Por dos votos contra uno, el Tribunal Ambiental de Valdivia rechazó el permiso para las tronaduras del proyecto carbonífero Mina Invierno, en isla Riesco, Región de Magallanes.

La instancia judicial acogió una reclamación contra la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que calificó favorablemente el "Proyecto Tronaduras", de la firma ligada a los grupos Von Appen y Angelini.

La resolución había acogido un recurso de la firma contra la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes, que en 2018 rechazó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto.

Ahora el voto de mayoría acogió la solicitud de los reclamantes y anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable de la iniciativa, por "la falta de información esencial sobre el componente paleobotánico en la evaluación de la DIA y la posible afectación de dicho patrimonio cultural por las tronaduras". Según la sentencia, el SEA basó su aprobación de la DIA en la RCA de 2011, pero esta no había incorporado el componente paleontológico, en circunstancias que durante las faenas de la mina se detectó la presencia de piezas fósiles, principalmente plantas.

Reacciones

La compañía declaró "su profunda decepción ante el fallo del tribunal, cuya consecuencia es la paralización de las operaciones en noviembre de 2019". Calificó la medida de "incomprensible desde el punto de vista técnico, ambiental y legal" y expuso que, "si se generaliza como criterio, en la práctica dificulta aún más el hacer minería en Chile".

Invierno recordó que, varias veces, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Consejo de Monumentos Nacionales "descartaron que el uso de tronaduras generara efectos adversos en el rescate de los fósiles vegetales".

"Más de mil personas y sus familias se están viendo afectadas por la pérdida de sus empleos", agregó la firma. El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, dijo que "no es una buena noticia que una actividad industrial como esa sea objeto de esta resolución", y su par de Minería, Baldo Prokurica, advirtió: "Lo que hoy nos preocupa son las personas que van quedando sin empleo".

Para el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, es "una lamentable noticia", pero se debe respetar la institucionalidad.

El juez Mario Carroza, tras entrevistar a Mauricio Hernández Norambuena, dijo que informará muy pronto la pena que el exfrentista debe cumplir en Chile.

El magistrado interrogó al exfrentista en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, donde está recluido desde el martes luego de haber sido extraditado por el Gobierno brasileño.

"beneficio"

A la salida del encuentro, Carroza se refirió a las expectativas de Hernández Norambuena y explicó que este aspira a que, en la pena que deberá cumplir en Chile, se abonen los 16 años que, según él, estuvo en prisión preventiva por el proceso de extradición, la que fue solicitada por Chile en 2004 cuando cumplía la pena de cárcel por el secuestro del publicista brasileño Washington Olivetto, sucedido en 2001.

En Chile, el exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) está condenado a dos cadenas perpetuas (40 años de prisión) por su participación en el homicidio del senador Jaime Guzmán, el 1 de abril de 1991, y el secuestro de Cristián Edwards.

Sin embargo, el tratado de extradición que rige entre Chile y Brasil establece que la pena máxima que se puede imponer en el país que requiere, es la máxima que se establece en el país requerido. Dado que la Constitución brasileña no contempla la pena de muerte ni cadena perpetua, sino 30 años de presidio efectivo, la pena máxima que se puede aplicar en Chile a Hernández Norambuena corresponde a esa cantidad de tiempo.

"Él dice que al menos le deberían considerar 16 años. En ese sentido, espera que cualquier beneficio que pudiese obtener es porque estaba detenido provisoriamente (en Brasil)", comentó Carroza.

"La decisión es mía, respecto de cuánto es el tiempo que debe cumplir. Ese abono es discutible, hay apreciaciones distintas. El ministro de Justicia (Hernán Larraín) y el de Relaciones Exteriores (Teodoro Ribera) decían que no correspondía, y el abogado de las víctimas (Luis Hermosilla) decía que sí. Pero el que decide soy yo. Una vez que recoja todos los antecedentes, lo haré", expuso el juez. Informó que dará a conocer la pena "lo más luego posible, porque nadie puede estar en la incertidumbre", y adelantó que será esta semana o la próxima.

Cuánto tiempo debe estar el exfrentista en cárcel es un tema controvertido. Ayer, su familia emitió un comunicado para denunciar "la indebida intromisión del ministro de Justicia (...) al indicar la pena" que a Hernández Norambuena "le correspondería cumplir".

"El ministro de Justicia, con sus declaraciones de que nuestro hermano debiere cumplir 27 años de presidio efectivo, está vulnerando el Estado de Derecho al señalar el tiempo que Mauricio debiere permanecer privado de libertad, decisión que solo corresponde a los Tribunales de Justicia", agregan en el documento.

"Esta es una presión ilegítima que invade los espacios institucionales de otro poder del Estado y que solo busca influenciar indebidamente la determinación del juez (Mario) Carroza", concluyen.

En la entrevista de ayer, Carroza también preguntó al reo por su fuga de 1996, pero el exfrentista no quiso entregar detalles. "Tiene derecho a guardar silencio", expresó el magistrado al respecto.