Chile en el lugar 33, entre 44 naciones de la OCDE y muy lejos de países como Bélgica, que presentan solamente un 3,3%.
Por otra parte a nivel nacional han crecido los trabajos informales y se ha visto una "feminización" de las labores con baja calificación, temas que también dificultan una verdadera igualdad en el mercado laboral.
En la región, según datos publicados por el Observatorio Laboral de Los Ríos, la participación femenina en el trabajo remunerado ha aumentado desde 35.9% en 1992, a 38,0% en 2017. Además la brecha salarial local es de 19,4%.
Así visto, el tema es importante desde la perspectiva de la equidad; pero especialmente gravitante para el desarrollo económico, la superación de la pobreza y la proyección de las pensiones de las futuras adultas mayores del país y la región. Por lo mismo, resulta relevante la convocatoria realizada por el senador Alfonso de Urresti a pensar al respecto y mejorar la legislación vigente, iniciativa en la que también está empeñada la ministra de la Mujer Isabel Plá.
Recordemos que en 2009 fue promulgada la Ley de Igualdad de Remuneraciones (N° 20.348), que a la fecha ha registrado solamente 120 denuncias y que -a juicio de la mayoría de los actores políticos y gremiales- no resulta eficiente para cumplir su objetivo, pues sus exigencias se cruzan en el debate con otras normas como las que concilian trabajo-familia y las que buscan beneficios como la sala cuna universal.
Considerando lo anterior es positivo visibilizar la situación y abrir diálogos que permitan equiparar las condiciones de todas las personas, sin distingo de género, en el mundo del trabajo.