El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo que la fijación de impuestos a plataformas digitales aprobada por la Cámara de Diputados claramente "puede significar un alza en los precios".

La autoridad, quien destacó el respaldo que logró la modernización tributaria, comentó en diversas entrevistas que la medida relativa a los servicios de música online (Spotify, por ejemplo), de streaming (Netflix, HBO Go, entre otros) o de reparto (como Uber Eats, Pedidos Ya o Rappi), "es una tendencia mundial" y que "la propia OCDE, a la cual citamos mucho, recomienda poner IVA a los servicios digitales".

Afirmó que, aunque podría haber incrementos en las tarifas, el usuario no pagará necesariamente todo el dinero correspondiente al impuesto, "porque se comparte de alguna manera entre el oferente y el consumidor".

Larraín, quien precisó que en servicios en que se pague el despacho de algún determinado producto no se da doble tributación, dijo que con los nuevos tributos "nos vamos a beneficiar todos".

"Podemos tener que pagar algo más en un servicio, a nadie le gusta pagar más impuesto, pero pagar algo más y tener más oportunidad de empleo, más inversión y más crecimiento, vale la pena", dijo.

El texto establece "a beneficio fiscal, un impuesto específico, indirecto y sustitutivo de cualquier otro impuesto, a los servicios digitales prestados por personas o entidades domiciliadas o residentes en el extranjero, independiente del lugar en que se encuentre el servidor o la plataforma tecnológica que los soporten, y en la medida que dichos servicios sean utilizados en Chile por usuarios personas naturales". Agrega que "este impuesto específico se aplicará independiente del dispositivo tecnológico utilizado para conectarse a Internet o a cualquier adaptación o aplicación de protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por Internet u otra red".

Consultado por el paso del proyecto en la Cámara de Diputados, para Larraín, se trató del proyecto "más escudriñado de la historia". Resaltó además que se alcanzó "un acuerdo sólido" con la Democracia Cristiana y las pymes; y agregó que la aprobación de la reforma tributaria puede ser "un primer paso" para la recuperación económica y de las confianzas.

"límites para negociar"

Sobre la crítica de varios diputados opositores en torno a que la reforma favorecería al 1% más rico del país, Larraín contestó en una entrevista en Emol TV que "lo que quiero decir es que hablen con la verdad de una vez por todas. Que dejen de estar en la época de la posverdad y de contar cuentos, porque hemos entregado todas las cifras".

Precisó, en defensa de la reforma impulsada por el Ejecutivo, que el sistema vigente, al ser semiintegrado, implica que "hay 550 mil contribuyentes chilenos, que están en el tramo exento del global complementario, y que pagan un 9,5% de impuestos por el crédito parcial que obtienen de sus tributos como socios o accionistas de empresas. Esos son menos de $600 mil de ingresos al mes, no estamos hablando de los más ricos".

Respecto del debate que viene ahora en la tramitación de la modernización tributaria en el Senado, el ministro de Hacienda aseguró que tiene "cartas bajo la manga" para convencer a los legisladores en orden a lograr un acuerdo.

En ese sentido, expresó estar disponible para escuchar con "mente bien abierta", aunque dijo que hay "límites para negociar".

Los senadores de oposición Yasna Provoste (DC), Pedro Araya (independiente) y Rabindranath Quinteros (PS) presentaron un escrito ante la Fiscalía Nacional con el objetivo de que investigue a la ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, por el eventual delito de "omisión de denuncia obligatoria" tras sus dichos sobre el Partido Socialista.

Los congresistas, que fueron recibidos por el jefe máximo del ente persecutor, Jorge Abbott, emprendieron la acción luego de que la vocera de La Moneda no se retractó de sus expresiones sobre el partido, al cual invitó a aclarar presuntos nexos con el narcotráfico, en medio de la fuerte discusión por la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

"Ella es funcionaria pública y tiene el deber de, conocida una situación de esta calidad, hacer una denuncia", dijo la senadora Provoste.

En el escrito, donde transcriben las palabras exactas de la secretaria de Estado contra el PS, los legisladores expusieron: "Estaríamos presumiblemente en presencia del delito de omisión de denuncia, cometido por la funcionaria pública, ministra de Estado, señora Cecilia Pérez Jara".

Afirman que dicho delito podría constituir figuras penales contenidas en el Código Procesal Penal, "razón por la cual debería iniciarse una investigación por el Ministerio Público, con el objeto de esclarecer los hechos denunciados en el presente escrito".

"Y de existir antecedentes y pruebas que se recopilen durante el curso de la investigación, proceder a formalizar la investigación, con el objeto de determinar la posible participación de la señora Cecilia Pérez en los hechos denunciados", añade el texto.

También pidieron que se oficie al Presidente de la República para que explique si tenía antecedentes de lo que iba a comentar la ministra Pérez.

De acuerdo a los artículos 175, 176 y 177, los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar los delitos que conozcan en el ejercicio de sus funciones en un plazo de 24 horas desde que toman conocimiento del hecho criminal, y que de no hacerlo "incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal", esto es, el pago de 1 a 4 UTM.

En la UDI, el senador Juan Antonio Coloma comentó que le parece "absurda" la presentación y recordó que varios miembros del Partido Socialista plantearon cuestionamientos a una posible vinculación con el narcotráfico.