La Cámara de Diputados despachó la norma que crea otro sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas, con lo que se derogará la llamada Ley Reservada del Cobre, que durante 61 años obligó a Codelco a entregar parte de sus ventas a estas instituciones. Ahora es el 10%.
La normativa, que quedó en condiciones de ser promulgada, establece la creación del Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas, con el fin de dar estabilidad a las inversiones en defensa que se realizan a mediano y largo plazo, para el financiamiento de material bélico, infraestructura asociada y gastos de sostenimiento.
También crea un Consejo del Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas, encargado de la programación y el control de flujos financieros.
La Ley de Presupuestos de cada año deberá contener la proyección del aporte anual del año cuarto, considerando el programa cuatrienal de inversiones, para la aprobación del Congreso Nacional.
Además, la iniciativa establece un aporte basal para el mantenimiento, sostenimiento y actualización de las capacidades estratégicas existentes, el que corresponderá al monto promedio de los aportes basales enterados al Fondo en el periodo de los seis años inmediatamente anteriores al año en que se aprueba el aporte anual.
El proyecto crea también un Fondo de Contingencia Estratégico para enfrentar situaciones de crisis y financiar material bélico severamente dañado como consecuencia de emergencia o catástrofes.
Al mismo tiempo, se crean controles civiles y democráticos, por lo que se incorpora nuevos roles de la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional.
Espina destaca votación
En cuanto a la derogación de la Ley 13.196, Reservada del Cobre, subsistirá el impuesto del 10% a beneficio fiscal por nueve años, disminuyendo desde el año diez el 2,5% añual hasta llegar a 0% en el año 12.
El ministro de Defensa, Alberto Espina, celebró que la iniciativa "pone término al financiamiento que se hacía por la Ley del Cobre y lo sustituye por un sistema estable, democrático, transparente, con la adecuada fiscalización de las autoridades civiles".
