Hace algunos días desde el Servicio de Vivienda y Urbanización, Serviu, fueron entregados consejos para orientar a las familias que postulan a los programas que les permitirán tener viviendas sociales, con el objetivo de evitar que sean víctimas de fraudes en el proceso.
También se busca informar a los beneficiarios, para que no cometan errores que contravengan reglas legales de uso una vez que reciban sus casas. Por ejemplo, que arrienden el inmueble a terceros, que no lo habiten durante cinco años, que lo ocupen de manera violenta antes de una asignación legal (toma), o que lo destinen a algo distinto a habitación.
Lamentablemente, muchas personas realizan este tipo de acciones de mal uso de las viviendas y con ello generan una pérdida para la comunidad. Esto, porque el aporte estatal se ve utilizado en algo distinto a su objetivo, que es ayudar a solucionar el déficit habitacional.
En esa dirección apunta el programa "Te Caché" (una forma coloquial para indicar que algo fue descubierto) o Plan Nacional de Fiscalización de Viviendas Sociales, implementado desde el Serviu y cuya meta es pesquisar casos irregulares para recuperar los inmuebles mal usados y redestinarlos a quienes realmente los requieran.
El tema es muy serio. Más aún si se considera un estudio realizado por la Cámara Chilena de la Construcción, con datos de la Encuesta Casen (2017), en el cual se señala que hay un déficit nacional de 739 mil 603 viviendas para 2,2 millones de personas y que el nivel de allegamiento ha crecido un 35% en los últimos dos años. El mismo estudio señala que para Los Ríos hacen falta 12 mil 195 viviendas, lo cual implica que un 9% de la población regional no tiene una casa propia.
Es decir, hay un escenario de gran demanda y además de alta demora en cubrir necesidades. En 2004 como promedio una familia demoraba 8,8 años en ser propietaria; ahora -de acuerdo a la investigación de la Cámara- requiere de 16 años.
Así visto, no se puede permitir malgasto de beneficios. En ese sentido "Te caché" es una buena iniciativa, que también puede ser apoyada desde la comunidad, con denuncias de casos irregulares.